El preámbulo de la Constitución de Puerto Rico lee como sigue: “Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América”. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la Carta Magna que establece los fundamentos legales del gobierno de Puerto Rico desde el 25 de julio de 1952. Este documento histórico es el resultado de la lucha del Partido Popular Democrático (PPD) y sus líderes por obtener mayores poderes políticos dentro del control norteamericano. Fue y continúa siendo objeto de fuertes debates sobre la identidad, estatus y definición política de la isla. Varios fueron los eventos que dirigieron el camino hacia su ratificación.

Desde las primeras jornadas de la campaña electoral de 1940, el Partido Popular declaró su intención de posponer la discusión sobre las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Los esfuerzos políticos fueron dirigidos hacia la obtención de más poderes locales para administrar el país. Como resultado de la desvinculación del controversial y divisivo asunto en la agenda del PPD y en virtud de la obtención de mayor autonomía política, en 1947 el presidente Harry S. Truman firmó la ley que permitía la elección del gobernador por los puertorriqueños. Un año antes, el presidente norteamericano había nombrado al primer gobernador puertorriqueño:Jesús T. Piñero. Luego de una intensa campaña política marcada por la comunicación directa con el pueblo y apoyada en el carisma personal de Luis Muñoz Marín, el líder Popular ganó la contienda y asumió la gobernación del país en 1948, en lo que fueron las primeras elecciones bajo la Ley del Gobernador Electivo. Los líderes se sentían optimistas ante la posible redacción de una constitución para el país que sustituyera las cartas orgánicas Foraker y Jones.

En 1950 el comisionado residente en Washington, Antonio Fernós Isern, presentó un proyecto al Congreso para que el pueblo puertorriqueño pudiera redactar su propia Constitución. La coyuntura mundial era favorable. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Asia y áfrica iniciaron sus procesos de descolonización. Estados Unidos sentía la presión anticolonial de la Organización de las Naciones Unidas y de la opinión internacional. Finalmente fue aprobada durante ese año la Ley 600. Dicha ley autorizaba la convocación de una asamblea constituyente si el pueblo la aprobaba mediante referéndum. También establecía los fundamentos principales de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. El intento de la Ley 600 fue presentar a los Estados Unidos en el escenario mundial como anticolonial, mientras restablecía los controles sobre el destino político de la isla.

El referéndum sobre la Ley 600 se llevó a cabo en junio de 1951. La mayoría de los votantes aprobó la celebración de la Asamblea Constituyente. Fue presidida por Antonio Fernós Isern y formada por miembros de los Partidos Popular Democrático, Estadista Republicano y el Socialista. El Partido Independentista no participó. La Asamblea tardó cinco meses en deliberar y redactar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La revisión del Congreso permitió a la oposición en Washington debilitar la constitución redactada por la Asamblea Constituyente. Primero, excluyeron la sección 20 del artículo II de la Carta de Derechos que había sido redactada a tono con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y segundo, incluyeron una disposición que establecía que cualquier enmienda futura a la Constitución tenía que contar con la aprobación del Congreso.

Finalmente, el 3 de marzo de 1952, el pueblo puertorriqueño ratificó la constitución con una mayoría abrumadora. En una estrategia de resignificación, la fecha elegida para inaugurar el ELA fue el 25 de julio. Ese día se conmemora la invasión norteamericana. Luis Muñoz Marín y sus líderes abrían de esta forma una brecha en la memoria histórica colectiva: intentando “borrar” la experiencia del coloniaje; iniciaban el mito fundacional de la nación sin Estado soberano. Muchos no estuvieron a favor del ELA ni de la visión muñocista. Los independentistas entendían que la Carta Magna aprobada no cambiaba la situación colonial de la isla. Asimismo, argumentaban que la Constitución no era un ejercicio libre de determinación si estaba sujeta a la palabra final del Congreso. Los anexionistas, por su parte, opinaban que el ELA no garantizaba la futura estadidad de Puerto Rico.

Es importante señalar que el ELA se fundamenta en diferentes corrientes filosóficas y políticas modernas con fuerte inspiración en la Constitución de los Estados Unidos. En concreto, ¿qué establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? La Constitución define al gobierno de Puerto Rico como uno republicano y democrático. En lo que muchos juristas entienden es la aportación mayor de la Carta Magna, esta incluye una abarcadora Carta de Derechos del Ciudadano. El gobierno lo organiza en tres ramas separadas, como existía bajo la Ley Jones: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. La Legislativa se compone de dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes. Divide la isla en ocho distritos senatoriales y 40 distritos representativos. La Rama Ejecutiva se compone del gobernador, los secretarios de las agencias y sus empleados. Por último, la Rama Judicial la constituye un sistema de tribunales liderado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La fórmula de la Carta Magna delimitaba y afirmaba los conceptos políticos de autogobierno y de unión permanente con los Estados Unidos. Sin embargo, no descartaba la posibilidad de adoptar otras fórmulas de gobierno en el futuro, entre estas, la independencia o la estadidad. Inmediatamente después de su inauguración en 1952, el tema del estatus político de Puerto Rico se convirtió en una de las discusiones políticas neurálgica de la actualidad. Una discusión que se ha enlazado no solo con la propia definición política de Puerto Rico, sino también con la propia identidad del pueblo puertorriqueño. Voces políticas, académicas, artísticas y de la literatura debaten este tema entretejiendo sus argumentaciones con los problemas y contradicciones de la modernidad puertorriqueña.
Autor: Yanelba Mota Maldonado
Publicado: 11 de noviembre de 2015.

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