La sucesión del poder político en las democracias modernas, es decir, la transferencia del control de la administración del Estado, se fundamenta en el voto popular con sufragio universal a través de un sistema de elecciones más o menos periódicas. Trátese de sistemas presidenciales o parlamentarios, todo Gobierno es temporal y está sujeto —para mantenerse en el poder— de la voluntad popular expresada en las urnas. Para estos propósitos, los diferentes sectores sociales e ideológicos que disputan el poder se organizan en partidos políticos, los cuales cumplen la función principal de ordenar y organizar las alternativas presentadas ante el electorado; es decir, postular candidatos a las elecciones. Se trata, ni más ni menos, de instituciones fundamentales para la vida democrática, las cuales cumplen una función pública, pero mantienen, a la vez, una identidad privada.

Las múltiples funciones que realizan los partidos políticos incluyen convocar y organizar la participación electoral; representar a sus votantes; reclutar nuevos miembros y adeptos; administrar la cosa pública cuando prevalecen en las urnas y actuar como partido de oposición política cuando no lo logran; dictar las estrategias de lucha de poder; reclutar personal para llevar a cabo la gestión pública; definir la orientación programática e ideológica del sector (o sectores) que representan (fijar una identidad política); y orientar a sus seguidores en cuanto a su visión social. Además, en el caso de Puerto Rico, los partidos representan alternativas ideológicas ante el asunto de la relación política y jurídica con Estados Unidos (el “estatus”).

La naturaleza particular de los partidos políticos (y sus estilos operacionales) depende de la experiencia y la cultura política de los países donde operan. En Puerto Rico, por ejemplo, los partidos ejercen sus funciones bajo principios clientelistas, personalistas y autoritarios. Durante el periodo eleccionario se dedican a ofrecer a los votantes un menú de ofertas y promesas, lo cual no significa que se cumplan cabalmente en caso de obtener la mayoría de los votos. Hay un entendido general al efecto de que el partido que gane las elecciones tiene la potestad de revisar su programa de campaña y la autoridad para implantar políticas públicas que su liderato estime convenientes, independientemente de sus posturas anteriores.

Hay dos características asociadas al clientelismo partidista: primero, la de otorgar puestos de trabajo en el gobierno como pago por el apoyo personal y por las tareas realizadas para el partido. Esto aplica tanto a posiciones de jerarquía como a los niveles intermedios y de base. La segunda práctica clientelista consiste en otorgar contratos de gobierno a empresarios y corporaciones que contribuyen a recaudar fondos o que donan cantidades considerables de dinero durante las campañas. A estos se les conoce, en el argot popular, como inversionistas políticos. Para ellos, el triunfo electoral es sinónimo de botín político; es decir, de bonanza económica personal. Esta práctica está tan arraigada en el mundo corporativo, que muchas empresas, para garantizar el apoyo gubernamental durante el cuatrienio subsiguiente, contribuyen por igual a ambos partidos principales.

La otra cara de los partidos es el personalismo, una característica que está profundamente arraigada en la tradición autoritaria de la cultura política puertorriqueña. La personalización del líder (su culto) ejerce un gran peso sobre el funcionamiento de los partidos en Puerto Rico y en algunos casos raya en el caudillismo. Esta situación ha provocado, con frecuencia, luchas intestinas dentro de los partidos, que se dan cuando hay líderes (cada cual con su grupo de seguidores) que se disputan el control interno del partido o cuando aparecen nuevos líderes que quieren descollar. Ejemplos recientes fueron las disputas entre Rosselló y Fortuño y los seguidores de Aníbal Acevedo Vilá y Rafael Hernández Colón.

Algunas luchas de poder dentro de los partidos políticos han pasado a formar parte del folclor político puertorriqueño. Entre ellas, la de Muñoz Marín contra Antonio Barceló en 1938; la lucha interna entre Luis Ferré y García Méndez por el control del sector estadoista en 1967; el reto fallido que le lanzó Hernán Padilla, entonces alcalde de San Juan al gobernador Romero Barceló; el movimiento encabezado por Luis Negrón López contra Roberto Sánchez Vilella: y los fallidos retos lanzados al liderato de Rubén Berrios en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) por Gilberto Concepción Suárez, Antonio González, Noel Colón Martínez, Carlos Gallisá y David Noriega.

Parece ser que los conflictos internos y los intereses de grupos particulares fomentan el desarrollo de facciones dentro de los partidos. Dichas facciones se agrupan por lo general en torno a un líder, que puede ser un legislador, un alcalde o un exgobernador. Estas situaciones hacen que las alianzas internas también varíen de acuerdo a intereses particulares. Es de notar que estas divisiones ocurren a pesar de que los partidos pretenden ser homogéneos y monolíticos. Desde el punto de vista organizativo, los partidos están muy centralizados y controlados por una jerarquía formalmente constituida, pero al mismo tiempo conforman diferentes intereses y orientaciones ideológicas, lo cual los hace, en realidad, más heterogéneos de lo que aparentan.

Los partidos políticos reclaman que son poseedores y conocedores exclusivos del interés general, lo cual limita la capacidad de negociar o consensuar políticas de interés social, ni siquiera para acordar nombramientos a puestos gubernamentales sin que medien sus intereses particulares. Las leyes y los nombramientos que aprueban las mayorías responden usualmente al objetivo de controlar las instituciones o al deseo de adelantar sus causas ideológicas. En ello no juega el interés general del “pueblo” al que tanto se vanaglorian de representar. De ahí que los partidos promuevan la idea de que es importante controlar todas las estructuras administrativas del Estado, y extender sus tentáculos a las instituciones sociales autónomas. Se encumbra, por lo tanto, la meta del “copo electoral” como instrumento para monopolizar el poder del Estado y usarlo a favor de sus intereses sectoriales e ideológicos. No obstante, la idea de que para gobernar eficientemente es necesario controlar la institucionalidad pública es nociva para la vida democrática porque retrasa la profesionalización el servicio público, debilita el espacio de diálogo ciudadano (la esfera pública), fortalece la partidocracia y afinca el autoritarismo y el clientelismo en la cultura política.

En la actualidad, los electores puertorriqueños han dado muestra de su descontento con los partidos y señalan, en diferentes encuestas, que las causas de esta desafección son la superficialidad, la demagogia, la corrupción y el autoritarismo. A pesar de esta actitud tendenciosa, nuevos partidos no parecen tener muchas oportunidades de subsistir, por lo que no suelen sobrevivir pasadas las elecciones para las que fueron inscritos (igualmente sucede con los candidatos independientes). Ese fue el caso del Partido del Pueblo y Renovación Puertorriqueña; y más recientemente, de Puertorriqueños por Puerto Rico que tuvo que buscar la reinscripción. En términos de candidaturas fuera de los partidos tradicionales, el cementerio político incluye las de: Juan Mari Brás, Roberto Sánchez Vilella, Neftalí García, ángel Quintero y, más recientemente, Orlando Parga.

A pesar de la desaprobación generalizada en cuanto a la conducta cotidiana de los partidos, sobre el 70% de los electores continúan votando por los partidos tradicionales. Una posible explicación de esta paradoja radica en que un sector considerable del electorado ejerce el llamado “voto de castigo”, lo cual consiste en “tumbar” al Gobierno de turno favoreciendo una alternativa con oportunidades reales de ganar las elecciones. Pero, en general, para la mayoría de los votantes, ejercer el voto representa la única forma de participación política que tienen a su disposición, sin que ello represente un cambio del status quo. Para algunos, el voto también representa la oportunidad de manifestar su adscripción incondicional a la alternativa de estatus político de su preferencia. En el corto y mediano plazo, no se vislumbran cambios en las estructuras, formas y procedimientos de los partidos políticos en Puerto Rico, por lo que parece que el panorama actual será el mismo para las próximas elecciones.

El voto es la forma que tiene el ciudadano para participar en la sucesión del poder. No obstante, los partidos ejercen una función vital para este proceso democrático, la vida en libertad exige la institucionalización de un activismo ciudadano más allá del marco de los partidos. Por eso es importante desarrollar una sociedad civil que valore el activismo social y la deliberación política del ciudadano no solo para influir en la implantación de políticas públicas, sino para interpelar a los administradores de turno y a los partidos políticos, mediante la consideración dialogada de nuevas ideas y políticas públicas imaginativas. A su vez, es imprescindible crear un espacio político amplio, suprapartidista, en el cual se debatan —sin cortapisas— los intereses colectivos y las alternativas de futuro. En otras palabras, la ética democrática reconoce la centralidad de los partidos políticos, pero exige, como ejercicio de libertad política, evitar que estos monopolicen el espacio público.

Uno de los retos que enfrentan los partidos de cara a las próximas elecciones es ampliar la práctica democrática en sus procedimientos internos. Entre las medidas que urge adoptar, está la de dar paso a nuevos líderes cívicos, incluyendo un mayor número de mujeres en puestos electivos y de poder. También urge normalizar la celebración de primarias para escaños electivos, incluyendo la participación de candidatos que no sean preaprobados por las maquinarias de los partidos.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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