La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico encomienda al juez presidente del Tribual Supremo la administración del sistema judicial y autoriza, para asistirlo en dicha función, el nombramiento de un director administrativo o directora administrativa. Este oficial administrativo desempeña su cargo a discreción del juez presidente. El Pleno del Tribunal Supremo tiene también una función importante al respecto, pues tiene facultad para aprobar las reglas de administración que rigen el sistema. Ambos, el juez presidente y el Pleno del Tribunal Supremo, incorporan en sus funciones institucionales la independencia que tiene la Rama Judicial como uno de los tres poderes del Gobierno.

Como organismo de apoyo para la administración de la Rama Judicial, el juez presidente cuenta con la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) dirigida por el director(a) de los Tribunales. Las funciones generales de esta oficina son las siguientes:

1. Desarrollar un sistema administrativo uniforme que sirva de apoyo y permita acelerar los procesos judiciales.

2. Hacer cumplir los procedimientos administrativos establecidos para asegurar uniformidad, continuidad y eficiencia en la prestación de servicios.

3. Solicitar y justificar los fondos públicos necesarios para el funcionamiento del sistema.

4. Servir como agente facilitador con respecto a los tribunales del país, proveyéndolos de los más adecuados recursos humanos, físicos y fiscales a tono con las posibilidades presupuestarias del sistema.

5. Desarrollar y mantener al día sistemas de información que sirvan de instrumento para la divulgación, planificación, dirección, operación y evaluación de la actividad judicial administrativa.

6. Evaluar el impacto en el sistema de las medidas legislativas que puedan afectarlo.

7. Investigar la conducta impropia del personal de la Rama Judicial, incluso a los jueces y juezas, con excepción de los del Tribunal Supremo.

8. Representar legalmente a la Rama Judicial y a su personal en aquellos casos en que su representación no corresponda al Departamento de Justicia.

9. Hacer recomendaciones al juez presidente para mejorar el funcionamiento del sistema y para la asignación y traslado de jueces, y tomar las medidas que el juez presidente ordene, con miras a lograr la mejor administración del Tribunal General de Justicia.

Tanto el Tribunal de Apelaciones como las regiones judiciales del Tribunal de Primera Instancia cuentan con jueces administradores regionales que responden al juez presidente y al director administrativo de los Tribunales para velar el cumplimiento de la normativa administrativa y las operaciones administrativas de cada región. Todos los jueces administradores y directores ejecutivos regionales integran un cuerpo de asesoramiento denominado Consejo Asesor Judicial.

El organigrama resumido adjunto muestra la multifacética complejidad del sistema administrativo de los tribunales del Poder Judicial. Este sistema opera de forma paralela a los trabajos que se realizan en las salas judiciales y es esencial para el ejercicio competente de las tareas que se realizan cotidianamente en los tribunales. Vale anotar, que para una sociedad democrática, es decir, para el funcionamiento adecuado de un Estado de derecho, es imprescindible cumplir la función judicial con destreza e imparcialidad; la confianza pública, sin la cual ningún sistema judicial puede operar adecuadamente, depende de ello.

Por esa razón, existe un consenso entre los sectores sociales más ilustrados y conscientes de la ética democrática, en cuanto a que el Poder Judicial, contrario a las otras dos ramas de Gobierno, debe estar aislado de las luchas partidistas de poder en todo momento. Si los partidos políticos son necesarios para organizar los procesos de sucesión del poder gubernamental mediante la postulación de candidatos a puestos electivos, incluyendo la organización de campañas electorales, se comparte la idea de que el Poder Judicial es una rama de Gobierno que debe estar desvinculada de los intereses partidistas, tanto en la designación de jueces, como en la administración de los tribunales. Aunque la Constitución le otorga al gobernador la autoridad de nominar a los jueces, se comparte la idea de que los nombramientos deben corresponder a criterios de competencia profesional y no de intereses sectoriales o partidistas. Esta responsabilidad es extensiva a los miembros de la judicatura (y a toda la clase política), pero está particularmente adscrita en la institución del juez presidente del Tribunal Supremo (y la OAT), mediante la implantación de normas y prácticas jurídicas confiables, aplicables a todo el Poder Judicial.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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