El periodo que va desde la ocupación militar norteamericana en 1898 hasta la aprobación de la Ley Foraker en 1900 fue uno severo para todos los habitantes de Puerto Rico. La economía y el destino político de la isla permanecieron suspendidos. El pueblo puertorriqueño sufrió en sus pieles y bolsillos la dura transición.

La economía de la isla arrastraba la crisis de la industria azucarera y el lastre del bloqueo naval estadounidense. Muchos perdieron sus trabajos y los precios de la comida y artículos básicos se dispararon. Luego del Tratado de París (10 de diciembre de 1898), los productos de Puerto Rico pasaron a ser extranjeros para España y Cuba. Esto afectó adversamente las industrias del café y del tabaco, ya que los aranceles que tenían que pagar para poder entrar a dichos mercados eran más altos que los de antes del 1898. Además, las expectativas de los comerciantes en relación a los mercados estadounidenses se vieron frustradas; el mercado norteamericano no se abrió al comercio de Puerto Rico. Mientras duró el gobierno militar los productos puertorriqueños fueron tratados como extranjeros, con las altas tarifas arancelarias que esto acarreaba. En Washington no se contemplaba como asunto de importancia el extender libertades comerciales a las nuevas posesiones caribeñas.

Dos decisiones económicas tomadas por el gobierno militar agravaron las condiciones económicas. El gobernador Guy V. Henry, sucesor de Brooke, aprobó un año de moratoria a los deudores. Dicha medida, aunque favorecía a los agricultores, fue devastadora para los comerciantes. Sin capital en sus manos, no pudieron hacerle frente a la voraz competencia de los comerciantes norteamericanos. La otra medida fue el cambio oficial de la moneda. El canje de moneda representó una depreciación de las ganancias presentes y futuras de los comerciantes: a razón de 60 centavos de dólar por cada peso provincial.

A la crisis económica se sumó la desazón social de viejos rencores. Las partidas sediciosas o “los tiznados” violentaban las casas, haciendas o tiendas de los hacendados y comerciantes. Una práctica común era quemar los libros de deudas, razón por la cual se piensa que el principal motivo del grupo era saldar las deudas con los comerciantes y hacendados usureros y oportunistas. La experiencia histórica de los tiznados es un testimonio claro de la desigualdad social de la época. Además, el 8 de agosto de 1898 el huracán San Ciriaco arrasó la isla, devastando los cafetales. Todo Puerto Rico tardó en recuperarse de San Ciriaco. Sin embargo, la zona cafetalera jamás pudo volver a tener la prominencia económica que una vez gozó. Al evento atmosférico le siguió una terrible hambruna, con los efectos perniciosos sobre la ya endeble salud de los puertorriqueños. Sin trabajo, sin comida, sin techo ni salud, el nuevo siglo despuntaba con las mismas o peores condiciones para el campesinado.

La situación económica, política y social fue de alarma entre el liderato político de la isla. Todavía sin experiencia en la política norteamericana, los líderes estaban un poco a ciegas. Ante el estancamiento del comercio, Luis Muñoz Rivera, Eugenio María de Hostos y Julio Henna viajaron a Washington a exponer el caso puertorriqueño al Congreso, sin éxito alguno. Apartados los líderes locales de la discusión política, el Congreso inició un ardiente debate sobre la política imperialista del presidente McKinley. El 12 de abril de 1900, producto de entendidos entre las facciones del Congreso, y sin mediar consulta al pueblo ni al liderato puertorriqueño, fue aprobada la Ley Foraker.
La Ley creaba una Cámara de Delegados electiva, pero le yuxtaponía un Consejo Ejecutivo de 11 personas nominadas por el presidente de los Estados Unidos. La Legislatura, aunque en apariencia poseía amplios poderes, estaba sujeta al veto del gobernador y a la revisión del Congreso. La creación del Consejo Ejecutivo limitaba la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La organización política de la Ley Foraker causó mucho malestar. El sistema jurídico estaría a merced de un comité nombrado por el presidente. Los puertorriqueños no elegirían al gobernador, sino que este sería nombrado por el presidente, al igual que los miembros del gabinete. En el aspecto económico, se estableció un límite de 500 acres a la propiedad de cualquier empresa, sin embargo la disposición no especificaba las penalidades por su incumplimiento. También estableció el comercio libre entre el mercado norteamericano y el puertorriqueño, e imponía un 15 % de arbitrio sobre los productos del ron y el azúcar.

Las elecciones del 1900 marcarían un ritmo político interesante en la isla. Pero, sobre todo, pusieron en relieve que la Ley Foraker era insuficiente para establecer una estructura organizacional eficiente para el país. Las crisis constantes en los aspectos económicos, políticos y sociales exigían más autonomía política; autonomía que el Congreso de Estados Unidos todavía no estaba dispuesto a otorgar. Las esperanzas que muchos cifraron en la transición no se materializaron.
Autor: Yanelba Mota Maldonado
Publicado: 15 de junio de 2015.

Entradas relacionadas

Comente

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades agradece los comentarios constructivos que los lectores de la Enciclopedia de Puerto Rico nos quieran hacer. Por supuesto, estos comentarios son de la entera responsabilidad de sus respectivos autores.