En los sistemas republicanos de gobierno como el de Puerto Rico, compete al Poder Judicial la función de interpretar las leyes y garantizar un Estado de derecho. Conforme a ello, el Poder Judicial, además de garantizar las libertades y derechos individuales consagrados en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado (artículo 2):

  • Está encausado a resolver los casos, controversias y conflictos entre personas que son llevados ante su consideración, con independencia, diligencia, sensibilidad e imparcialidad, garantizando los derechos constitucionales y las libertades de las personas.
  • Mantiene el orden institucional del Estado, basado en el principio de separación de poderes, evitando que las otras ramas gubernamentales transgredan los límites que les impone la Constitución. Esta misión incluye la potestad de evaluar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por la Legislatura y de las políticas implantadas por la Rama Ejecutiva, cuando el asunto se lleva ante su consideración. Esta función evaluadora, por supuesto, se extiende a los asuntos pertinentes a la organización de los asuntos electorales y las decisiones administrativas de las agencias que supervisan el proceso de sucesión del poder político.
  • Confiere estabilidad al ordenamiento jurídico y al Estado en general. La legitimidad de todo Estado depende del grado de estabilidad y confiabilidad de su sistema judicial. El buen funcionamiento del sistema, a su vez, depende de su competencia e independencia.

La misión oficial adoptada por el sistema judicial puertorriqueño en el descargo de su obligación constitucional ha adoptado también el principio de que la Rama Judicial habrá de estar accesible a toda persona y será diligente en la adjudicación de los asuntos ante su consideración. Por diligente se entiende que resolverá los asuntos y controversias con rapidez, empleando métodos y mecanismos eficientes y salvaguardando un trato justo e imparcial. Al mismo tiempo, deberá ser socialmente sensible; es decir, deberá responder a las realidades sociales del país, promoviendo estrategias que atiendan los problemas de mayor relevancia para los sectores sociales, tomando en cuenta las transformaciones continuas que ocurren en el seno de la vida social y en las actitudes y aspiraciones de la población. Esta responsabilidad social incluye promover acciones integradoras entre los componentes gubernamentales y no gubernamentales que propendan a la mejor atención de los asuntos públicos. Otro asunto de primordial importancia para el buen ordenamiento jurídico es asegurar que toda persona tenga la debida representación legal cuando comparezca ante los tribunales como parte de un litigio.

En cuanto a la administración del sistema, la misión reconoce la necesidad de ser innovador en la prestación de servicios; es decir, de estar al día con los adelantos tecnológicos de los sistemas informativos y de prestación de servicios. Se presume que un compromiso funcional con la competencia administrativa es imprescindible para poder ser acreedor de la confianza pública. Esta confianza se logra mediante dos acciones paralelas: la prestación de un servicio eficiente que cumpla las expectativas de la ciudadanía (y que sea independiente de los poderes políticos) y el hábito institucional de rendir cuentas sobre su desempeño. Esta misión conforma la idea de que la confianza pública es, en última instancia, el objetivo primario de todo sistema judicial; sin ella, no es posible vivir en armonía y libertad.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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