El Caribe es una de las regiones políticamente más complejas y variadas del mundo, por lo cual una síntesis de las características y rasgos compartidos entre los diferentes países que lo componen es una tarea difícil. El Caribe está definido aquí como el conjunto de islas ubicado entre el golfo de México y la desembocadura del río Orinoco (incluye, a su vez, el archipiélago de las Bahamas, las islas holandesas frente a las costas venezolanas y los territorios continentales de Belice, Guyana y Surinam). Este grupo de islas y territorios alberga unidades plenamente soberanas, parcialmente soberanas (Aruba, Curazao), con grados importantes de autonomía (Puerto Rico, Islas Caimán) y provincias de países extraregionales (Martinica, Guadalupe). Las extensiones territoriales y la distribución de la población pasan por importantes variaciones, desde microestados, como San Vicente y las Granadinas, a países de tamaño pequeño como Cuba, y otros de gran extensión territorial, pero de poca población, como Guyana o Surinam.

El Caribe incluye una multitud de organizaciones del Estado, desde repúblicas presidenciales (República Dominicana, Guyana), semipresidenciales (Haití), sistemas parlamentarios (Barbados, Jamaica) y un sistema socialista (Cuba). En términos de libertades sociales y civiles, según los índices internacionales, el Caribe posee algunas de las sociedades más libres y abiertas del mundo, como Barbados y Antigua; otras parcialmente libres y abiertas, como Haití; y otras no abiertas ni libres, como Cuba. Del mismo modo, según la clasificación de las Naciones Unidas, el Caribe incluye sociedades con altos índices de desarrollo humano (Cuba, Puerto Rico, Bahamas) comparables a los de países desarrollados, mientras que posee uno de los países con menor desarrollo humano (Haití) en el mundo, y otros en los cuales la agenda de desarrollo humano pasa por importantes desafíos (Guyana, Belice).

Esta variedad de características dificulta la posibilidad de un análisis comparado riguroso de los procesos políticos de la región (como la democratización o las relaciones entre Estado y movimientos sindicales), ya que el tipo de variable que interviene en cualquier circunstancia política tiende a ser específica al caso o al país en cuestión. Del mismo modo, y por las mismas razones, se dificultan las generalizaciones y aplicaciones a la región de las experiencias o circunstancias de países específicos (como por ejemplo, el alto nivel de participación política en las elecciones presidenciales en las repúblicas de la región). Esta observación pudiera resultar un tanto extraña, ya que en muchos análisis y estudios políticos se caracteriza al Caribe como una sola región y se tiende a generalizar sobre su comportamiento (sobre todo en el tema económico). Aun cuando a primera vista existan suficientes elementos comunes que parecerían simplificar la tarea de generalización y comparación, la lección que se desprende de este ensayo es que el Caribe es, efectivamente, una región de importantes contrastes sociopolíticos que dejan en evidencia los diferentes rumbos políticos que han asumido sus países.

Sobre la base de estos elementos comunes es posible hablar de algunos temas, renglones y áreas que resultan fundamentales para entender las convergencias y las divergencias políticas entre los países de la región caribeña.

El tamaño —relativamente pequeño— de todos los países caribeños es un fenómeno condicionante del desarrollo, de la estructura y del comportamiento político de buena parte de los Gobiernos del Caribe. Contrario a los países del continente latinoamericano, donde la evolución del Estado se debió en buena medida a la necesidad de crear una estructura política para extraer recursos y administrar vastas extensiones de territorio, en el Caribe no se puede hablar de esto como un principio o característica fundamental del Estado. Desde sus orígenes, el Estado caribeño fungió como administrador y árbitro de relaciones productivas, sea en virtud del mercantilismo español y francés o de las compañías comerciales inglesas y holandesas. En este sentido, el problema esencial del Estado caribeño nunca fue su incapacidad de administrar un territorio o de “penetrar” la sociedad a través de la autoridad o de la monopolización en el uso de la fuerza. Por el contrario, la relativa cercanía del Estado a las sociedades caribeñas ha significado que, a través de su historia, el Estado ha jugado un papel más directo en el desarrollo económico y social de los países del Caribe que en los países latinoamericanos o de Norteamérica. Esto, sin embargo, no implica que sea un Estado con altas capacidades administrativas, y he aquí una de las contradicciones más importantes en la política caribeña. Una de las desigualdades más importantes en términos de la gobernanza en el Caribe tiene que ver con la irregularidad en la calidad de las instituciones de la región, como se verá más adelante.

La pequeñez territorial de los países del Caribe y su cercanía a importantes fuentes de recursos naturales estratégicos han implicado que sean países con economías abiertas, estrechamente vinculadas a la economía internacional y a los centros mundiales de poder político y económico. La globalización es una realidad fundacional del Caribe y no un hecho histórico reciente. Esto a su vez ha tenido varias implicaciones para el desarrollo político y económico de la región. En un sentido doméstico, la extrema dependencia del comercio internacional para la viabilidad y la supervivencia económica significa que en el Caribe no hubo proyectos de sustitución de importaciones que alimentaran el desarrollo de una clase industrial local, excepto en casos limitados —como Trinidad y Tobago y la Cuba prerrevolucionaria—, y aun así, ambos con importantes condicionantes y excepciones (aparte de ciertas variables importantes como fue la presencia colonial en el Caribe angloparlante hasta la década de los sesenta). Típicamente, las clases empresariales locales han provenido de sectores agrícolas y de servicios, ambos vinculados estrechamente a entes trasnacionales. Por lo tanto, los Estados caribeños han tenido importantes limitaciones a la hora de hacer política industrial (renglón de gran importancia en el éxito económico de los países en desarrollo de Asia y Latinoamérica, por no decir de algunos países avanzados de Europa y de Asia). De la misma forma, la capacidad de generación de recursos a través de impuestos, característica considerada como fundamental para el desarrollo de Estados fuertes con altas capacidades administrativas, también ha sido bastante limitada, sobre todo en el Caribe hispano y francés.

En otras palabras, el Caribe es una región de líderes fuertes, pero Estados débiles. El papel del líder es una característica histórica importante del desarrollo político del Caribe, desde las luchas por la independencia en Haití y Cuba, hasta los proyectos revolucionarios de Granada y Cuba. En este sentido, la fortaleza de los liderazgos políticos caribeños está ligada a uno o más de los siguientes fenómenos que se han observado en la región: la absoluta centralidad del presidente o de la figura del ejecutivo del país para el diseño e implementación de políticas o para el funcionamiento del Estado; y la capacidad de organizar grandes masas populares o coaliciones en la búsqueda de objetivos políticos o económicos. En el primer caso, se trata del relativo peso que tienen los poderes ejecutivos frente a los legislativos para proponer políticas públicas, introducir temas y modificar la agenda. Frecuentemente, el líder apela al recurso del decreto presidencial (República Dominicana), orden ejecutiva (Puerto Rico), disolución del Parlamento y concurso electoral (Trinidad) u otras formas de ejercicio de la prerrogativa ejecutiva frente a la legislativa. En el caso de Cuba, al tratarse de una dictadura socialista sin posibilidad de oposición política en el Congreso, el papel del Ejecutivo es aún más preponderante en la formulación y en el ejercicio de la gestión pública. En todos estos casos queda en evidencia la relativa debilidad del poder legislativo, que en un principio constituye la entidad de representación más directa de la población en sistemas democráticos como los de la mayor parte del Caribe.

En términos de movilización popular, a través de su historia, el Caribe ha contado con importantes movimientos basados principalmente en principios nacionalistas, incluyendo las luchas de independencia del Caribe anglófono durante la primera mitad del siglo XX, la Revolución cubana (un caso de hipernacionalismo caribeño), el movimiento Lavalas de Jean-Bertrand Aristide en Haití y el movimiento de la Nueva Joya (New Jewel Movement) de Maurice Bishop en Granada. En el caso particular del Caribe anglófono, la organización de movimientos políticos populares ha estado característicamente arraigada a uniones y grupos laborales, en buena medida a raíz de los orígenes políticos de estos territorios, organizados desde un principio en virtud de las plantaciones de producción azucarera y minera siguiendo una estructura capitalista. En todos los casos, estos movimientos han contado con importantes líderes que se han convertido en figuras emblemáticas y referentes de la política nacional de los países por muchos años, incluso posterior al triunfo (o fracaso) de las movilizaciones populares.

Este peso del ejecutivo tiene varias consecuencias para el desarrollo político del Caribe: la persistencia del clientelismo como sistema para desarrollar relaciones entre la clase política y la ciudadanía (en lugar de una estructura pluralista de derechos y responsabilidades iguales para todos); el afincamiento de la corrupción en buena parte de la región (con importantes excepciones como Barbados y Santa Lucía); y la falta de institucionalización y continuidad de las políticas públicas, sobre todo cuando ocurren cambios de gobierno posterior a las elecciones generales.

Todo esto tiene consecuencias para la calidad de la democracia de la región. La gran mayoría de los países democráticos del Caribe cuenta con una alta participación electoral (aun en los países donde el voto no es obligatorio), pero la representatividad de los gobiernos, así como su responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la gestión pública (lo que en inglés se denomina accountability) continúan siendo asuntos pendientes. Estos temas son un gran reto para los diferentes Gobiernos del Caribe, donde la efectividad del Estado y su capacidad para articular políticas públicas que respondan a importantes retos como la seguridad pública (Jamaica, Trinidad, St. Kitts, República Dominicana), la crisis económica (Puerto Rico, Granada) y la reconstrucción luego de desastres naturales (Haití) han sido debatidas y cuestionadas. Nuevamente, el panorama del Caribe varía en este sentido, dependiendo de los países en cuestión. La gran mayoría de los países del Caribe anglófono obtienen relativamente bajos niveles de corrupción, según las calificaciones de Transparencia Internacional, sobre todo en comparación con otros países de la región, así como con otros con nivel de desarrollo económico comparables a nivel mundial. Por lo mismo, hay importantes excepciones en este renglón, como Trinidad, Jamaica y Guyana. Los sistemas políticos del Caribe anglófono y holandés tienden a ser considerados como “abiertos” en términos de libertades civiles y transparencia, de nuevo con importantes excepciones; mientras que los Gobiernos del Caribe hispano y francés tienden a tener un pobre desempeño en estos renglones. La excepción, en materia de corrupción y libertades civiles, es Puerto Rico: en comparación con el resto del hemisferio y con países de igual desarrollo económico, recibe calificaciones altas por su desempeño político en estas áreas.

Constitucionalismo y partidos políticos

El Caribe cuenta con una variedad de estructuras estatales, que pueden ser clasificadas en tres grandes tipos. En primera instancia están los sistemas republicanos, donde el primer mandatario es un presidente que es elegido por voto directo, con una legislatura o parlamento electo por separado y una judicatura independiente (al menos nominalmente). Tal es el caso de República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, pero también el de territorios no independientes como Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Por otra parte, se hayan los sistemas parlamentarios, con elecciones periódicas para un Parlamento, cuyo líder del partido de mayoría (en algunos casos aquel de la Cámara Baja) es designado primer ministro. Casi todos los sistemas parlamentarios del Caribe son parte de la Mancomunidad Británica, con lo cual la reina Isabel del Reino Unido ejerce las funciones de jefa de estado. La excepción son los territorios holandeses, que siguen un sistema parlamentario, en algunas ocasiones como municipalidades del Reino (Bonaire, Saba, San Eustaquio), y en otras como países dentro del Reino (Aruba, Curazao y St. Martín). Un tercer grupo son los sistemas semipresidenciales, con un presidente electo y un primer ministro que forma el Gobierno (gabinete). Este es el caso de Haití y el de los territorios del Caribe francófono (Martinica, Guadalupe, San Martín e islas menores). La República de Cuba es un sistema presidencial de carácter socialista, donde existe solamente un partido político, (con lo cual los ejercicios electorales no son considerados libres ni abiertos) y no hay separación de poderes.

Las revisiones y los cambios constitucionales han cobrado auge a través del Caribe en años recientes. En buena medida esto se debe a problemas en la capacidad de la gestión pública y representatividad del electorado, según descritos arriba. En otras palabras, forman parte de los esfuerzos por reformar el Estado, aunque en casos como República Dominicana y Haití se trata igualmente de problemas de estabilidad política y fortaleza de las instituciones, como también se vio anteriormente (ambos países comparten el dudoso honor de tener la mayor cantidad de constituciones de América Latina). República Dominicana inauguró una nueva constitución en 2010, luego de un complicado y controversial proceso de negociación y trabajo de la Asamblea Constituyente. El nuevo documento, si bien trae cambios favorables en áreas como la judicatura y el balance de poderes (checks and balances), es considerado a su vez de carácter sumamente conservador en el ámbito de los derechos sociales.

La gran mayoría de los sistemas políticos del Caribe, con las importantes excepciones de Cuba, Haití y Trinidad, son de fuerte sesgo bipartidista. Los debates y las contiendas políticas se suscitan entre dos partidos principales, ambos de carácter nacional. La distancia ideológica entre los partidos políticos del Caribe, al igual que en otras democracias bipartidistas, se ha ido acortando luego de finalizar la Guerra Fría; los partidos tradicionalmente de izquierda, por ejemplo, rara vez postulan la eliminación del sistema capitalista, como había sido el caso en Guyana, Granada y Jamaica. A excepción de Trinidad, Guyana y Surinam, en el Caribe los partidos políticos no definen sus posturas, estructura orgánica o membresía sobre bases étnicas; ninguno en la región lo hace sobre bases geográficas tampoco. Esto quizás contribuya a la estabilidad característica de los sistemas de partidos caribeños en las últimas décadas, si bien las diferencias y los conflictos entre las facciones al interior de los partidos puedan llegar a ser álgidas.

Relaciones internacionales

La pequeñez territorial y la apertura han significado que el Caribe, al igual que otras economías de igual composición y tamaño, sea muy vulnerable a las fluctuaciones de la economía internacional, con diferentes tipos de consecuencias políticas en la región. La principal en este renglón es la persistencia del tema de la integración regional. Desde el Tratado de Chaguaramas de 1973, los países caribeños, a través de la CARICOM (Comunidad del Caribe), han avanzado en la construcción de una entidad económica y jurídica, posiblemente a niveles no alcanzados por ningún otro bloque de Latinoamérica. El grupo de los países más pequeños dentro de CARICOM constituyó en 1980 la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), y dentro de ese proyecto, avanza con miras a la creación de una moneda única.

CARICOM se encuentra en pleno proceso de construir una sola economía y mercado (CSME, por sus siglas en inglés), proyecto que consiste en la creación de un solo mercado de bienes, servicios y mano de obra. A pesar de las similitudes en los marcos jurídicos y políticos de los diferentes países del grupo, el avance de este proyecto ha requerido un intenso trabajo de negociación para solventar diferentes temas importantes, como por ejemplo: las asimetrías en los niveles de desarrollo entre los países más avanzados (como Barbados) y los de menor desarrollo y relativa pobreza (como Guyana). Estas asimetrías crean obstáculos a la hora de homologar marcos reguladores, permitir el libre movimiento de los trabajadores y crear políticas comunes de inversión o de servicios. Las asimetrías han lentificado la concreción del mercado único, a la vez que algunos miembros del grupo, como por ejemplo las Bahamas, han optado por permanecer fuera del esquema del mercado único, o simplemente no cuentan con las capacidades políticas o económicas de acceder a iniciativas de esta magnitud, como es el caso de Haití.

Las dificultades en la conclusión del mercado único de CARICOM evidencian las tensiones que existen entre los esfuerzos de integración regional y de organización internacional con los principios de soberanía. Cualquier esfuerzo de integración entre países independientes requiere de algún grado de limitación de la capacidad de actuación autónoma o de las prerrogativas individuales de los Estados, lo que a su vez implica alguna cesión de soberanía. Este tema ha sido uno de los obstáculos más tenaces en la construcción de la integración regional y del funcionamiento de las múltiples organizaciones internacionales que operan en la región. La organización de grandes movimientos políticos en el Caribe, desde las luchas por la independencia del Caribe inglés, hasta la Revolución cubana de 1959, y tan reciente como los esfuerzos de reconstrucción de Haití posterior al terremoto de 2009, se construyeron sobre la base intelectual del derecho y del respeto a la soberanía de estas naciones, tema que continúa funcionando en el imaginario político de líderes y organizaciones políticas (partidos, coaliciones) en diferentes países de la región. Esta circunstancia crea roces y conflictos en materia de cooperación internacional, de esfuerzos de intervención para la preservación de la paz (como en el caso de Haití) y en negociaciones comerciales (como las negociaciones para un acuerdo económico entre la Unión Europea y CARIFORUM); pero también en la construcción de cualquier proyecto de integración caribeña, toda vez que, en aras de triunfalismo político, cada gobierno busca preservar sus prerrogativas jurídicas o políticas, socavando así la lógica regionalista de dicho proyecto.

Dadas sus características estructurales (geográficas y económicas), el Caribe posee importantes vínculos con Estados Unidos, que en muchas ocasiones han sido referentes importantes en momentos claves del desarrollo político nacional, sobre todo en Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. La relación con Estados Unidos es una oportunidad a la vez que una amenaza; la proximidad geográfica y económica le permite al Caribe acceder a preferencias comerciales y de inversión que han sido determinantes en el desarrollo económico de la región. Por lo mismo, esa proximidad también ha implicado importantes problemas en el ámbito de seguridad —desde las ocupaciones e intervenciones militares estadounidenses en diferentes periodos del siglo XX, hasta los conflictos geoestratégicos característicos de la Guerra Fría, y más recientemente, la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico—.

En cierta medida, por estas circunstancias, pero a la vez por su particular composición geopolítica, el Caribe es lo que en una ocasión se llamó el “vecino distante” de América Latina. Algunos países caribeños, como República Dominicana y Cuba, participan activamente en organismos e instituciones internacionales creadas por países latinoamericanos, y son los países del Cono Sur quienes lideran la misión de las Naciones Unidas en Haití. Más recientemente, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda han pasado a formar parte del grupo de países ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas), donde figura predominantemente Cuba. Guyana y Surinam son, a su vez, miembros de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). Sin embargo, estos casos son las excepciones que prueban la regla. Apuntan a un relativo aislamiento del Caribe de sus vecinos continentales, circunstancia que ha marcado el asociacionismo regional del Caribe y el recurso a la protección de la soberanía como principio fundamental de las relaciones internacionales de la región.
Autor: José Raúl Perales
Publicado: 13 de junio de 2012.

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