La Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) establece que el Poder Judicial será liderado por un Tribunal Supremo, compuesto por un juez presidente y jueces asociados nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado. A pesar de que la Constitución fija el número de jueces en cinco –un juez presidente y cuatro asociados– le otorga a la Legislatura la potestad de autorizar, a petición del pleno del Supremo, un número mayor de jueces. El Tribunal Supremo fue primero aumentado a siete jueces y luego, en 2011, a nueve. Los nombramientos al Supremo son vitalicios y tan solo están sujetos al proceso de residencia descrito en la sección 21 del artículo III de la Constitución, cuando se detecta conducta impropia. La Legislatura recibió también la encomienda de fijar por ley los componentes inferiores del sistema judicial que han de funcionar bajo la supervisión del Supremo: “El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley” (sección 1, art. 5). A la fecha, el Poder judicial incorpora un Tribunal de Primera Instancia compuesto de salas “Superior” y “Municipal”, dividido en trece regiones judiciales. Completa el sistema un Tribunal Apelativo que funge como paso procesal intermedio entre los Tribunales de Primera Instancia y el Tribunal Supremo. Los jueces del Supremo, al igual que los de las otras instancias, tienen una edad de retiro obligatoria de 70 años.

Para propósitos de crear un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración, la Constitución establece que el Tribunal Supremo ha de ser siempre el tribunal de última instancia y, siguiendo el principio republicano de separación de poderes, ordena que funcione bajo reglas de su propia adopción; es decir, sin injerencia de las otras dos ramas de Gobierno. Esto incluye lo pertinente a la administración y funcionamiento de los tribunales, incluyendo reglas de evidencia y de procedimiento civil, asegurando que estas reglas no violen las leyes aplicables al Gobierno en general. El juez presidente del Tribunal Supremo tiene la autoridad constitucional de dirigir la administración de los tribunales, y ostenta el poder de designar un director administrativo de su confianza.

Al día de hoy, una Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) ha sido organizada para cumplir con las obligaciones administrativas del sistema judicial, incluyendo una Oficina de Inspección de Notarías, un organismo autónomo adscrito a la Oficina del Presidente del Tribunal Supremo. Es de notar, que a pesar de que el pleno del Tribunal Supremo no participa de la administración de la Rama Judicial (solo el presidente tiene esta autoridad constitucional), sí tiene la encomienda de atender otras tareas como evaluar el trabajo de los jueces, diseminar la jurisprudencia vigente y mantener una Junta Examinadora del ejercicio de la abogacía y notaría.

No obstante su obligación indelegable de implantar un sistema judicial nacional y velar por su eficiente operación como mediador de las relaciones entre ciudadanos basada en la aplicación uniforme y objetiva de la ley, la función primaria del Poder Judicial, y en particular el Tribunal Supremo, radica en proteger los derechos de los ciudadanos aplicando e interpretando no solo la ley, sino los principios y valores de una sociedad libre, según dicta la norma constitucional vigente y las aspiraciones de nuestra cultura política. La única institución autorizada para interpretar la Constitución y resolver conflictos entre el sector público y los entes privados es la Rama Judicial; la cual también es llamada a resolver conflictos jurisdiccionales entre las otras dos ramas de Gobierno. Un tribunal profesionalizado, ajeno a los otros poderes gubernamentales constituye, por lo tanto, el único reducto con que cuenta el ciudadano para protegerse de la arbitrariedad y los abusos del poder político y económico que suelen acompañar las coyunturas de privilegio y desigualdad. La vida libre en una sociedad moderna cargada de contradicciones, transformaciones impredecibles y continuos y profundos conflictos internos es difícil de implantar y mantener; pero a la vez es impensable sin un Poder Judicial capaz de asumir su autonomía institucional y confrontar con éxito las presiones de las jerarquías sociales y políticas. La Constitución así lo exige.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Entradas relacionadas

Comente

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades agradece los comentarios constructivos que los lectores de la Enciclopedia de Puerto Rico nos quieran hacer. Por supuesto, estos comentarios son de la entera responsabilidad de sus respectivos autores.