La rama de Gobierno que administra las instituciones del Estado es la Ejecutiva. Aunque desde el punto teórico la política pública es determinada por la sociedad civil a través de prácticas de participación directa y de la representación parlamentaria (la Legislatura es la única institución que puede aprobar leyes), y que al Ejecutivo tan solo le toca administrarla, la realidad en Puerto Rico es que el gobernador y sus colabores directos son quienes imponen la política pública del país. En la práctica, no obstante, el poder que la Constitución le otorga a las Cámaras legislativas ha pasado a ocupar una posición subordinada. Cuando la Legislatura está dominada por el partido político que también ocupa la gobernación se subordina a este, y cuando la oposición obtiene mayoría legislativa, cuando hay un gobierno dividido, representan al partido de oposición. La experiencia demuestra que en ninguno de los dos casos las cámaras representan, en su trabajo de día a día, a los electores que los eligieron. La función mediadora de este estado de subordinación legislativa reside en los partidos políticos. La superioridad jerárquica que le otorga la cultura política puertorriqueña al gobernador sobre el Parlamento (aunque no es así en la Constitución, según la cual la institución gubernamental primaria es la Asamblea Legislativa) está simbolizada en la tradición de que el candidato a gobernador también funge como presidente de su partido. Además, como este controla las finanzas de su partido, las campañas políticas destacan siempre al candidato a la gobernación sobre los demás candidatos (legisladores y alcaldes), por lo que su impacto comunicativo (y emocional) sobre la voluntad de los electores es un factor clave en el resultado de las elecciones. Esta práctica autoritaria, arraigada en la naturaleza del sistema presidencial, según está codificada en nuestra cultura política, convierte al gobernador en la figura política principal del país, tanto a nivel de poder real como simbólico. Que el candidato a gobernador sea también el presidente de su partido político no es un requisito constitucional, pero sí es norma reglamentaria de los dos partidos políticos principales. (El Partido Independentista Puertorriqueño es una excepción: por ser un partido de minoría, su presidente mantiene su cargo independientemente de la persona que la jerarquía del partido designe como candidato a gobernador en las elecciones generales).

Es de notar que cuando el partido del gobernador no obtiene una mayoría en las Cámaras legislativas —lo cual, a la fecha, ha sido una excepción— se crea una situación de división de poderes entre las Rama Ejecutiva y la Legislativa, generando una crisis política en el país, debido a que no existe la tradición liberal parlamentaria de gobernar a base de componendas y acuerdos entre los diferentes sectores políticos. La última instancia de una situación similar ocurrió en el cuatrienio 2005-2009, cuando el gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá tuvo que compartir el poder político con una legislatura controlada por el partido de oposición.

No obstante la compleja relación entre la Rama Ejecutiva y la Legislativa, es claro —y así lo estipula la Constitución— que a la primera le corresponde la competencia de administrar el Estado, velar por su seguridad, hacer respetar la normativa de orden público, proteger a la ciudadanía de la explotación por parte de agentes económicamente poderosos y proveer una amplia gama de servicios públicos, según los define el estado benefactor puertorriqueño. Para propósitos de implantar y supervisar una reglamentación adecuada que proteja al bien público y al mismo tiempo provea los servicios sociales correspondientes (sobre todo en la educación, la salud, la seguridad y otros servicios sociales) se ha creado una extensa burocracia estatal que, al menos en el plano formal, es liderada y supervisada por el gobernador. La excepción son las corporaciones públicas. Estas, por su centralidad en cuanto a proveer servicios técnicos esenciales para la convivencias social, tales como electricidad, agua y educación superior (entre otras) son formalmente autónomas; es decir, se supone que funcionen a base de criterios profesionales propios sin supervisión directa del Poder Ejecutivo. (Ver Corporaciones públicas I y Corporaciones públicas II).

La Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico está dirigida por un gobernador elegido cada cuatro años mediante el ejercicio del sufragio universal, después de ser nominado por su partido político. Aunque en la realidad, no puede haber candidato a la gobernación que no tenga el aval de un partido debidamente inscrito. La Constitución del Estado Libre Asociado no le impone límites a los términos para los cuales puede ser reelecto un gobernador, pero lo usual, desde el 1964, es que los gobernadores sean electos por no más de uno o dos términos. Este hábito de cambiar de partido periódicamente cada cuatro u ocho años se conoce como alternancia política y ha tenido efectos profundos sobre la continuidad de los servicios sociales y la estabilidad del servicio público.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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