William McKinley, Presidente de Estados Unidos (1897-1901)

William McKinley, Presidente de Estados Unidos (1897-1901)

El Congreso de Estados Unidos aprobó el 11 de abril de 1900 la Ley Foraker o Primera Ley Orgánica, la cual reemplazaba al gobierno militar, que había existido en Puerto Rico desde que finalizó la Guerra Hispanoamericana, por uno civil. No obstante la selección del gobernador y los funcionarios del gabinete seguían bajo el Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Esta ley mantenía el estatus de colonia de la Isla. La misma estuvo vigente hasta el 1917.

En 1898, tras la derrota de España en la Guerra Hispanoamericana y la firma del Tratado de París, Puerto Rico pasó a ser territorio de Estados Unidos. Desde el 25 de julio de 1898 hasta el primero de mayo de 1900, Puerto Rico se consideró un territorio ocupado, por lo que su gobierno era de carácter militar, liderado por altos oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses.

Ante el creciente descontento y la ambigüedad del estatus político, muchas de las figuras políticas puertorriqueñas comenzaron a abogar en Washington para que se resolviera el asunto del estado legal de Puerto Rico. El estatus político prevaleciente acarreaba problemas tales como la imposición de altos aranceles a los productos que iban de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa, lo que se debía a que la Isla se consideraba aún un territorio extranjero.

El 9 de enero de 1900, el presidente del Comité del Senado de Estados Unidos para las islas del Pacífico y Puerto Rico, el senador Joseph B. Foraker, presentó un proyecto de ley que abordaba la situación puertorriqueña. En su forma original, el proyecto extendía la constitución, las leyes y la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico y se liberalizaría el comercio. Algunos sectores estadounidenses no estuvieron de acuerdo en conferir tanta libertad a los puertorriqueños por lo que el proyecto fue enmendado. Finalmente, se aprobó el 11 de abril de 1900.

La ley disponía la creación de un cuerpo político llamado el “Pueblo de Puerto Rico”, con ciudadanía puertorriqueña y la protección de Estados Unidos. Esto resultó problemático debido a que la Isla no era un estado soberano, sino que para todos los efectos seguía siendo una colonia.

También, establecía un gobierno civil para la Isla, cuyos puestos políticos estarían ocupados, en su mayoría, por funcionarios estadounidenses. El poder ejecutivo estaría en manos de un gobernador civil, el cual sería seleccionado por el presidente de Estados Unidos. Los poderes legislativos locales residirían en una Asamblea Legislativa, que constaba de un Consejo Ejecutivo de 11 miembros, de los cuales no podría haber más de 5 puertorriqueños, y una Cámara de Delegados de 35 miembros elegidos cada dos años por el pueblo.

El gobernador podía nombrar algunos de los funcionarios, pero la mayoría de estos eran elegidos por el presidente de Estados Unidos. El Consejo Ejecutivo servía, además, como gabinete del gobernador, quien, a su vez, tenía el poder de vetar toda legislación decretada. Las leyes que decretara la Asamblea Legislativa tendrían que recibir la aprobación del Congreso de Estados Unidos, el cual tenía la facultad de anularlas.

La Ley Foraker, también, creaba el puesto de comisionado residente en Washington, el cual sería electo por el pueblo cada dos años. Originalmente, podía presentarse ante todos los departamentos pero no ante el Congreso. El poder limitado del comisionado residente causó insatisfacción en los líderes puertorriqueños que abogaron para que se les otorgara el mismo derecho que tenía el del territorio de Hawái, que tenía un delegado en el Congreso con voz, pero sin voto. Este derecho se le confirió al delegado de Puerto Rico en 1904.

El poder judicial recaería en las cortes y tribunales de Puerto Rico: el Tribunal Supremo, los tribunales de distrito y los tribunales municipales, que se crearon durante el gobierno militar. El Supremo tendría un juez presidente, cuatro jueces asociados y un alguacil nombrados por el presidente. El gobernador se encargaría de escoger a los jueces de los tribunales de distrito, con la aprobación del consejo ejecutivo, y la asamblea legislativa nombraría a los jueces de los tribunales municipales, así como los demás empleados. La ley decretaba, a su vez, que Puerto Rico creara un distrito judicial con su propio tribunal de distrito (tribunal federal), con las mismas funciones que los tribunales de distrito de Estados Unidos, en el que se atenderían los casos que, por lo general, se procesaban en las cortes de circuito de Estados Unidos.

El canje de la moneda se fijó en 60 centavos estadounidenses por cada peso español, lo que constituía una devaluación del valor del peso. Esto tuvo como consecuencia que los precios aumentaran, mientras que los salarios se ajustaron al cambio.

En cuanto a los impuestos, se estipulaba que se cobrarían los mismos aranceles que en Estados Unidos sobre los artículos importados de países extranjeros. Las mercancías intercambiadas con Estados Unidos estarían sujetas al pago de un 15% de los derechos arancelarios que devengaban los artículos similares que procedían de países extranjeros. Sin embargo, una vez que el gobierno de Puerto Rico estableciera el sistema de tributación local, se dejarían de cobrar los derechos de aduanas sobre la mercancía que llegara a Puerto Rico procedente de Estados Unidos y viceversa. Además, toda mercancía que se intercambiara entre la Isla y la nación estadounidense se transportaría en barcos de la marina mercante de Estados Unidos, la cual era más cara que la de otros países.

Con la Ley Foraker, el gobierno de Estados Unidos procuraba definir la relación política y económica que tendría con la Isla.

 

 

 

Autor: Grupo Editorial EPRL
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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