El Parlamento moderno, considerado por la ética democrática como una institución política indispensable del Estado nacional, es la culminación de un largo y accidentado proceso de transformación histórica que tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando la ausencia de una autoridad estatal centralizada (tras la desintegración del Imperio romano de Occidente) requirió que los individuos y las comunidades locales buscaran la protección (seguridad) de un guerrero (señor). Así surgió un sistema de vínculos personales basado en obligaciones recíprocas, llamado relaciones de vasallaje, mediante el cual un señor proveía seguridad personal y estabilidad territorial a cambio de fidelidad y servicios personales, entre los cuales resaltaba el servicio militar y el pago de tributos. Es decir, el vasallo, a cambio de protección, tenía que prestar servicio en la tropa del señor cuando este lo requiriera, y estaba obligado a pagarle parte de su ingreso en moneda, en productos o en trabajo. Los señores, a su vez, se subordinaban a otros más poderosos (se avasallaban entre sí), creando una cadena jerárquica de vasallaje que se extendía por todos los reinos europeos. A la cabeza de esa cadena reinaba un príncipe (primero entre pares) usualmente designado rey o emperador.

La relación de vasallaje, como era de esperarse, era fuente de riquezas y privilegios para la aristocracia (señores), estaba sancionada por la Iglesia (en nombre de Dios) y pasó a ser la institución más ubicua, poderosa y duradera de la Edad Media; no solo era el vasallaje un vínculo vitalicio e indisoluble, sino que era obligatoriamente heredado por los descendientes (tanto de los señores como de sus vasallos) según las reglas tradicionales de herencia.

La importancia política de esta institución consistía en que mientras el vasallo delegaba poderes políticos a su señor, esta delegación no era absoluta y estaba predicada en la obligación del señor hacia su vasallo. En términos teóricos, la relación era voluntaria en sus orígenes y se montaba sobre un juramento personal consignado por ambas partes. Es decir, el señor se obligaba a proteger los intereses, la seguridad y el bienestar de sus vasallos. Por lo tanto, la autoridad política del señor en este marco de relaciones de vasallaje (incluyendo la del rey), no estaba ilimitada, en tanto quedaba enmarcada en obligaciones contractuales, sancionadas por la moral y la ley. No es de extrañar que más tarde, cuando las monarquías poderosas, (las llamadas monarquías absolutas) establecieron administraciones burocratizadas y centralizadas en sus reinos, logrando usurpar los poderes locales y aristocráticos tradicionales, se levantaron focos de resistencia política, algunos de los cuales resultaron en actos de magnicidio, como ocurrió en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Estos movimientos políticos justificaron sus acciones sediciosas aludiendo a la tradición de las obligaciones morales y legales del rey hacia los gobernados, según fijada en los vínculos medievales de vasallaje. Mientras el rey reclamaba que su poder soberano emanaba de Dios, los rebeldes insistían en que su legitimidad como gobernante radicaba en su vínculo con la comunidad.

El feudalismo, como se designa este sistema medieval de relaciones de vasallaje, a veces se complicaba a causa de las coyunturas que ponían en crisis la interpretación de estas relaciones jerárquicas. Por ejemplo, a mediados del siglo XI, Guillermo, duque de Normandía (y vasallo del rey de Francia) aceptó el juramento de fidelidad de Haroldo, un noble sajón de Inglaterra que se había unido a Guillermo en una guerra entre los normandos y sus vecinos bretones. Poco después, Haroldo fue designado rey de Inglaterra por los señores del reino sajón (el rey anterior murió sin herederos) y pensó que su juramento de lealtad a Guillermo, un mero duque, quedaba invalidado por su ascensión al trono inglés, un lugar de mayor jerarquía en la cadena de vasallaje. Guillermo, no obstante, sintió que Haroldo había violado su juramento de vasallaje, lo cual además de ser un delito político era considerado un pecado ante Dios y organizó como castigo una invasión de Inglaterra en el año 1066. Después de matar a Haroldo en la batalla de Hastings, Guillermo se coronó rey de Inglaterra. El evento habría de tener consecuencias enormes en la historia de Inglaterra, tanto políticas como culturales.

Como Duque de Normandía, Guillermo le debía fidelidad al rey de Francia, pero como rey de Inglaterra su poder era autónomo. Lo interesante del sistema es que todos los vasallos normandos de Guillermo, en virtud de que la relación de vasallaje era personal y no territorial, pasaron a ser también vasallos del rey de Inglaterra. Así comenzó una larga época de hegemonía normanda en Inglaterra y de conflictos jurisdiccionales que culminaron, varios siglos más tarde, en la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.

Otro ejemplo emblemático es el cuento que narra el Poema del mío Cid, que toma lugar en Castilla (España) en el siglo XIII y gira en torno a la relación de un noble castellano (señor feudal) al servicio del rey Alfonso. Uno de los temas principales del poema es la virtud de las relaciones de vasallaje y su importancia para el bienestar de la comunidad. En este caso, el rey es el que moralmente erró en su relación con el Cid Campeador, su vasallo, comprometiendo su vida y causando un distanciamiento entre ellos. Las consecuencias humanas, familiares y políticas que narra el poema son el trágico resultado del incumplimiento a cabalidad de las obligaciones del rey con su vasallo. El poema resume la tragedia, con un lamento sobre la trasgresión del rey Alfonso, mientras reafirma las virtudes del Cid: “que buen vasallo, si tuviera un buen señor”.

Lo relevante de estas dos anécdotas en el contexto del tema de los orígenes de la tradición parlamentaria es señalar que en Occidente, desde mucho antes de la Modernidad, ha habido una preocupación constante respecto a la distribución horizontal o vertical del poder político, sus normas y las consecuencias de su mal uso o abuso. El pensamiento literario y filosófico occidental está repleto de reflexiones sobre estos temas. El argumento recurrente, independientemente de las variaciones ideológicas, culturales y coyunturales, es que toda autoridad política debe estar constreñida por instituciones que establezcan con claridad las obligaciones y responsabilidades recíprocas de los gobernados y de los gobernantes. El orden y el bienestar social dependen de que la autoridad política se ejerza dentro del marco de estas normas y no de forma arbitraria o abusiva (autocrática).

Por eso, aun en tiempos de enorme inseguridad e inestabilidad, los señores feudales (la aristocracia) que componían las cadenas de poder aristocrático mientras administraban de forma autónoma sus sendos territorios, abrían espacios de participación política dentro de sus jurisdicciones a representantes de sus súbditos, como deferencia a la voluntad del gobernado. Al mismo tiempo establecieron hábitos y mecanismos para compartir las decisiones del reino con el monarca, utilizando como punto de partida (y límite funcional) la idea del vínculo de las obligaciones recíprocas. La más ubicua de esas instituciones fue la de los consejos o concilios reales, constituidos por los monarcas y los señores de mayor jerarquía, incluyendo a representantes de la Iglesia. En España, por ejemplo, se organizaron concilios reales para administrar los reinos de Castilla y Aragón, y otro para atender los asuntos de sus posesiones de ultramar, llamado Consejo de Indias. En estos cuerpos colectivos se discutían los asuntos del reino y se tomaban decisiones vinculantes. El Consejo de Indias llegó a tener una injerencia directa sobre los asuntos de Puerto Rico, incluyendo la articulación de políticas públicas (incluyendo la redacción de normas y estatutos) y la recomendación de candidatos para gobernar el territorio isleño.

Para el siglo XVI, en Inglaterra esta institución había evolucionado en el Parlamento inglés, una institución constituida por aristócratas y eclesiásticos (con cierta participación de los sectores económicos) que compartía con el rey las leyes del reino, sus beneficios y las decisiones políticas de la administración real.

El desarrollo de las monarquías centralizadas en términos de control administrativo y territorial se dio en un marco histórico de tensiones permanentes entre el estamento aristocrático y los monarcas, desatando en ocasiones conflictos dramáticos. Cuando reinaban reyes competentes y efectivos y se daban coyunturas históricas que favorecían la centralización de la autoridad, el poder de los monarcas crecía a expensas de la nobleza. Tal es el ejemplo de España a fines del siglo XV, cuando los reyes Católicos consolidaron las monarquías de Castilla y Aragón, expulsaron a los moros de la península y comenzó la colonización del Nuevo Mundo. Por el contrario, cuando reinaban monarcas débiles e ineptos, como fue el caso de Juan sin Tierras (King John) en Inglaterra a principios del siglo XIII, los señores extraían poderes autónomos (privilegios feudales) a expensas de la autoridad del rey. La Magna Carta que el rey Juan fue forzado a endosar por los señores del reino británico en el 1225, y que se celebra hasta el día de hoy como uno de los documentos fundacionales de la tradición parlamentaria, no es más que una confirmación codificada en ley de los privilegios feudales medievales que el monarca, como primero entre pares, estaba obligado a respetar.

En cierto modo, se puede decir que la transición de la Edad Media a la modernidad —en términos de la vida política— estuvo irreversiblemente marcada por la consolidación del poder monárquico a expensas de los privilegios feudales; un proceso que culminó con las grandes monarquías absolutas y burocratizadas, particularmente en Francia e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII. Vale apuntar, sin embargo, que durante esta época de consolidación monárquica surgieron, con renovada energía, movimientos contestatarios que utilizaron la tradición medieval y el principio parlamentario de representación sectorial como arma ideológica en contra del absolutismo real. En Inglaterra, por ejemplo, el Parlamento fue la institución política en torno a la cual se organizó, a mediados del siglo XVII, el desmantelamiento de la monarquía absoluta (incluyendo el magnicidio de los reyes Charles II y James I), introduciendo, en su lugar, el sistema de la monarquía constitucional que sentó las bases constitucionales del modelo de Estado democrático británico de la época moderna. Y más tarde, al final del siglo XVIII, el llamado Siglo de las Luces, la Revolución estableció de forma definitiva la relación indisoluble entre los Parlamentos y la libertad política de los ciudadanos.

No obstante las tradiciones medievales respecto a las relaciones de las obligaciones recíprocas entre gobernados y gobernantes, (incluyendo el hábito de los sectores privilegiados de incorporar en instituciones políticas su participación en los asuntos del Estado), el mundo político europeo del siglo XVII seguía estando profundamente atravesado por una ideología autoritaria o autocrática. El enorme poder de los reyes en las grandes monarquías absolutas, donde gobernaban por la gracia de Dios y en alianza con la aristocracia y la Iglesia (y no por la voluntad de los gobernados) se montaba sobre la idea de que los derechos de los individuos y de las comunidades no eran naturales sino el producto de la generosidad discrecional del Estado (del monarca). El bienestar de la comunidad era sinónimo de la voluntad real y el orden social dependía de que todos acataran esa voluntad. Según la norma autoritaria, los súbditos requieren, para evitar el caos moral al cual propende su inclinación natural, subordinarse a una autoridad capaz de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo incorrecto. Por eso, la tradición autoritaria considera que la virtud política principal del súbdito es su lealtad, obediencia y docilidad. No hay peor transgresión moral (y política) que la desobediencia, la disidencia y la rebelión.

Pero el suceso histórico que cambió el panorama fue la Revolución francesa del 1789. Fue un movimiento de masas de profunda radicalidad, que habría de alterar la configuración ideológica mundial respecto a la naturaleza del contrato social y la configuración del Estado moderno. Uno de sus principios, el de la representatividad y la separación de poderes, había sido implantado en Inglaterra con el encumbramiento del Parlamento como institución política principal. Pero fue la Revolución francesa la que logró transformar la imaginación política de Occidente y dotar a la institución parlamentaria, según las normas democráticas modernas, de la función exclusiva de legislar las leyes del Estado.

Tras esta revolución política (al igual que la Revolución Industrial inglesa) yacía la sensibilidad y ambición de la gran burguesía europea, la cual entendía que el surgimiento del Estado liberal era una condición necesaria para adecuar las instituciones del Estado a las necesidades de los tiempos y reconocer, al mismo tiempo, el poder político de la clase social responsable de la prosperidad que generaban las nuevas actividades industriales y comerciales de largo alcance. El mundo agrario tradicional, sobre el cual se montaba el estamento feudal (aristocrático) tradicional, constituía, para esta nueva sensibilidad, un anacronismo social. Armada de una cultura laica que encumbraba la racionalidad del ser humano sobre la autoridad religiosa y promovía al mismo tiempo la idea de la autonomía del individuo, la gran burguesía europea de fines del siglo XVIII desarrolló el concepto de ciudadano para reemplazar, como ente político del Estado, la antigua figura política del súbdito real.

El crecimiento económico y social de Europa durante los siglos XVII y XVIII, a pesar de que había sido apoyado y promovido por las autoridades monárquicas, fue generado principalmente por la gran burguesía, una nueva clase económica basada en las ciudades y libre de las restricciones tradicionales de la tradición aristocrática. Esta nueva burguesía (llamada así por sus vínculos con las ciudades) capaz de efectuar transacciones comerciales a larga distancia (ultramarinas), con el apoyo del Estado, había sido el motor del constitucionalismo inglés y la organización de la primera revolución industrial. Este desarrollo industrial basado en las tecnologías del vapor y la metalurgia, inició la transformación del panorama económico mundial, particularmente en las comunicaciones (terrestres y marítimas) y ayudó a impulsar la Revolución francesa, la gran revolución política de la época.

El periodo entre el 1789 y el 1848 ha sido designado por los historiadores como la era de las revoluciones. Durante esos años se consolidó en la mentalidad de Occidente una nueva forma de organizar el Estado, basada en valores democráticos. Es decir, la Revolución Industrial en lo económico (con Inglaterra como epicentro) y la Revolución francesa en lo político constituyeron una revolución dual que logró transformar el panorama institucional de Occidente y trascendió el marco territorial europeo, llegando a ejercer una influencia mundial.

Durante esos años surgió un nuevo vocabulario político, sin el cual no es posible imaginar el mundo moderno: industria, fábrica, clase media, clase trabajadora, proletariado, capitalismo, socialismo, ciudadano, ferrocarril, liberal y conservador, nacionalidad, ingeniería, sociología, científico, crisis, estadísticas, utilitarismo e ideología, entre otros. Por todas partes proliferaron revoluciones políticas y sociales que implantaron instituciones parlamentarias representativas. Los movimientos de independencia en Latinoamérica adquirieron su combustible ideológico de esta revolución dual, y reemplazaron el viejo Imperio continental español con una nueva comunidad de naciones independientes en todo el continente, desde México hasta la Patagonia. Y en todas ellas se hizo imprescindible organizar instituciones parlamentarias liberales.

El liberalismo, en el contexto de esta época, es sinónimo de parlamentarismo. España, a pesar de su larga tradición autocrática, también sintió la revolución liberal y como resultado se organizaron las Cortes (nombre que se le dio en España al Parlamento nacional). La constitución de las Cortes incluyó integrar en su cuerpo legislativo a representantes de todos los territorios del reino, incluyendo sus colonias en América. El representante designado (elegido) de Puerto Rico ante las Cortes, convocadas en la ciudad de Cádiz en 1812 fue Ramón Power y Giralt. Fue la primera vez en más de tres siglos de dominio español que Puerto Rico tuvo algún tipo de representación política en el Gobierno peninsular.

Durante esos años no solo se consolidó el Estado liberal moderno con sus instituciones parlamentarias y sus economías capitalistas. También surgieron, ante las consecuencias de la explotación económica y las limitaciones formales de las instituciones y de las prácticas democráticas, fuerzas sociales contestatarias que habrían de modificar el desarrollo de las estructuras económicas y las formas de organizar el Estado. En 1848, año de brotes revolucionarios por toda Europa, se publicó el Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, como un análisis y denuncia ante los efectos sociales adversos de la revolución dual de 1789-1848. El conocido historiador austro-británico Eric Hobsbawm expresó que: “el periodo histórico que comenzó con la construcción del primer sistema fabril del mundo moderno en Lancasshire y la Revolución francesa del 1789, termina con la construcción de la primera red de ferrocarril y la publicación del Manifiesto comunista”.
Vale aclarar, sin embargo, que el triunfo de esa gran revolución dual, entre el 1789 y el 1848, representó un cambio democrático limitado. Más que libertad, igualdad y fraternidad, fue una revolución de las clases medias, de la burguesía liberal ilustrada. Durante esas décadas, por ejemplo, los nuevos regímenes democráticos no adoptaron el principio del sufragio universal, sino que restringieron el derecho del voto a los varones de las clases propietarias. Los Parlamentos iniciales, por lo tanto, no incorporaron una representación popular y universal, sino que se convirtieron en órganos representativos de las clases medias, sus valores políticos y sus intereses. Así sucedió en Puerto Rico con la elección de Ramón Power.

En la economía también el cambio fue limitado. La primera Revolución Industrial marcó realmente el desarrollo del capitalismo industrial. Más que un desarrollo industrial, se trató del desarrollo del capitalismo industrial avalado por las políticas de Estado. La organización de un mercado mundial por parte de una clase de empresarios privados tuvo como motor el apoyo activo y consecuente del Estado, basado en la idea de que promover la ganancia privada constituía el fundamento de la prosperidad nacional y, por lo tanto, debía orientar la política de Estado. Hobsbawm, concluyó que para el año de 1848: “nada parecía detener la conquista de territorios por parte de Gobiernos y empresarios occidentales que lo consideraban ventajoso; así como que nada, excepto el tiempo, parecía oponerse al progreso de la empresa capitalista de Occidente”.

En otras palabras, durante esos años se consolidó el Estado liberal moderno con su doble fundamento institucional: la economía capitalista y un Parlamento limitado en su ámbito representativo. También, ante las consecuencias sociales de la explotación económica, y reconociendo las limitaciones de la práctica parlamentaria y las contradicciones mostradas por los sistemas liberales, surgieron en todas partes fuerzas políticas contestatarias que habrían de modificar tanto el desarrollo de las estructuras económicas como la organización del Estado.

Esta energía antagónica al capitalismo y el Estado liberal generó movimientos políticos mundiales que lograron expandir, con el tiempo, el contenido democrático de los Estados. La abolición de la esclavitud en el siglo XIX (que en Estados Unidos fue una de las causas de una cruenta guerra civil) y el sufragio universal implantado en las primeras décadas del siglo XX, representan momentos emblemáticos en el desarrollo de la ética democrática moderna. El sufragio universal, en particular, habría de alterar la constitución de los Parlamentos, convirtiéndolos en órganos de representación popular y no tan solo de los sectores privilegiados.

Por otro lado, las revoluciones socialistas que buscaban eliminar las prácticas excluyentes y opresivas del capitalismo mundial también reclamaron su espacio en las vanguardias democráticas. En la realidad, sin embargo, el encumbramiento de valores sociales sobre el proceso de democratización tuvo el efecto nocivo de insertar estructuras autocráticas en los regímenes revolucionarios. Se puede concluir, con datos empíricos, que al subordinar la función representativa de los Parlamentos (derechos políticos) y los derechos individuales a los imperativos de la justicia social tuvo efectos negativos para el desarrollo de las instituciones democráticas, promoviendo, en su lugar, la continuidad de prácticas autocráticas. Este fue el caso de la Unión Soviética, producto de la primera gran revolución social contra las injusticias del capitalismo y los límites del Estado liberal.

Hoy, el panorama político institucional es incierto en cuanto a la salud de las prácticas democráticas y la integridad de sus instituciones estatales. Las presiones del capital globalizado han causado un retraimiento de las funciones de los Estados en cuanto a la prestación de los servicios sociales y la reglamentación de las actividades económicas. Por todas partes se anuncia el achicamiento de los Gobiernos y el desmantelamiento del estado benefactor (lo cual esconde una redistribución de los bienes del Estado hacia los sectores corporativos a expensas de los servicios sociales). Los efectos de la globalización sobre la configuración de los Estados posindustriales, la ética liberal, las prácticas democráticas y el poder real de los Parlamentos como instituciones realmente representativas de la voluntad popular son temas de particular urgencia en el mundo actual, que ya comienzan a generar una extensa discusión crítica en la esfera pública mundial.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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