El 19 de marzo de 1812, en la que hasta 1898 fuese la metrópoli española, se suscitó un acontecimiento como pocos en la historia de este país y sus territorios ultramarinos americanos. España, cuya soberbia la hacía asequible, atravesaba una crisis política y social como muy pocas había atravesado en su historia, viéndose en la necesidad de alterar dramáticamente las relaciones entre el Imperio y sus hijas —las colonias americanas—, entre las cuales se encontraba una pequeña y olvidada isla caribeña: Puerto Rico.

Para la altura del siglo XIX, Europa atravesaba una etapa muy convulsa en su historia, todo debido a la “imponente” figura del corso-francés Napoleón Bonaparte, un hábil militar francés que llegaría a convertirse en 1799 en el máximo líder de esta nación y en el azote de todas las naciones europeas que se plantasen en su camino. Hijo de la gran Revolución francesa de 1789, Napoleón supo ascender en la milicia y política francesa hasta llegar a la más alta cúspide; fue capaz de controlar y tener bajo su mano buena parte del continente europeo y americano, además de obtener importantes posiciones en el norte de áfrica y el Medio Oriente. ¿Cómo es que este personaje consiguió allegarse semejantes poderes?, pues a la antigua usanza de invadir territorios e imponerse frente a cualquier adversario con un imponente ejército, reforzado por un importante número de mercenarios de distintas latitudes.

Entre los obstáculos que encontraba para concretizar sus planes hegemónicos estaba la España de los Borbones, una España grande, mucho más grande de lo que es hoy día, pero dirigida por un distraído rey y poco dado a la política: Carlos IV, apodado “el Cazador”, por su afición a la caza. Napoleón Bonaparte se valió de muchas intrigas, artimañas y estrategias para conseguir invadir el quersoneso ibérico con un contingente de 20,000 hombres; pretendía controlar la península y, de esta forma, afilar cañones hacía la siempre enemiga Gran Bretaña, además de pretender adquirir los amplios territorios americanos de la Corona española en manos de los Borbones y la Corona portuguesa en manos de los Braganza, o como diría un intelectual francés de la época para; “porter la lumiè” a estos territorios. Y así consiguió hacerlo, al menos por un tiempo.

Los españoles se organizaron para frenar el empuje de las fuerzas napoleónicas sobre su territorio, y para impedir la consolidación del poder del intruso francés, organizaron una oposición tanto política como militar. En el aspecto militar quedo consolidado una guerra de guerrillas, o sea, milicias para combatir a los franceses y finalmente expulsarlos de su reino, en lo que pasaría a conocerse en la historia de esta nación como la Guerra de Independencia Española.

Por la parte política, los españoles, ante la ausencia de sus legítimos monarcas — Carlos IV y su hijo Fernando, mantenidos en cautiverio por Napoleón en Bayona Francia— organizaron las Juntas Provinciales, la cuales se adjudicaron la soberanía en nombre del rey ausente. Este organismo se reorganizó más adelante con el nombre de la Junta Suprema, otorgándoles coherencia a las actividades que finalmente terminarían con la expulsión de los franceses del territorio español en 1813, y que a la postre darían con la restauración de los Borbones, esta vez bajo la Corona de “el Deseado”, más adelante Fernando VII de España. Pero esto no representaba para el nuevo autodeterminado “Emperador” una preocupación que motivara desvelos. Bastaba con hacerles frente a las milicias con su ejército que ya ocupaba el norte de España, a la vez que proclamaba a su hermano José Bonaparte, brevemente reconocido como José I (apodado “Pepe Botella”, por la viveza del pueblo español, debido a su apego al buen vino), nuevo rey de España y, por consiguiente, veedor de sus nuevos dominios europeos y americanos.

Mientras esto ocurría en la metrópoli española, las noticias que portaban los emisarios de ambos bandos llegaban en la primavera de 1808 al Caribe español. Puerto Rico fue el primer territorio español en América en tomar posición en esta delicada cuestión de si debían permanecer fieles a España —y con esto a Fernando, “el Deseado” — o aceptar a José I. Las autoridades españolas y la máxima autoridad eclesiástica de la isla, el obispo criollo Juan Alejo de Arizmendi, se reunieron junto a las familias de mayor prestigio y resolvieron en consenso unánime el que permanecerían fieles a la legítima Corona española de los Borbones bajo Fernando VII. Con esto se abría una oportunidad como pocas para exigirles a las nuevas autoridades españolas organizadas bajo la Junta Suprema nuevas e importantes reformas para la isla. La lealtad de la colonia hacía la metrópoli en su momento más crítico no pasaría desapercibida y sería recompensada.

Para mayo de 1809 las noticias que llegaban a los oídos de los criollos directamente de la España en armas llenaban de anhelos y de ilusiones de cambio a estos fieles vasallos isleños, quienes ya más temprano en el siglo habían comenzado la marcha hacia una insipiente, pero firme madurez política, conforme a las corrientes liberales de la época; y que para la altura del siglo XIX apuntaban sus máximas aspiraciones hacia la redefinición de las relaciones políticas con la Madre Patria española. Estas ideas sembraron en el ideario político de los criollos la semilla de la monarquía constitucional. El ejemplo que aún ofrecía el reclamo de los excolonos norteños de no taxation without representation resonaba aún firme en esta emergente clase política isleña. Conforme a esto, la Junta Suprema, impregnada de un espíritu liberador, convocaba por vez primera a las colonias a las Cortes o Parlamento Nacional. Un acto que durante las tres centurias de dominio español sobre este archipiélago antillano nunca se había dado. La oportunidad de cristalizar todas las aspiraciones de reformas por parte de los criollos isleños a través de la representación política y, con esto, la integración política con la metrópoli, no sería desaprovechada. Muy pronto se realizaron preparativos para la elección del diputado que habría de cargar sobre sus hombros las esperanzas de todo un pueblo ávido de cambios. Esta diputación tuvo como más digno representante la figura de un insigne y valeroso militar criollo: el puertorriqueño Ramón Power y Giralt. Este sanjuanero, nacido en octubre de 1775, sería una de las figuras más emblemáticas de la naciente nacionalidad puertorriqueña y ha sido considerado por muchos estudiosos como uno de los primeros en considerarse a sí mismo como puertorriqueño. Se le considera como uno de los precursores de aquella conciencia criolla que había comenzado ya a despuntar en la sociedad criolla de la isla. Este sentimiento que adquirieron los criollos en el siglo XIX les permitía verse a sí mismos, sin poner en negación su españolidad, como americanos y no como españoles, autorreconociéndose de esta forma como algo diferente al español.

Este educado militar al servicio de la armada española combatió con la misma entrega que los españoles peninsulares ante los cobardes actos de piratería inglesa en las costas de Puerto Rico. Además, Power y Giralt batalló contra los franceses en la defensa de la hermana colonia de Santo Domingo, tras la invasión napoleónica.

Power fue elegido diputado por los cinco cabildos de Puerto Rico, para llevar consigo los reclamos, demandas y exigencias de la clase criolla dominante que quería asegurar su posición social y económica en la isla. Las principales demandas de este grupo fueron de carácter económico, como la exención de varios viejos impuestos que limitaban la capacidad económica de la isla, el fomento de la agricultura, la liberación de el comercio y la habilitación de los principales puertos de la isla. La educación también fue materia de preocupación para los isleños. En este asunto exigían el establecimiento de una universidad y el fomento de la instrucción pública. Estos reclamos reflejaban el más genuino interés de progreso físico y material que unía a los criollos en una sola voz. Este patricio sería el portavoz que velaría por los intereses de “los derechos de sus compatriotas, los naturales de Puerto Rico”, como habría de indicarle nada más y nada menos que el obispo Arizmendi, a la vez que se despojaba de su anillo pastoral y se lo entregaba como recordatorio de tan importante tarea al otro lado del Atlántico.

A su llegada a España en 1810, la Junta se había convertido en el Consejo de Regencia y en las Cortes. Power resulto ser el único diputado enviado de América, pues el resto de Hispanoamérica optó por reconocer ese detalle distintivo de la monarquía española —la reversión de poderes— y encaminándose hacia la constitución de una Junta Revolucionaria. Siendo esto así, Power se convirtió en el representante de América y fue embestido con la vicepresidencia de este importante cuerpo legislativo. Power aprovechó su cargo para abogar por la defensa de los derechos de los criollos; y en 1811quedó aprobada, bajo su vicepresidencia, la que pasó a llamarse la Ley Power. Esta importante ley representó una pequeña, pero importante victoria para los criollos de Puerto Rico. La medida, aunque tímida en el plano político, trajo cambios medulares a la economía de la isla, como por ejemplo: la habilitación de los principales puertos (Fajardo, Mayagüez, Cabo Rojo, Aguadilla y Ponce); la eliminación de antiguos y absurdos impuestos; flexibilizaba el monopolio comercial; y en el aspecto educativo, fundaba una importante institución cultural, la Sociedad Económica de Amigos del País. Fue una institución de gran importancia educativa que pretendía fomentar la cultura como un elemento indispensable para una buena gobernanza, ya que se entendía que la educación era la base primordial del Estado. La aprobación de esta ley es vista en la historia nacional como una importante primera victoria para el liberalismo puertorriqueño.

Y es en este ambiente de victoria que se dio el alumbramiento, el 19 de marzo de 1812, de uno de los documentos más importantes en la historia española. En noventa y seis páginas encuadernadas en terciopelo rojo con una cinta con los colores rojo y amarillo gualdo bandera, se plasmaron las aspiraciones de libertades políticas de once millones de españoles. La Constitución española de 1812, mejor conocida como “la Pepa” (llamada así por haber visto la luz el día de san José) fue la primera constitución promulgada en España, además de que se considerada como una de las más liberales de su tiempo ya que establecía la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes y el sufragio universal masculino, entre varias otras libertades.

En lo concerniente a los criollos americanos, la nueva constitución cambiaba formidablemente la relación de la metrópoli con sus colonias. Convertía a estas últimas en provincias españolas y, por lo tanto, sus habitantes pasaban a ser de vasallos a ciudadanos, con los mismos derechos y privilegios que los peninsulares. Además de que obtuvieron finalmente la representación permanente en el Parlamento español y establecía una Diputación Provincial que atendiera las necesidades del gobierno local. No obstante el entusiasmo y la algarabía por tan importantes cambios, la Pepa no duró mucho, pues los españoles y portugueses “auxiliados” por los británicos consiguieron derrotar a los ejércitos franceses en 1813, lo cual permitió, un año después, en 1814, el ascenso al trono español de Fernando, el hijo de Carlos, como Fernando VII de España. Este mismo año, el 10 de junio de 1813, murió en Cádiz, lejos del país que tanto amó y defendió, quien en vida fue el más apasionado defensor de los derechos de los criollos puertorriqueños, de sus compatriotas. Power fue víctima de una epidemia que azotaba Europa, la fiebre amarilla. Doscientos años después de su muerte sus restos fueron enviados a la isla que juró defender en la Catedral de San Juan en 1809, donde finalmente descansa.

La llegada en 1814 de Fernando VII, conocido como “el Deseado”, ponía fin al efímero periodo constitucional y reinstauraba el absolutismo monárquico. Quedaron suprimidos la diputación provincial y los ayuntamientos. Puerto Rico volvía a su antiguo estatuto colonial. Pero ya todo había quedado escrito, y la elección de Ramón Power, su vicepresidencia, la promulgación de la Ley Power junto con el alumbramiento de la Pepa sirvieron para dejar expuesto los sentimientos liberales de la mayoría criolla. Un largo camino le quedaría por recorrer a ese sector liberal en la defensa de sus derechos naturales.
Autor: Víctor Colón Zayas
Publicado: 15 de junio de 2015.

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