El protagonismo de la Legislatura tuvo su mejor momento cuando se creó, a principios de la década del cincuenta, una Asamblea Constitucional con la encomienda de redactar una ley orgánica propia, es decir, una constitución, para organizar la vida política del país. El trabajo realizado por este grupo de ciudadanos aprovechó la experiencia legislativa de los últimos años y basándose en la mejor tradición parlamentaria, produjo un documento consensuado: La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue aprobado con diferentes grados de entusiasmo por todas las fracciones políticas del país. El trabajo realizado por la Asamblea Constituyente representó, desde el punto de vista procesal y democrático (e independientemente de los bandos políticos contendientes a esa fecha) un logro particular de la clase política puertorriqueña, reconocido por todos como una experiencia exitosa tanto en sus aspectos funcionales de contenido, cuanto por su nivel simbólico.

La Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) validó los principios democráticos de representatividad y separación de poderes y le otorgó a la Rama Legislativa extensos poderes sobre el proceso legislativo interno y las finanzas del Estado. También sentó las bases para la administración autónoma de cada una de las ramas de Gobierno, sin interferencia del Ejecutivo; de ese modo garantizó la estabilidad funcional y continuidad formal de ambos cuerpos, lo cual corresponde con los principios republicanos de la modernidad liberal. Cada Cámara, por ejemplo, está potenciada para acordar sus propias normas y reglamentos. Uno de los rasgos especiales de esta Constitución —y que abona de forma significativa a la idea de la pluralidad en la representación política—es la participación garantizada de las minorías políticas.

Límites políticos de la Asamblea Legislativa del ELA

No obstante el desarrollo histórico de la institución parlamentaria, la cual culminó con la aprobación de la Constitución, esta sigue demostrando fallas estructurales que limitan su autonomía real y, por lo tanto, su función política como representante legítimo de los sectores que incorporan la soberanía territorial y pluralidad social puertorriqueña. El déficit democrático más grave del régimen actual yace en el control del Gobierno de Estados Unidos sobre los asuntos del país, mediante la aplicación automática de leyes aprobadas por el Congreso en detrimento de los principios ilustrados de gobierno propio (autónomo), democracia y libre determinación. Esta falla estructural limita enormemente el desarrollo parlamentario en tanto convierte a la Legislatura en un apéndice del Congreso de Estados Unidos y de la burocracia del Gobierno central (burocracia federal) de Estados Unidos.

Pero hay otra falla interna que limita aún más la función parlamentaria de representación popular. Se trata del control que ejercen sobre ella los partidos políticos. Estos, mediante diversos mecanismos de control y coordinación, supeditan la lealtad política de los legisladores al liderato de sus sendos partidos sobre su responsabilidad ante sus representados (votantes), negando así el principio democrático y constitucional de la representatividad poblacional. Además, los partidos han conspirado en el pasado para limitar la participación ciudadana fuera del ámbito de los eventos electorales. La participación política directa, esencial para las sociedades democráticas, ha sido sistemáticamente desalentada y subordinada a los hábitos de dependencia del paternalismo partidista. Otro ejemplo es la ley que establece condiciones onerosas para toda iniciativa electoral independiente, como es la creación de nuevos partidos políticos. Cabe preguntar si el desprestigio actual de la clase política y particularmente de los integrantes de la Asamblea Legislativa —que en la actualidad es ascendente— tiene su raíz en la autocracia de los partidos y en los vínculos estructurales de estos con los sectores corporativos de la economía que sufragan el costo de las campañas electorales.

Vale anotar que el creciente déficit democrático de las prácticas parlamentarias no es particular de Puerto Rico, sino que es tema de diálogo constante en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Los vínculos cada vez más estrechos entre los sectores corporativos de la economía y los partidos políticos (la clase política) y sus efectos sobre el proceso legislativo (las políticas públicas) han sido identificados como prácticas antidemocráticas que contradicen el principio de representatividad y la ética constitucional. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (2011) prohibiendo que el Estado imponga límites a las cantidades de dinero de las contribuciones privadas a campañas políticas, ha generado una extensa discusión pública en el país que alerta sobre la influencia cada vez mayor que ejerce el capital (grupos corporativos) sobre las políticas del Estado, en detrimento del bien común.

Es alentador, sin embargo, que a pesar del creciente desprestigio de la Legislatura puertorriqueña y la aparente continuidad de una cultura política que favorece la autoridad del Ejecutivo, el país esté empeñado en adelantar reformas correctivas que redunden, por un lado, en una mayor eficacia y responsabilidad del trabajo legislativo y por otro, en que se liberalicen las formas de organizar movimiento alternos contestatarios capaces de articular propuestas novedosas de política pública y legislación social.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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