El Nuevo Trato, doctrina implementada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, propuso una nueva relación entre el Gobierno y los ciudadanos. El Nuevo Trato marcó el nacimiento de lo que muchos autores llaman el estado benefactor. El Nuevo Trato se ubica en el contexto de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue un proceso de crisis económica que inició para 1929 y se extendió por toda la década de 1930. Durante este periodo, las especulaciones de los bancos, la inflación en los precios de los productos básicos y la sobreproducción detonaron un estancamiento en el flujo de los capitales. Los bancos tuvieron grandes pérdidas y la desconfianza de sus clientes los llevó a cerrar sus cuentas, lo que llevó a que quebraran más de 5000 instituciones financieras. Las fábricas despidieron gran cantidad de sus empleados en pocos meses. Las personas esperaban en las calles sin empleo, comida o un hogar. Las causas de esta crisis se vincularon a lo poco diversificada que estaba la economía estadounidense, la cual dependía principalmente de la industria de la construcción y la automotriz. También, a la mala distribución del poder adquisitivo, la debilidad de la demanda de consumo, las deudas de los campesinos y las quiebras de los bancos pequeños, que no pudieron recobrar el dinero de los préstamos. Otra de las causas de la depresión se asocia con la inversión apresurada de los bancos grandes en el mercado de valores.

Los efectos de todos estos factores se sintieron a partir de octubre de 1929, cuando el mercado de valores tocó fondo. El producto nacional bruto (PNB) de Estados Unidos se redujo de $104 billones a $56 billones. Los salarios reales de los trabajadores o su poder de compra se redujo en 15 %o. El desempleo alcanzó el 24.9 % de la fuerza trabajadora en 1933. Ante esta situación, el Gobierno del presidente Herbert Hoover propuso un esfuerzo de cooperación para que los empresarios no recortaran la producción ni despidieran obreros, impuso un incremento en el gasto en obras públicas, el aumento de impuestos para evitar el déficit del Gobierno y la creación de una burocracia gubernamental para ayudar a los agricultores a mantener los precios de sus productos. También elevó las tarifas arancelarias a los productos extranjeros. Ninguna de las medidas logró detener la crisis, en parte porque la inversión gubernamental fue muy tímida ante la gravedad de la situación y porque la preocupación principal de los funcionarios de gobierno giraba en torno a la solvencia económica del Gobierno federal y la estabilidad de la empresa privada. En 1932 se estableció la Corporación Financiera para la Reconstrucción con el fin de facilitar préstamos a los bancos y otros negocios. Esta situación ocurrió al mismo tiempo que en la Unión Soviética surgió un modelo político que ofrecía a los obreros una distribución más equitativa de las riquezas, techo, alimento, educación y salud. Varios funcionarios gubernamentales de Estados Unidos temían que el modelo de la Unión Soviética sirviese de ejemplo a los obreros y que estos organizasen una revolución para reclamar el poder. Luego de las elecciones de 1932, Franklin Delano Roosevelt y sus asesores lanzaron los programas del Nuevo Trato como receta para enfrentar la Gran Depresión. Sus objetivos fueron: ordenar el sistema financiero mediante leyes que impidiesen la especulación, proveer ayuda a los desempleados usando fondos que pagasen los salarios a aquellos que trabajasen en la construcción de proyectos públicos, elevar los ingresos agrícolas mediante la regulación de los precios de sus productos y el control de su producción.

En el caso de Puerto Rico, el Nuevo Trato surgió como parte de la relación de los grupos reformistas en la colonia con los grupos de alto rango que administraban estos programas en la metrópoli. La isla enfrentaba serios problemas porque cuatro grandes corporaciones norteamericanas tenían el control de sus bases económicas. La
South Porto Rican Sugar Company, la Central Aguirre Sugar Company, la Fajardo Sugar Company y la United Porto Rico Sugar Company controlaban decenas de miles de acres en abierta violación a la Ley de los 500 acres, que estipulaba esa cantidad como el máximo de tierras a poseer. Además, la producción de azúcar dejaba millones de dólares en ganancias para los administradores y accionistas de las corporaciones ausentistas. Por otra parte, los campesinos asalariados ganaban 50 o 60 centavos por día en 1932, cuando en 1928 ganaban de $1.00 a $1.25. Las corporaciones azucareras lograron apropiarse de las mejores tierras de cultivo e influenciaron en la disminución del área dedicada a los cultivos de subsistencia. La población se hizo dependiente de los productos importados, que resultaban ser más costosos, en parte por las leyes de cabotaje, que obligaban a transportar los bienes en barcos de matrícula estadounidense. Los precios de los artículos de primera necesidad y el costo de vida aumentaron un tercio entre 1932 y 1933, mientras que el ingreso monetario per cápita bajaba a más del 12%. El arroz se vendía a $2.40 el quintal en 1932 y en 1933, el precio era de $4.10. Las habichuelas importadas aumentaron de $3.00 el quintal a $5.25; el bacalao, de $19.00 a $28.00. Las corporaciones ausentistas controlaban la economía de Puerto Rico ya que se oponían a legislación que las obligase a pagar impuestos al Gobierno, influían en la designación de funcionarios públicos que favoreciesen sus intereses y decidían sobre los precios a pagar a los colonos puertorriqueños por la caña que llevasen a las centrales. En medio de la Gran Depresión se agravaron estas condiciones de explotación. El PNB bajó de $176 millones en 1929 a $134 millones en 1933. Los jornales y salarios se redujeron de $131 millones a $95 millones para el mismo periodo de tiempo. Las ganancias de las empresas se redujeron en un 19.4 %, aunque las corporaciones azucareras aumentaron sus ganancias durante la crisis. La Fajardo Sugar triplicó sus ganancias entre 1931 y 1932, aun a pesar de los precios bajos del azúcar.

Esta condición colonial, sumada a la crisis económica, creó un clima de mucha tensión social en la que la desigualdad, la sobreexplotación de los obreros y el hambre sentaron las bases de tiempos difíciles. En 1932, el huracán San Ciprián mató 225 personas y causó daños calculados en $30 millones. En ese mismo año ganaron las elecciones la coalición de republicanos y socialistas, que representaba la unión del Partido Socialista (el partido que tradicionalmente había reivindicado los derechos de los trabajadores) con el Partido Republicano (que aglutinaba a los grandes intereses económicos de las centrales azucareras. Ante esta realidad, los obreros organizaron huelgas para reclamar el límite de ocho horas de trabajo diarias y el aumento de los salarios. Los miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico vieron en las corporaciones ausentistas a los responsables de la pérdida de tierras que pertenecieron en el pasado a la burguesía nacional. En 1934, los obreros recurrieron al liderato de Pedro Albizu Campos, líder del Partido Nacionalista de Puerto Rico, para que ayudase en la organización del movimiento obrero. El Gobierno colonial se organizó entonces para reprimir los reclamos de los obreros y de los nacionalistas con la movilización de la Policía Insular. En ese contexto, Luis Muñoz Marín, senador por el Partido Liberal, estableció relaciones con funcionarios del Gobierno de Franklin Delano Roosevelt que prometieron llevar el Nuevo Trato a la isla. Muñoz Marín invitó a unir esfuerzos con el Gobierno federal para resolver los problemas que enfrentaba Puerto Rico.

Este contexto llevó a una controversia en la que, por un lado, se vio al Nuevo Trato como una estrategia genuina, diseñada para resolver los problemas sociales de Puerto Rico, y por otro, como una estrategia que buscaba suavizar las tensiones sociales que podrían desembocar en una revolución y en el reclamo de la independencia para la isla; lo que ponía en peligro la hegemonía de los capitales estadounidenses y el uso de Puerto Rico como punto militar estratégico.

El inicio del Nuevo Trato en Puerto Rico se manifestó a través de la Administración de Ayuda de Emergencia de Puerto Rico (PRERA, por sus siglas en inglés) entre los años 1933 y 1936. Su objetivo fue impulsar la actividad económica del país mediante la realización de obras y servicios. Los funcionarios de la PRERA crearon un programa de obras públicas para la construcción de carreteras, escuelas, hospitales; fomentaron la siembra de comestibles; patrocinaron cooperativas en áreas rurales; la producción y mercadeo de artesanías; la confección de zapatos; organizaron talleres para la confección de ropa para la suma del trabajo femenino; y desarrollaron programas de salud maternal, de beneficencia para la niñez, y de educación infantil y adulta. También abrieron nuevos centros médicos y dispensarios públicos, trabajaron en el mejoramiento de los arrabales y viviendas rurales. Sin embargo, la PRERA enfrentó problemas porque el Gobierno del partido de mayoría coalicionista tenía choques con el personal técnico y profesional que lo administraba, en su mayoría reclutado de las filas del Partido Liberal.

Como resultado del pobre desempeño de la PRERA, el presidente Roosevelt designó una Comisión Puertorriqueña de Normas con el propósito de preparar un informe sobre las condiciones socioeconómicas del país con el objetivo de proponer soluciones. La Comisión quedó presidida por el rector de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Carlos Chardón, por lo que el informe fue conocido popularmente como el Plan Chardón. Este informe identificó y analizó los problemas urgentes del país: el exceso de población, el alto desempleo, el predominio de los latifundios ausentistas, la fuga de riquezas producidas en el país, el monocultivo de la caña de azúcar, la disminución del cultivo del café, la poca producción de alimentos nutritivos básicos, la escasez de industrias manufactureras y la falta de facilidades de crédito. Aunque el Plan Chardón apuntó a las causas de muchos de los problemas de tipo económico, como el monocultivo y el predominio de los latifundios, no hay duda de que algunos de sus análisis carecieron de profundidad. En el caso del “problema” de la sobrepoblación hubo una controversia que planteaba que Puerto Rico no sufría de tal obstáculo, sino de una distribución desigual del recurso de la tierra. El mismo que se encontraba en manos de las centrales azucareras y de las Fuerzas Armadas.

Como propuesta para resolver los problemas, el Plan Chardón recomendó el fomento de la emigración, que consideró medida indispensable para mejorar las condiciones económicas de Puerto Rico. Además, se propuso el Plan de Reajuste Azucarero. La Ley Jones-Costigan fijó una cuota de 803,000 toneladas de azúcar puertorriqueña como límite para su venta en Estados Unidos. En respuesta a este límite, se propuso que Estados Unidos comprara 100,000 toneladas de azúcar como medida de emergencia. Posteriormente se planificaría la reducción de la producción. También se buscaba la adquisición de buenas tierras de producción cañera, la permuta de estas por tierras marginales para distribuirlas entre los obreros sin trabajo, destinar tierras a la producción de alimentos, la construcción de casas para los granjeros y el establecimiento de cooperativas. En el Plan de Rehabilitación Rural se impulsó la diversificación de la agricultura así como elevar a 300,000 acres las fincas destinadas a la cosecha de café y fomentar el cultivo de tabaco, cítricos, cocos y árboles para la creación de bosques. El Plan de Desarrollo Industrial incluyó el desarrollo de industrias basadas en la manufactura de materias primas agrícolas, la eliminación de las leyes de cabotaje y la aplicación de la Ley de los 500 acres, entre otras.

En 1935 el apoyo del sector más radical de los “novotratistas” en Washington y la colaboración de los liberales criollos se conjugaron en un proyecto diseñado por la metrópoli para asumir las propuestas del Plan Chardón. Mediante orden ejecutiva se creó la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de corregir los males económicos y sociales que afectaban al país. Entre los logros de la PRRA se pueden mencionar: la expropiación de miles de acres propiedad de una compañía tabacalera, la adquisición de fincas cafetaleras para dividirlas en pequeñas fincas, la construcción de viviendas de concreto de bajo costo y la adquisición de miles de acres para construir en esos terrenos una refinería de azúcar, entre otros. Parte de los terrenos de la refinería fueron distribuidos a los campesinos que conformaban cooperativas agrícolas e industriales. Otros proyectos de la PRRA fueron: la adquisición de una fábrica de cemento —operada por la Corporación de Cemento de Puerto Rico—, la construcción de escuelas urbanas y rurales, dispensarios de salud y la adquisición de miles de acres de terreno para reforestación. No obstante, la PRRA no alcanzó los resultados esperados por los criollos reformistas. Entre los problemas enfrentados estuvieron los legales y financieros, las rivalidades entre los funcionarios y el hecho de que el proyecto estuviese regido por los burócratas en Washington; en raras ocasiones se les confió a los puertorriqueños un puesto de autoridad, lo que influyó en que estos no se sintiesen identificados con el éxito o el fracaso de un programa del que no tenían control.

La PRERA, el Plan Chardón y la PRRA constituyeron tres esfuerzos serios de planificación y administración pública en Puerto Rico. La experiencia ganada por los criollos reformistas de estos programas dio paso a las políticas de muchas de las agencias que se crearon luego de la creación del Estado Libre Asociado en 1952. El fundamento que sirvió de base a las políticas establecidas por estos programas creó espacios en los que se pretendió una distribución más equitativa de los recursos de la isla. Se atendieron muchos de los problemas económicos y sociales que permitieron el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Sin embargo, las medidas nunca afectaron a las corporaciones ausentistas azucareras, que, por el contrario, se beneficiaron del Plan de Reajuste Azucarero. Tampoco cuestionaron las bases del sistema colonial, que resultó ser el fundamento de problemas como la existencia de monopolios o la Ley de los 500 acres; ni se diga de las relaciones al interior del capitalismo. Las expropiaciones no afectaron el poder de los grandes latifundios que estaban basados en la propiedad privada.

 

 

 

Autor: Amílcar Cintrón Aguilú
Publicado: 15 de septiembre de 2014.

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