El término soberanía, aunque estuvo proscrito en Puerto Rico durante varias generaciones a partir de la invasión de Estados Unidos en 1898 (excepto, por supuesto, entre los sectores nacionalistas-independentistas), regresó a la esfera pública en el último cuarto del siglo XX como parte del discurso de las contiendas electorales de los principales partidos políticos, particularmente en los sectores autonomistas. El aumento de las referencias al tema de la soberanía por parte de los autonomistas se debe a que estos comenzaron a percibir el reconocimiento del derecho natural a la soberanía de Puerto Rico por parte de Estados Unidos como imprescindible para poder erigir una relación realmente autonómica. El sector independentista, por su parte, insiste en que soberanía es sinónimo de independencia, mientras que la derecha conservadora (los sectores estadistas o integracionistas) utilizan esa misma línea argumental, en tanto les permite acusar a sus adversarios soberanistas-autonomistas de esconder una agenda separatista.

No obstante la presencia cotidiana del término soberanía hoy día, el diálogo partidista no ha tomado en cuenta la complejidad del concepto de soberanía en el contexto de la transformación histórica del Estado en el mundo moderno, sus implicaciones para la noción de ciudadano en el ordenamiento democrático y su centralidad para la reflexión teórica en torno a la naturaleza de lo político, incluyendo las estructuras de las relaciones hegemónicas (imperiales). Tampoco se suele tomar en cuenta, desafortunadamente, la experiencia histórica mundial, incluyendo la estadounidense, en cuanto al papel que juega el principio de múltiples soberanías o soberanías compartidas para la constitución de federaciones, confederaciones e instituciones internacionales y supranacionales. Y ha sido solo en tiempos recientes que se ha comenzado a relacionar la soberanía, poniendo énfasis en sus aspectos pragmáticos, con la prosperidad económica.

Interpretaciones de a la soberanía

Soberanía, en su acepción más elemental, se refiere al más alto nivel de autoridad política en una comunidad, por lo que se considera en la ética democrática como un derecho colectivo. Es decir, no existe poder alguno, al menos a nivel formal, que esté por encima del soberano, mientras que al mismo tiempo se acepta la constitución de un Estado soberano como un derecho natural de los pueblos. Pero el asunto no es simple; está dotado de una enorme complejidad, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos (políticos), por lo que ha sido objeto de estudio y reflexión en todo el mundo por mucho tiempo, generando una amplia literatura histórica y teórica, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En esos años se aceleró, por consenso internacional, la expansión global de los principios democráticos y el desmantelamiento formal de los imperios territoriales tradicionales. Como parte de ese proceso histórico de descolonización, se creó en 1947 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la encomienda, entre otras, de establecer pautas para hacer valer las soberanías naturales de aquellos territorios (pueblos o comunidades) que hasta entonces habían estado sujetos al control político y administrativo de los imperios occidentales.

Desde el ámbito de la teoría política, es común referirse indistintamente a tres tipos de soberanías: soberanía del individuo (ciudadano), soberanía del pueblo (nación) y soberanía del Estado (política). Por lo que cabe preguntar si hay contradicciones insalvables entre ellas y cuál es la más relevante para la vida política de los países. Parece ser que en la época moderna, el más pertinente es la soberanía del Estado porque es en el Estado donde reside y se incorpora formalmente la soberanía popular (nacional) e individual (ciudadana). El Estado nacional, en otras palabras, es la unidad fundamental de la vida política moderna. Por eso se percibe al planeta como una comunidad de naciones y no una comunidad de pueblos ni de personas. El Estado-nación es la única institución política en la cual se incorpora la soberanía nacional del pueblo y los ciudadanos. En otras palabras, en el mundo moderno la soberanía del individuo y la soberanía del pueblo están subordinadas a la soberanía del Estado; dicho de otro modo, las distintas soberanías solo se conforman y se legitiman en el cuerpo del Estado. Nadie, ningún grupo, clase o individuo, está fuera del Estado y mucho menos por encima de él.

Al comienzo de la Edad Moderna, cuando el panorama político era dominado por los sistemas monárquicos, el soberano era el rey, quien a su vez personificaba al Estado (el Estado no existía aparte de la persona del rey). No había ninguna persona o institución exenta de la autoridad del rey, ni por encima de ella; este no solo personificaba al Estado, sino que se presumía que su autoridad política (su condición de soberano) provenía de “la gracia de Dios”, no de la voluntad expresa del gobernado. Por el contrario, el Estado nacional moderno (sea totalitario-autocrático o liberal-republicano) que reemplazó al Estado monárquico, incorpora la idea de que el soberano es el Estado (no el rey), el cual es administrado por un Gobierno en representación del gobernado. La legitimidad del Estado nacional o Estado-nación se monta sobre el hecho de que este está constituido (y administrado) por la voluntad expresa de los ciudadanos (del pueblo), que existe en función del bienestar de la comunidad y que está obligado a respetar la autonomía (derechos naturales) del ciudadano.

Pero la autonomía del ciudadano, la cual es natural e indelegable y contiene derechos y obligaciones, no es lo mismo que la soberanía de la persona. El acto automático de delegar la soberanía personal al Estado nacional convierte al individuo en ciudadano, y entonces, al así hacerlo, queda subordinado al Estado; y es el Estado quien define entonces cuáles son los derechos legales de los ciudadanos y quiénes son los miembros bona fide de la comunidad política. Los derechos de los ciudadanos están usualmente definidos en una Carta de Derechos o codificados en una tradición legal. El ciudadano puede participar en la selección de los administradores del Estado (del Gobierno) y en la formulación de políticas públicas, pero en el Estado-nación (incluyendo los que están organizados bajo normas liberales republicanas y se autodefinen como Estado de derecho) todos los ciudadanos están sujetos a la autoridad (poder) del Estado, es decir, del soberano.

La soberanía incorpora en el Estado la obligación de organizar un gobierno para su administración, decretar leyes y hacerlas cumplir dentro de su territorio, al igual que conformar acuerdos y tratados con otros Estados (países). En términos prácticos, la soberanía incluye, entre otros poderes, organizar y mantener recursos policíacos y militares con el fin de imponer el orden interno y proteger la integridad territorial ante amenazas del exterior. Por eso, de acuerdo a la idea moderna de soberanía, el Estado, por su condición de soberano, ostenta el monopolio sobre el uso de la violencia y retiene, en toda circunstancia, la opción de coartar las libertades ciudadanas al grado extremo —cuando así lo entienda necesario— de suspender todas las garantías legales (incluyendo los derechos constitucionales), y exime al Gobierno de turno de la obligación constitucional de cumplir la ley. El estado de emergencia o estado de excepción, por lo tanto, exime al soberano (y, por lo tanto, al Gobierno de turno) de la obligación de ceñirse a las normas de la Constitución. En este contexto, la soberanía ha sido definida como el poder de conceder excepciones al cumplimiento de la ley. Carl Schmitt, el jurista alemán más notorio de su país en el siglo XX, adelantó la noción de que soberano es aquel que posee el poder de hacer la excepción.

Hay que tener presente, además, que la soberanía nunca es absoluta en el plano de la realidad política. El poder de los Estados, aun el de los más poderosos, está siempre limitado por las realidades geopolíticas y económicas y por el simple hecho de que ningún Estado es autosuficiente. No obstante las fantasías autárquicas, todos los Estados dependen de los demás, por lo que se ha estructurado un sistema internacional basado en normas acordadas de aplicación universal. A pesar de que a partir de la Segunda Guerra Mundial la estabilidad planetaria ha estado garantizada por el poder militar y económico de Estados Unidos, el sistema internacional se ha ido moviendo hacia normas más multilaterales a base de múltiples acuerdos económicos y políticos (y la creación de instituciones supranacionales) que limitan en la realidad cotidiana la aplicación arbitraria de políticas unilaterales. A la misma vez, se ha reafirmado en todo el planeta que la unidad política fundamental hoy sigue siendo el Estado nacional.

Pero soberanía no es sinónimo de independencia, aunque sí de gobierno propio. Un Estado puede, en el ejercicio de su soberanía, relacionarse con otros en torno a estructuras supranacionales o confederadas (por acuerdos o tratados), a las cuales cede parte de sus poderes políticos; es decir, de sus poderes soberanos. Pero lo que la normativa democrática moderna no permite —y así ha sido plasmado en los códigos jurídicos y políticos del sistema internacional vigente— es violar el derecho colectivo a la libre determinación. En otras palabras, para que la subordinación política (ceder poderes soberanos) sea legítima, esta no puede ser impuesta: tiene que ser voluntaria y realizada mediante un acto de libre determinación. Ese fue el caso de los 50 estados de Estados Unidos, los 22 cantones suizos y los 28 países miembros de la Unión Europea.

En este contexto, el concepto de soberanía aplicado al caso de Puerto Rico es de particular pertinencia. En el campo de la contención electoral, los partidos políticos tienen reclamos encontrados. Los estadistas —el término correcto es estadoistas— insisten en que la relación actual de Puerto Rico con Estados Unidos es colonial porque la soberanía de Puerto Rico reside en el Congreso de Estados Unidos, sin que esa transferencia haya sido avalada por un acto de libre determinación por parte del pueblo de Puerto Rico. Esta es la misma postura asumida por el sector independentista. Algunos autonomistas, en cambio, sostienen que el Estado Libre Asociado fue el resultado de un acuerdo entre los dos países en 1952 (lo que llaman un pacto), el cual fue refrendado en Puerto Rico por votación popular (libre determinación) y que el Congreso actuó, no como el soberano de Puerto Rico, sino en representación del Estado soberano estadounidense.

El panorama se complica entre algunos sectores autonomistas al surgir la idea de que la soberanía es sinónimo de poderes políticos que normalmente están asociados con los Estados independientes. Reclaman, por lo tanto, que Estados Unidos le debe conceder a Puerto Rico poderes políticos que en el orden constitucional estadounidense residen en el Gobierno central (federal) y no en los estados individuales. Algunos de los derechos más mencionados son: (a) poderes económicos como el transporte marítimo y la capacidad de realizar acuerdos comerciales y fiscales; (b) poderes políticos, como el control sobre la inmigración y la potestad de participar en instituciones internacionales (regionales y mundiales): y (c) poderes culturales, como es el reconocimiento de una nacionalidad propia y la presencia en eventos y organizaciones supranacionales oficiales. También se ha hablado de crear un mecanismo especial de relación entre los dos países en cuanto a las transferencias de los fondos federales, de modo que sea el Estado de Puerto Rico el que determine de forma autónoma sus políticas sociales y las prioridades en el uso de esos fondos.

No obstante los poderes específicos que el Gobierno de Estados Unidos le delegue al Gobierno territorial, si el soberano no es el Estado de Puerto Rico (como afirman independentistas y estadoistas por igual) y su soberanía sigue estando en el Congreso de Estados Unidos, esa soberanía es considerada ilegítima según los códigos políticos vigentes en el mundo, por el simple hecho de que a la fecha no ha mediado un acto de libre determinación por parte de la comunidad política llamada el pueblo de Puerto Rico, sino que sigue siendo una soberanía cooptada unilateralmente por un poder hegemónico mediante un acto de conquista. De modo que los poderes administrativos que ejerce el Gobierno electo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son ejercidos en delegación del soberano (el Congreso de Estados Unidos) y no del gobernado. En otras palabras, lo importante en cuanto a la legitimidad democrática (y estabilidad política) de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, no es su estructura administrativa de gobierno propio o la gama cuantitativa de poderes económicos, políticos y culturales. Tampoco es el grado de integración a Estados Unidos que se pueda dar como resultado de la hegemónica histórica. Es decir, la legitimidad moral y política no radica en la independencia, ni en la integración política a Estados Unidos (estadidad), ni en un gobierno propio con poderes administrativos expandidos (autonómicos). Lo que vale para los principios democráticos, independientemente del estatus formal, es que medie un reconocimiento universal de la soberanía del pueblo de Puerto Rico, incorporada en un Estado propio, y un acto explícito de autodeterminación en Puerto Rico que avale cuál sea la relación jurídica que los dos países opten por acordar. El ejercicio de autodeterminación respecto a los poderes que habrá de retener el Estado y los que habrá que delegar en otros, es de por sí un acto de soberanía y, por tanto, legitima la norma democrática —sea esta forma jurídica un Estado-nación independiente, un Estado federado de Estados Unidos, una República Asociada, un Estado Libre Asociado o cualquier otro nombre o invento constitucional que tengamos a bien imaginar, negociar y acordar—.

En resumen, la normativa democrática y el derecho internacional establecen que la soberanía es natural a toda comunidad constituida como una unidad política y que sus decisiones respecto a cómo estructurar los poderes políticos (incluyendo la sesión de poderes específicos por acuerdos de asociación, tratados o membresía en organizaciones supranacionales) están limitadas tan solo por los confines de la imaginación y la voluntad política. El único requisito moral es que cualquier alternativa de relación político-jurídica, para tener legitimidad democrática, debe cumplir con los criterios fundamentales de la vida en libertad, es decir, cumplir con los requisitos formales de la autodeterminación.
Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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