El sistema de Gobierno democrático-liberal que opera en Puerto Rico privilegia el principio de los derechos ciudadanos individuales y colectivos, los cuales por ser considerados naturales e inalienables (según la ética liberal moderna), el Estado está obligado a respetar y a codificarlos en ley. En el caso de Puerto Rico, estos derechos están específicamente enumerados en la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de 1952 y definen el marco de las relaciones del Estado con los ciudadanos; es decir, de la relación política del Estado con cada individuo. Por esa razón, los llamados derechos individuales (también denominados derechos civiles) se definen en la literatura jurídica como derechos políticos. Se puede alegar, por tanto, que el propósito fundamental de la Rama Judicial, particularmente del Tribunal Supremo, es proteger estos derechos; lo cual también justifica su independencia de los poderes políticos: Ejecutivos y Legislativos. En otras palabras, su responsabilidad primaria es evitar el uso arbitrario del poder por parte de los administradores del Estado y los poderes sociales dominantes, y servir de garante de los derechos y obligaciones de ambas partes, el Estado y los ciudadanos, según están estos codificados en la Constitución y la ley.

Por esa razón, la Constitución del ELA, en el artículo 2, establece una Carta de Derechos de 18 secciones que no puede ser alterada por el poder político, salvo por la expresa aprobación de un referéndum popular. En esta Carta de Derechos se resume la visión política del país, al establecer los principios básicos que gobiernan la relación del Estado con los ciudadanos. Ella encarna los valores libertarios y republicanos que definen no solo una forma de Gobierno, sino la convivencia cotidiana; es decir, las relaciones interpersonales e institucionales. Tan es así, que en una sección posterior (sección 19), la Constitución abre las puertas a la inclusión de derechos adicionales que en el futuro se reconozcan importantes para la vida democrática: “la enumeración de derechos no se entenderá de forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo”.

La Carta de Derechos de la Constitución del ELA (artículo II):

· Sección 1. Bajo el principio de la dignidad del ser humano y la igualdad de todos ante la ley, esta sección prohíbe el discrimen por motivos de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social ni ideas políticas o religiosas.

· Sección 2. Garantiza el sufragio universal; es decir, la participación electoral de todos los ciudadanos.

· Sección 3. Prohíbe aprobar leyes que restrinjan el establecimiento de cualquier religión y garantiza el libre ejercicio del culto religioso.

· Sección 4. Garantiza el derecho de expresión, de prensa, de reunirse en asamblea y de pedir al Gobierno la reparación de agravios.

· Sección 5. Esta sección establece el derecho a la educación y obliga al Estado a mantener un sistema gratuito de educación pública, primaria y secundaria. Aunque también fija el derecho a la educación privada, la sección establece que no se podrán utilizar fondos públicos para escuelas o instituciones que no sean del Estado (públicas).

· Sección 6. Se refiere al derecho de crear organizaciones sociales privadas para fines lícitos, con la excepción de organizaciones militares y cuasi militares.

· Sección 7. Establece la igualdad de todos ante la ley y le prohíbe al Estado privar a ninguna persona de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Esta sección desautoriza la pena de muerte y prohíbe aprobar leyes que menoscaben las obligaciones contractuales.

· Sección 8. Protege contra ataques a la honra, la reputación y la vida privada. Esta es la disposición que prohíbe el libelo.

· Sección 9. Aquí se establece el derecho más importante del sistema capitalista: el derecho a la propiedad privada. De acuerdo a esta disposición, el Estado no puede perjudicar la propiedad privada, a no ser mediante compensación fijada por criterios del mercado y la aplicación de procedimientos estrictos. También prohíbe expropiar imprentas o medios de publicación.

· Sección 10. Esta sección limita la aplicación arbitraria de medidas policíacas por parte del Estado. Se establece la protección de las “personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”. También se prohíben las intervenciones telefónicas y se obliga al Estado a limitar los registros, allanamientos y arrestos, solo a cuando exista causa probable y los detalles de la acción policial se detallen bajo juramento o afirmación.

· Sección 11. Esta sección es sobre los procesos criminales, y especifica los derechos de los acusados a un juicio rápido y público, a recibir copia de la acusación, a carearse con los testigos en su contra, a la comparecencia obligatoria de los testigos a su favor, al derecho a tener asistencia legal y a gozar de la presunción de inocencia. En el caso de delitos graves, se obliga a un juicio por jurado (compuesto de doce vecinos) en cuyo veredicto deberán concurrir al menos nueve de ellos. Otros derechos especificados en esta sección son:

–El derecho a la libertad bajo fianza y a que esta no sea excesiva.

–La detención preventiva no excederá seis meses.

–Nadie será expuesto de ser castigado dos veces por el mismo delito.

–Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio.

· Sección 12. Establece que no existirá la esclavitud, la servidumbre involuntaria ni los castigos crueles e inusitados. También se prohíbe aprobar leyes ex post facto (que aplique a eventos pasados) y condenar a nadie sin la celebración de un juicio.

· Sección 13. Establece que el auto de habeas corpus (derecho del detenido a comparecer ante un tribunal para que resuelva si el arresto fue legal y debe mantenerse) será concedido con rapidez y libre de costas. También declara que la autoridad militar estará subordinada a la autoridad civil.

· Sección 14. Impide conferir títulos de nobleza u otras dignidades hereditarias y le prohíbe a los funcionarios del Estado recibir regalos, donativos y condecoraciones del extranjero.

· Sección 15. Prohíbe el empleo de menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial para la salud, la moral o la integridad física. Tampoco permite ingresar en prisión a un menor de dieciséis años.

· Sección 16. Reconoce el derecho de todo trabajador a:

–Escoger libremente su ocupación y renunciar a ella.

–Recibir igual paga por igual trabajo.

–Un salario mínimo razonable.

–Protección contra riesgos a su salud o integridad personal.

–Una jornada ordinaria que no exceda ocho horas.

–Compensación de una vez y media por trabajo en exceso del límite diario.

· Sección 17. Establece el derecho de los trabajadores de empresas privadas y corporaciones públicas a organizarse y negociar colectivamente: es decir, a negociar de forma directa con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección.

· Sección 18. Garantiza el derecho de realizar huelgas, piquetes y otras actividades laborales.

· Sección 19. Establece que los derechos enumerados en las secciones 1 a la 18 no se entenderán de forma restrictiva.

· Sección 20. El Estado Libre Asociado reconoce, además, los siguientes derechos sociales:

a. Recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

b. Obtener trabajo.

c. Disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

d. Protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física.

e. El derecho de toda mujer a tomar en consideración su estado grávido o de lactancia y de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales.

La Carta de Derechos cierra reafirmando el deber del Estado de propiciar la libertad integral del ciudadano y de expandir el sistema productivo para asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos.

Al añadir estos derechos sociales (colectivos) a la lista de derechos políticos individuales, la Carta de Derechos de la Constitución del ELA se coloca a la vanguardia de la moral política social-demócrata del mundo moderno. En este contexto, las Ramas Ejecutiva y Parlamentaria no están solo obligadas a respetar, en todo momento, la vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos en el devenir de sus vidas individuales, familiares y profesionales —los llamados derechos democráticos—, sino que están obligadas a promover la igualdad económica (la libertad como producto de una justa distribución de riquezas), mediante la implantación de políticas públicas “que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible”. Este tema de los derechos sociales, particularmente en cuanto a la distribución de riquezas, constituye una de las polémicas ideológicas más profundas y pertinentes del mundo contemporáneo.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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