El principio fundamental de la vida política en los Estados modernos, tanto ético como constitutivo, reside en los llamados derechos fundamentales del ser humano, o simplemente, los derechos humanos. Este principio, conocido en la lengua popular como derechos civiles, derechos ciudadanos o derechos individuales, son percibidos en el mundo moderno laico, por consenso universal, como inviolables (inalienables) y fija el marco de las relaciones formales y cotidianas entre los ciudadanos. Además, el contenido de este cuerpo legal y ético de derechos humanos establece límites reales al poder del Estado y define sus campos de responsabilidad ante el gobernado.

La Constitución de Puerto Rico (1952), en reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos para la convivencia política bajo una normativa moderna y democrática, establece en su artículo II una Carta de Derecho extensa en contenido, basada en lo que denomina “la dignidad e igualdad del ser humano”. En la primera sección de este segundo artículo, la Constitución dice: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”.

Este artículo procede a enumerar los derechos humano que considera fundamentales (ver la descripción de los derechos incluidos en el artículo II de la Constitución de Puerto Rico), pero establece en la sección 19 que los derechos no se habrán de limitar a los que menciona la Carta de Derechos, por lo que deberá prevalecer siempre una interpretación liberal de los derechos del ser humano: “La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente”. Este párrafo evidencia que, para la mentalidad dominante en Puerto Rico al momento de redactar su Constitución, los derechos humanos constituían la esencia de la libertad y la convivencia democrática, y que es en torno a ellos que se debe organizar la institucionalidad política al igual que las prácticas administrativas del país.

La literatura política reconoce diferentes categorías de derechos. La primera se conoce como los derechos civiles o ciudadanos (ciudadanía civil) y conforma derechos individuales como el de expresión, culto, asociación, propiedad y a ser juzgado por la ley, entre otros. A este cuerpo de derechos se le llama derechos civiles individuales por estar codificados en ley y estar directamente vinculados a la administración de la justicia estatal.

Una segunda categoría se refiere a los derechos políticos e incluye, entre otros, el sufragio universal (todo ciudadano tiene derecho al voto y todos los votos cuentan igual) y a ocupar cargos públicos. La responsabilidad de hacerlos cumplir reside, principalmente, en la Rama Judicial, pero también pesa sobre la Rama Ejecutiva y el Parlamento (Asamblea Legislativa). También hay una ciudadanía social (derechos sociales) entre los cuales se encuentran, principalmente, los derechos sociales y económicos como son la seguridad (paz social), la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la asistencia económica y, en términos generales, cierto nivel de bienestar social y seguridad económica. En síntesis, los derechos sociales comprenden lo que se ha llamado en teoría política moderna como el derecho de los seres humanos a unas condiciones de vida que alienten su autonomía y permitan su autorrealización.

En tiempos más reciente, ante la proliferación de prácticas hegemónicas y de depredación económica en el mundo (a lo largo del siglo XX y con mayor intensidad en las últimas décadas), se habla de otra categoría: la de los derechos colectivos. Los más conocidos de este grupo de derechos son:

1. El derecho de los diferentes sectores sociales a mantener sus identidades ante las presiones homogeneizadoras de las mayorías.

2. El derecho a la libre determinación como instrumento de liberación política cuando han prevalecido relaciones coloniales (es decir, el derecho de cada comunidad política para establecer sus propias normas de convivencia y políticas sociales).

3. La protección de los recursos y los ambientes naturales ante la depredación del desarrollismo (para beneficio de futuras generaciones), y

4. La igualdad social y económica.

Algunos derechos laborales están incluidos en los derechos humanos, al menos en cuanto a las normas generales que gobiernan las relaciones universales del empleo entre empresas y trabajadores (tanto en el sector privado como el público). El propósito de estas normas, codificadas en ley, es evitar la explotación indebida de los recursos laborales y garantizar el fruto razonable del trabajo realizado. El campo de los derechos laborales incluye también las normas generales que gobiernan las relaciones sindicales; pero no incluyen los llamados derechos adquiridos que algunos trabajadores obtienen de parte de sus patronos como resultado de las negociaciones colectivas particulares entre los sindicatos y las empresas. Estos derechos adquiridos por la acción sindical son más bien derechos contractuales y no caen en la categoría de derechos humanos; es decir, su fuente de validez (legitimidad) es un convenio contractual (laboral) particular y no la condición natural de ser humano.

Es importante tener presente que los derechos humanos, por definición, no son concedidos por el Estado, porque se trata de derechos naturales del ser humano. Por la misma razón, tampoco son el resultado de ninguna condición civil o ciudadanía particular. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, al igual que ocurre con el Bill of Rights de la Constitución de Estados Unidos, no otorga o concede derecho alguno; pero sí reconoce su vigencia moral y protege, al menos legalmente, su inviolabilidad. Es equivocado, por lo tanto, pensar que la ley (en este caso la Constitución) otorga derechos; la ley reconoce los derechos. Incluso, reconocer los derechos en ley tampoco garantiza que el Estado los habrá de respetar, dado su hábito de crear excepciones a las leyes cuando lo considere necesario (conveniente), y del monopolio que ejerce sobre el uso de la fuerza y la violencia. Casos de abuso de poder, particularmente por parte de agencias policíacas, son ejemplos de esta mentalidad relativista en cuanto a respetar los derechos humanos. Son muchos los casos de Estados constitucionales que han violado de forma sistemática los derechos humanos de sus ciudadanos y vecinos. El catálogo de las violaciones estatales en el mundo es largo y ubicuo y Puerto Rico no es una excepción.

En la cultura política puertorriqueña es común confundir el concepto de derechos humanos con el de los derechos civiles o derechos individuales y a relacionarlos con la condición de ciudadanos; en particular, a nuestra condición de ciudadanos de Estados Unidos o lo que se conoce en el lenguaje común como la ciudadanía americana (el término correcto en español es ciudadanía estadounidense). Se suele pensar, en otras palabras, que los derechos civiles son otorgados o concedidos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos y que estas normas aplican en Puerto Rico porque somos ciudadanos americanos. La razón histórica de esta deformación conceptual de nuestra cultura política, reside en nuestra experiencia de cuatro siglos de domino español bajo un régimen absolutista (autocrático) que tuvo tan solo breves momentos de políticas liberales, y cuya acción como regente fue determinada por su desconfianza manifiesta en cuanto a la lealtad de los ciudadanos, particularmente de los sectores criollos. Por lo tanto, el Gobierno español siempre limitó el campo de participación política de los criollos, ya sea directa o a través de las instituciones administrativas del Estado, reteniendo hasta el final del Imperio su hábito autoritario y antiliberal. La imagen de un Gobierno imperial atravesado por el autoritarismo, la desigualdad y empeñado en desatender los reclamos modernos de libertades políticas, contrastaba con la noción de que Estados Unidos, en cambio, era el líder del desarrollo de instituciones liberales en el hemisferio, mostraba ser fuente de prosperidad económica y privilegiaba la libertad como condición fundamental del ser humano. De modo que cuando se produjo la invasión estadounidense en el 1898, España había alienado la lealtad de la mayor parte de la población puertorriqueña, (tanto entre los sectores privilegiados como de los excluidos), la cual veía al antiguo hegemón como un país atrasado, carente de capacidad política para crear instituciones modernas y, más importante aún, incapaz de generar prosperidad económica. Por otra parte, Estados Unidos gozaba de buena reputación —política y económica—, por lo que generó esperanzas de auspiciar un gobierno democrático que acabara con los patrones de desigualdad social que había creado España y abriera las puertas de una actividad económica más productiva y próspera.

También los representantes de Estados Unidos, al llegar a Puerto Rico, ofrecieron introducir, bajo la égida de este nuevo imperio, instituciones liberales y principios democráticos. Este no fue necesariamente lo que ocurrió, como se puede observar a través del desarrollo de las administraciones estadounidenses hasta la Segunda Guerra Mundial, pero el leit motif (idea central) de la política puertorriqueña desde el 1900 (cuando se estableció el primer Gobierno civil bajo la Ley Foraker) hasta el presente, es ver a Estados Unidos, a pesar de los defectos de sus políticas coloniales, como motor del progreso social y de la prosperidad económica. En cuanto al tema de los derechos civiles, Estados Unidos se ha visto como fuente y garantía de los derechos individuales de los puertorriqueños.

Pero en la realidad, el desarrollo de los derechos humanos es uno de los temas centrales de la historia moderna de Occidente. La creación de la Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento paralelo de otras organizaciones internacionales han logrado incluir el tema de los derechos humanos en un lugar privilegiado de la agenda política contemporánea, incluyendo el rechazo universal de métodos de censura y de la aplicación de medidas punitivas e impositivas. El resultado es que hoy hay más vigilancia y atención mundial a las condiciones globales de los derechos humanos y se les hace cada vez más difícil a los Estados particulares mantener prácticas opresivas y restrictivas en sus sendos entornos. Estados Unidos ha sido tan solo uno de los actores importantes de este desarrollo histórico, pero en tiempos más recientes, el imperativo imperial (su condición como el imperio más poderoso del siglo XX) lo ha convertido en uno de los poderes globales más antagónicos a la proliferación de instituciones supranacionales que garantizan los derechos políticos de los seres humanos, donde quiera que sea.

Lo mismo ocurre en el campo del medioambiente. El mundo actual dedica cada vez más atención al problema de cómo proteger los ambientes naturales ante las prácticas depredadoras del desarrollo económico, busca métodos alternos de producir energía y ensaya con protocolos internacionales que obligan al cumplimiento de normas de control ambiental. El principio que ordena esta preocupación es el derecho de las próximas generaciones al disfrute de los recursos de la naturaleza; es decir, evitar que el uso indebido de los recursos naturales por unos intereses económicos hoy, agote su beneficio para las futuras generaciones. Pero Estados Unidos y China, las dos grandes potencias económicas del mundo actual, se muestran reacias a avalar mecanismos de control efectivos de los recursos naturales, por lo que se augura una disputa mundial en torno a la preservación y al usufructo de los ambiente naturales; es decir, una lucha global por los derechos colectivos del ser humano.

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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