La oposición política más radical a la Ley Foraker durante la primera década del siglo XX vino del Partido Unionista de Puerto Rico que lideraba Luis Muñoz Rivera. Para el año 1909, la Junta Central Unionista, cuyos miembros habían copado los 35 asientos en la Cámara de Delegados, decidió que era a toda costa necesario “actuar enérgicamente contra la subsistencia del la Ley Foraker, que destruye la personalidad de Puerto Rico. . .” Sostenía, además, que la Cámara de Delegados votaría a favor de las leyes económicas necesarias para el bienestar de la isla, haría una crítica severa del Ejecutivo y utilizaría los medios políticos de que dispusiera “con el fin de que aquellas leyes sean aprobadas y esta administración corregida de manera eficaz”. También los republicanos mostraron su descontento con las limitaciones impuestas al Parlamento por la Ley Foraker. El primer comisionado residente de Puerto Rico, Federico Degetau, presentó ante el Congreso, entre 1901 y 1904, varios proyectos de enmienda al estatuto, y el otro líder republicano, Manuel F. Rossy, expresó su esperanza de que el Congreso modificara la composición del Consejo Ejecutivo.

La tirantez entre los dos cuerpos legislativos hizo crisis en 1909 cuando la Cámara de Delegados levantó sus trabajos sin aprobar el presupuesto anual de gastos del Gobierno. La situación creó una crisis administrativa al Gobierno quedar sin facultad para cubrir sus gastos en el siguiente año fiscal. El gobernador Regis H. Post se vio obligado a convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea solo para aprobar el presupuesto, pero la cámara, en su lugar, designó una comisión, presidida por Muñoz Rivera, con la encomienda de plantear ante las autoridades estadounidenses su descontento con las disposiciones de la Ley Foraker.

El presidente de Estados Unidos, William H. Taft, al ser informado de la crisis causada por la negativa de la Asamblea de aprobar el presupuesto, envió al Congreso un mensaje dedicado exclusivamente a resolver la situación de Puerto Rico. “Esa actitud deja al Gobierno de la isla sin medios para su sostenimiento después de junio 30 venidero. . . lo cual es de gravedad inusitada”. El presidente recomendaba al Congreso enmendar la Ley Foraker para proveer para que las asignaciones del año fiscal precedente rigieran para el año siguiente en caso de que la Asamblea Legislativa local no aprobara el presupuesto del Gobierno. El Congreso aprobó en julio de 1909 la correspondiente enmienda a la Ley Foraker, concluyendo así la peor crisis provocada por la tirantez entre la Cámara de Delegados (Parlamento) y el Ejecutivo.

Entre 1910 y 1917 se presentaron innumerables proyectos para ampliar los poderes parlamentarios en Puerto Rico. Específicamente, en febrero de 1914 el comisionado residente Muñoz Rivera radicó legislación en el Congreso para crear un Senado electivo que reemplazara el Consejo Ejecutivo y otorgarle poderes al Senado para confirmar los nombramientos del gobernador. También apoderaba a la Asamblea Legislativa para aprobar leyes por encima del veto del Gobernador.

Finalmente, en enero de 1916, el representante William Jones radicó en el Congreso un proyecto para una nueva ley orgánica para Puerto Rico. La Ley Jones, contrario a la anterior Foraker, contenía una carta de derechos y el Gobierno fue separado en tres poderes de acuerdo a la fórmula liberal tradicional: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Respecto a los asuntos económicos y fiscales, la Ley Jones no alteró las disposiciones anteriores de la Ley Foraker. Además, Estados Unidos retuvo todos los poderes en materias de defensa, aduanas, migración, correos y alumbrado marítimo. El Congreso se reservó el derecho de anular cualquier legislación aprobada por la Asamblea Legislativa puertorriqueña y de legislar para Puerto Rico en todo lo que entendiera pertinente.

Unionistas, republicanos y socialistas acogieron con entusiasmo la nueva Ley Jones, a pesar de sus limitaciones, por representar un paso de avance político para Puerto Rico, centrado en la instauración de una Legislatura nativa elegida por el pueblo. La Ley Jones introdujo en el ámbito político constitucional el derecho de los puertorriqueños a elegir las dos cámaras del poder legislativo. La Cámara de Representantes se habría de componer de 39 miembros y el Senado de 19. Con la elección directa de las dos cámaras legislativas se afirmaba el principio de separación de poderes del sistema republicano de gobierno. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Jones, cuando un proyecto de ley aprobado por la Legislatura puertorriqueña no era aprobado por el gobernador, este podía ser enviado al presidente de Estados Unidos si contaba con el voto favorable de dos terceras partes de ambas cámaras. El presidente firmaba el proyecto o lo rechazaba, por lo cual se establecía un doble veto sobre toda legislación aprobada por los cuerpos legislativos de Puerto Rico, el del gobernador y el del presidente. Por si fuera poco, la Ley Jones también autorizó al gobernador a vetar partidas específicas en las asignaciones presupuestarias, facilitándole así al gobernador control ilimitado sobre los asuntos fiscales.

No obstante este obvio déficit de procedimientos democráticos y derechos políticos, con la Ley Jones la Asamblea Legislativa puertorriqueña se convirtió en el foco central de la vida política del país. A partir del 1917, hasta el 1949, todo líder político en Puerto Rico aspiraba, además de presidir su partido político, a ocupar la silla de presidente del Senado y proyectarse ante el país como un gran parlamentario. Antonio R. Barceló, la principal figura del Partido Unionista en el 1917, fue electo presidente del primer Senado puertorriqueño, el lunes 13 de agosto de 1917. En enero de 1949, Luis Muñoz Marín cambió la silla de presidente del Senado por la del primer gobernador elegido en la historia del país.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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