El prócer puertorriqueño, don Antonio R. Barceló, inauguró los trabajos del Senado puertorriqueño, el lunes 13 de agosto de 1917. En su discurso, Barceló destacó los avances políticos que representaba para Puerto Rico la segunda Ley Orgánica —la Ley Jones del 2 de marzo de 1917— otorgada a Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos.

La satisfacción que exhibía la clase política con la creación de un Senado electo tenía sus raíces en los 17 años en los que había vivido Puerto Rico bajo la Ley Foraker. Esta ley había representado, al compararla con la Carta Autonómica concedida en 1898 por el régimen español, un paso de atraso para la aspiración de un Gobierno propio. La evidencia más contundente de ese resbalón del desarrollo político liberal del país residía en el Consejo Ejecutivo provisto.

El Consejo Ejecutivo de la Ley Foraker estaba revestido, simultáneamente, de poderes ejecutivos y legislativos; sus miembros asesoraban al gobernador que los nombraba y aprobaban las leyes que sugería su jefe político. Con esta última función, el Consejo incorporaba las atribuciones de la Cámara Alta de la Legislatura, cuya otra Cámara, la de Delegados, era electa por voto popular (que no incluía el voto de mujeres). Esta composición de la Legislatura puertorriqueña negaba el principio de separación de poderes, tan esencial para un sistema republicano de gobierno, mientras garantizaba el poder irrestricto del Ejecutivo estadounidense. Otro malestar de la Ley Foraker era causado por el hecho de que no contenía una Carta de Derechos.

No bien aprobada la Ley Foraker, los principales partidos políticos comenzaron a librar fuertes batallas con el objetivo de sustituirla por un estatuto más liberal, que específicamente incluyera la concesión a los puertorriqueños de una Carta de Derechos, y la creación del Senado puertorriqueño electivo. El reclamo general para crear un Senado electivo incluyó a todo el territorio, no solo a la capital. En 1905 los municipios aprobaron, a través de su Comisión de la Liga Municipal, el envío a Washington de un grupo de representantes con la misión de gestionar la eliminación del Consejo Ejecutivo y reemplazarlo por una Cámara Alta elegida por los puertorriqueños. A esa fecha, se había dado la más agria discrepancia entre los sectores criollos y el Consejo Ejecutivo sobre asuntos tales como los créditos agrícolas, empréstitos para hacer obra pública, y otros asuntos de jurisdicción municipal.

Muñoz Rivera, líder del Partido Unión Puertorriqueña insistía en que le correspondía al pueblo estadounidense implantar un sistema liberal y sabio para la isla, que incluyera la composición de una Legislatura totalmente integrada por puertorriqueños elegidos por sus pares: “El Consejo Ejecutivo es lo peor de la Ley Foraker. Si nos lo quitan, aceptaríamos la Ley Foraker. Y no se comprende que, contando con recursos para hostilizarle, permanezcamos con los brazos quietos e inactivos y, al llegar una ocasión buena y justa, no la aprovechemos en pro de nuestra causa”.

El periodo entre la aprobación de la Ley Foraker (1900) y el 1917 —cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial— fue uno de ardiente oposición por parte de los sectores políticos del país a las normas del Gobierno estadounidense. En julio de 1906, la Cámara de Delegados aprobó una propuesta de José de Diego para dirigirle un memorial al secretario de Estado de Estados Unidos, Elihu Root, “rogando que sea intérprete del Pueblo de Puerto Rico ante el Pueblo de los Estados Unidos” de las “varias veces” solicitada la ciudadanía americana y la creación de un Senado insular electo por los habitantes de la isla.

Para el año 1909 la situación se había tornado tan álgida que la Junta Central Unionista, cuyos miembros habían copado los 35 escaños de la Cámara de Delegados, sostuvo que era necesario “actuar enérgicamente contra la subsistencia del bill Foraker y contra la forma en que están aplicándola los centros ejecutivos”; sostenía además que la Cámara de Delegados votaría y sostendría las leyes de carácter económico necesarias para el bienestar de la isla y entraría en la crítica severa de la Administración.

No eran solo los unionistas quienes exigían enmiendas radicales a la Ley Foraker. El primer comisionado residente de Puerto Rico, Federico Degetau, presentó en el Congreso, entre 1901 y 1904, varios proyectos de enmienda al estatuto, y el líder republicano, Manuel F. Rossy, expresó abiertamente su esperanza de que el Congreso modificara la composición del Consejo Ejecutivo. Además, la Comisión Codificadora nombrada por el presidente de Estados Unidos en 1901 para revisar el nuevo estatuto, recomendó que el Congreso creara un Senado electivo de 21 miembros, tres por cada uno de los siete distritos electorales; también condenó el control ilimitado del Ejecutivo para legislar.

La tirantez entre los dos cuerpos legislativos hizo crisis en 1909 cuando la Cámara de Delegados levantó sus trabajos al final del ejercicio legislativo sin aprobar, entre otras varias piezas de importancia para la Puerto Rico, el presupuesto anual de gastos del Gobierno para el próximo año económico. La situación degeneró en una crisis política, porque el gobernador se quedaba sin la facultad para utilizar los recursos del erario para cubrir sus gastos operacionales. El gobernador de entonces, Regis H. Post, se vio obligado a convocar a las Cámaras a sesión extraordinaria con el propósito de que se aprobara el presupuesto. La Cámara insistió en no aprobarlo, y en su lugar designó una comisión, presidida por Muñoz Rivera, con la encomienda de viajar a Washington para plantear ante las autoridades norteamericanas su protesta por la situación que generaba la Ley Foraker. El Consejo Ejecutivo designó también su comisión para contrarrestar a la de la Cámara. Ambas delegaciones viajaron a la capital de Estados Unidos y expusieron sus respectivos puntos de vista ante las autoridades federales.

Informado por el gobernador sobre la situación, el presidente de Estados Unidos, William H. Taft, envió al Congreso un mensaje dedicado exclusivamente a Puerto Rico. El presidente explicó que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico había clausurado su sesión sin aprobar los presupuestos del próximo año fiscal, que el gobernador había convocado a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria para resolver el problema, pero que se había reafirmado en no aprobar el presupuesto general de gastos. El presidente recomendó, ante esta insólita situación política, que el Congreso enmendara la Ley Foraker a los efectos de proveer para que las asignaciones del año fiscal anterior rigieran para el año siguiente en caso de que la Asamblea Legislativa local no aprobara el presupuesto del Gobierno. Atendiendo la propuesta presidencial, el Congreso aprobó en julio de 1909 la correspondiente enmienda a la Ley Foraker. Con la acción del Congreso, sancionada por el presidente, concluyó la peor crisis provocada por la tirantez entre la Cámara de Delegados y el gobernador, representado por el Consejo Ejecutivo. (La Constitución del ELA del 1952 incluyó una disposición similar para evitar futuras crisis fiscales como resultado de las oposiciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo).

Entre 1910 y 1917 otros catorce proyectos fueron radicados en el Congreso para corregir las anomalías de la Ley Foraker. Finalmente, el presidente Woodrow Wilson firmó la Ley Jones (también conocida como el Acta Jones) el 2 de marzo de 1917. Tres años antes, el comisionado residente Muñoz Rivera había radicado nuevamente un proyecto en el Congreso para crear un Senado electivo con injerencia en la confirmación de los nombramientos que hiciera el gobernador y con poderes para otorgar a la Asamblea Legislativa puertorriqueña la autoridad de aprobar leyes por encima del veto del gobernador.

La Ley Jones introdujo, finalmente, una Carta de Derechos. El funcionamiento del Gobierno fue separado en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo estaría dirigido por un gobernador, nombrado por el presidente de Estados Unidos con el consentimiento del Senado federal; y ambas Cámaras: el Senado y la Cámara de Delegados, serían elegidas por los puertorriqueños. A partir de ese momento, los principales líderes de los partidos políticos aspirarían a presidir el Senado, por ser el puesto de mayor jerarquía disponible para los puertorriqueños. Respecto a las relaciones económico-fiscales, la Ley Jones retuvo las mismas disposiciones de la Ley Foraker. Estados Unidos se reservó todos los poderes en defensa, aduanas, inmigración, correos y alumbrado marítimo; y el Congreso se reservó el derecho a legislar para Puerto Rico y anular legislación aprobada por la Asamblea Legislativa puertorriqueña cuando lo estimara conveniente. En cuanto al proceso electoral, la Ley Jones dispuso que los comicios generales para elegir a los representantes a las Cámaras Legislativas y a los alcaldes se habrían de efectuar cada cuatro años a partir del año 1920. El nuevo Senado se habría de componer de 19 miembros, dos elegidos por cada uno de los siete distritos senatoriales, más cinco por acumulación.

Unionistas, republicanos y socialistas acogieron con entusiasmo la nueva Ley Jones. Aun con sus limitaciones, la Ley Jones representaba para ellos un avance político para el desarrollo del Gobierno de Puerto Rico bajo el principio liberal de la separación de poderes.

Con la elección de las dos Cámaras legislativas por el mandato directo del pueblo se afirmaba el sistema republicano de gobierno, aún dentro del marco de dominio imperial que ejercía Estados Unidos sobre Puerto Rico. Vale apuntar que a pesar de este logro el poder del gobernador nombrado por el presidente era enorme, por lo cual limitaba el ámbito de acción legislativa. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Jones, cuando una ley aprobada por la Legislatura puertorriqueña se enviaba al gobernador para su firma y este no lo aprobaba, se devolvía con sus objeciones a la Cámara donde se había originado. Si después de reconsiderarse nuevamente la medida, dos terceras partes del total de miembros de ambas Cámaras acordaban nuevamente aprobarlo, se remitía nuevamente al gobernador, quien en caso de insistir en no aprobarlo, lo refería al presidente de Estados Unidos. El presidente entonces tenía el poder de convertirlo en ley o de vetarlo definitivamente. Este procedimiento constituía un doble veto sobre toda legislación aprobada por los cuerpos legislativos del país. Además, la Ley Jones autorizaba al gobernador a impartir su veto por partidas a las asignaciones legislativas de fondos públicos, otorgándole al gobernador su control ilimitado sobre los asuntos fiscales. Finalmente, la Ley Jones mantuvo el poder del Congreso de anular cualquier ley aprobada por la Legislatura local. No es de extrañar, por lo tanto, que desde el momento mismo en que se inauguró el Senado electivo, se tornara en protagonista de una lucha incesante, aún inconclusa, por alcanzar mayores poderes políticos para Puerto Rico.
Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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