En marzo de 1917 fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Woodrow Wilson la Ley Jones. Presentada un año antes por el congresista William Atkinson Jones, la ley reorganizó las estructuras políticas de la isla y les otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía norteamericana. Este ensayo expone cuál fue el camino hacia la aprobación de esta ley, cómo modificó la Ley Foraker, así como a las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico.

La invasión y el gobierno militar dejaron claro las intenciones imperialistas de Estados Unidos sobre la isla y apagaron las esperanzas de trato justo e igualitario que muchos habían depositado en la nación norteamericana. Este nuevo escenario llevó a la reestructuración de los frentes político-partidistas de Puerto Rico. Los líderes de los antiguos partidos autonomistas pensaron que la anexión era ahora el camino a seguir para obtener la libertad política y económica deseada. El Partido Autonomista Histórico, liderado por José Celso Barbosa, se reorganizó en marzo de 1898 en el Partido Republicano Puertorriqueño. Mientras, el partido liderado por Luis Muñoz Rivera, el Liberal Fusionista, hizo lo propio bajo el nombre de Partido Federal Americano.

Aunque con similares plataformas y objetivos, ambos partidos se diferenciaban entre sí por dos razones de peso. Primero, la fuerte rivalidad entre sus líderes marcaban profundamente las diferencias ideológicas. Segundo, el perfil socioeconómico de sus miembros era muy distinto, lo que incidía en cómo ambos grupos definían y entendían la anexión a Estados Unidos. Entre las filas de los republicanos se encontraban profesionales, comerciantes, banqueros, artesanos y hacendados. Los federales estaban compuestos por los hacendados cafetaleros y azucareros. Barbosa y los republicanos se identificaron con Estados Unidos y su política implantada en la isla. Los republicanos favorecieron la estadidad esperanzados que esto significaba la apertura del mercado estadounidense al comercio de Puerto Rico y más libertades políticas. Sin embargo, desde la invasión se desmantelaron las instituciones políticas y la poca autonomía gozada por el Gabinete autonómico liderado por Muñoz Rivera bajo la bandera española. Cuando en 1900 fue aprobada la Ley Foraker, las esperanzas se extinguieron del todo. La ley convertía a Puerto Rico en un territorio no incorporado, lo que significaba su estatus como posesión colonial.

Luego del retraimiento de los federales en las elecciones de 1900, los republicanos ocuparon los puestos en la primera Cámara de Delegados. Fue entonces cuando las rivalidades entre republicanos y federales desembocaron en actos de violencia. Las llamadas turbas republicanas atacaron a líderes federales y quemaron la imprenta del periódico de Muñoz Rivera, El Diario. La violencia continuó de forma intermitente hasta las elecciones de 1902. En dichos comicios, los republicanos, fieles a los intereses norteamericanos, controlaron nuevamente la Cámara de Delegados. Si las condiciones políticas eran desalentadoras, las sociales eran pésimas. El capital azucarero ausentista (capital estadounidense) impuso una profunda dependencia económica y social. Las condiciones materiales eran alarmantes. Los puertorriqueños enfermos, explotados y cansados sufrieron de una pobreza extrema. La profundidad de la crisis económica y social frente a la poca movilidad política llevaron a varios grupos cívicos a alzar sus voces de protesta.

Rosendo Matienzo Cintrón y Manuel Zeno Gandía, junto a otros líderes fundaron una agrupación cívica llamada Unión de Puerto Rico. El objetivo de la agrupación era defender los intereses de la población en general. Más adelante se transformó en un partido político. Insatisfechos con sus respectivos partidos, tanto republicanos como federales y obreros nutrieron las filas del Partido Unión. Entre sus miembros destaca la presencia de Luis Muñoz Rivera. A partir de las elecciones de 1904 hasta las de 1928, el Partido Unión se convirtió en la fuerza política dominante en el país. Los unionistas desde su inicio lucharon contra las condiciones políticas, económicas y sociales impuestas por la Ley Foraker. Los unionistas impugnaron la ciudadanía puertorriqueña, considerándola dudosa e inferior pues no tenía ningún contenido jurídico internacional. También criticaron la Cámara de Delgados subrayando que era un cuerpo sin poder político real, una marioneta de los intereses del capital ausentista agrario. Objetaron también el que el gobernador y el Consejo Ejecutivo favorecían al capital extranjero en perjuicio de las empresas nativas.

La lucha se intensificó en el recinto de las Cámaras. La Cámara de Delegados, en levantamiento en contra del régimen, se opuso a aprobar el presupuesto fiscal hasta que el Consejo Ejecutivo aprobara medidas de más libertad económica y política. El gobernador H. Regis Post y la Cámara Ejecutiva se negaron a hacerlo. Ante el tranque, las partes recurrieron al Congreso, quien respaldó al gobernador Post y al Consejo Ejecutivo. Para evitar otra vez ese tipo de tranque, el entonces presidente Taft sugirió enmiendas a la Ley Foraker que limitaban el poder decisional de la Cámara de Delegados sobre el presupuesto. El resultado de esto fue la enmienda Olmstead la cual establecía que el presupuesto fiscal previo quedaba vigente si la Cámara no aprobaba un nuevo presupuesto para el año próximo. Derrotados los unionistas, el tranque puso en relieve las limitaciones de las disposiciones de la Ley Foraker.

En el Congreso de los Estados Unidos se ventilaban cambios en las estructuras legales que regían al país. Ante esto, las elecciones de 1916 fueron pospuestas. El comisionado residente por el Partido Unión, Luis Muñoz Rivera, negociaba sin mucho éxito una nueva ley que reflejara de forma fiel libertades políticas y económicas para Puerto Rico. Su salud fue deteriorándose en medio de las negociaciones. Sin ver el fruto de su arduo trabajo, Muñoz Rivera murió en noviembre de ese año. Finalmente, el presidente Woodrow Wilson aprobó la Ley Jones en el 1917. En comparación con la Ley Foraker, la Ley Jones representó un avance. Sin grandes alteraciones, esta ley administró la isla hasta el 1952; varias de sus disposiciones están todavía vigentes.

La Ley Jones les confería la ciudadanía norteamericana a todos los puertorriqueños. Con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, se impuso el servicio militar obligatorio a los nuevos ciudadanos norteamericanos quienes participaron de forma breve en el conflicto bélico. En cuanto a sus disposiciones sobre el aparato gubernamental de Puerto Rico, establecía un Senado electivo en sustitución del Consejo Ejecutivo, con dos senadores elegidos por cada uno de los siete distritos en que la ley dividiría al país. También constituía cinco senadores por acumulación electos. Sin embargo, el gobernador seguía siendo elegido por el presidente y su gabinete nombrado por el Congreso. Sobre el aspecto económico, la ley permitió refinar de forma local una porción del azúcar que producía y el comercio entre la isla y Estados Unidos tendría que efectuarse solamente en barcos estadounidenses. La Ley Jones reforzaba de esta forma la dependencia económica de Puerto Rico con los Estados Unidos.

 

 

 

Autor: Yanelba Mota Maldonado
Publicado: 24 de agosto de 2015.

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