La estructura republicana establecida para Puerto Rico en la Constitución del Estado Libre Asociado incorpora el principio de limitar el ejercicio del poder político mediante la separación de poderes gubernamentales en tres ramas autónomas: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. No obstante, la cultura política puertorriqueña persiste en identificar el Gobierno del país con la Rama Ejecutiva, con el gobernador como su máxima figura de poder político y simbólico del Estado. Se presupone que aunque existe una separación formal de poderes gubernamentales, en realidad el gobernador es el jefe político de todo el Gobierno, incluyendo la Legislatura y la Judicatura. No es de extrañar, por lo tanto, la costumbre de que los partidos políticos sean presididos por el gobernador o por el candidato a la gobernación del partido de oposición. De acuerdo a esta atávica tradición, en la Legislatura tan solo pueden residir líderes de segundo nivel, de quienes se espera que sean leales al principal líder de su partido (el gobernador o el candidato a gobernador). Cualquier percepción de inestabilidad política o de timidez en el ejercicio de la autoridad personal del gobernador es percibida como una condición negativa de su persona que delata ineptitud o debilidad de carácter.

Esta tradición autoritaria, un lastre que contradice los valores modernos de la democracia política, tiene su origen en dos factores: uno histórico y otro formal (constitucional). La experiencia histórica del país en cuanto al ejercicio del poder político, primero bajo el Imperio español durante casi cuatro siglos y luego, después de 1898, bajo la hegemonía de Estados Unidos, delata una gobernación centralizada, en la cual cada imperio delegó su autoridad política. Durante los primeros siglos bajo España, los gobernadores que enviaba el Imperio a Puerto Rico representaban el hábito absolutista del régimen monárquico, el cual centralizaba en ese cargo todos los poderes públicos y era interpelado tan solo por la burocracia imperial, sin que mediara la participación de la comunidad gobernada. En Puerto Rico, debido al valor estratégico de la isla como la “llave de las Antillas”, el gobernador de turno llegó a tener también el título militar de “capitán general”. Además de ser un rango militar, regía sobre un territorio particular, independientemente del virrey de la Nueva España (México) y era responsable directamente al rey. El gobernador-capitán general fungía como jefe del Ejército y la Marina; supervisaba la Real Hacienda; presidía los Cabildos (Gobiernos municipales); nombraba a los funcionarios menores; era el superintendente de obras públicas; repartía tierras y solares; era el funcionario judicial de más alto rango; emitía ordenanzas (leyes); resolvía conflictos civiles; y hasta nominaba los cargos eclesiásticos menores. No había tal cosa como separación de poderes con instituciones legislativas y judiciales autónomas, y solo en los Cabildos, los cuales eran presididos por el gobernador-capitán general, se permitía una tímida participación de los representantes criollos.

Al principio de siglo XIX (1812), alentada por la influencia de los valores de la Ilustración y la experiencia de la Revolución francesa, España adoptó una constitución liberal que le otorgó a Puerto Rico el derecho de enviar un representante a las Cortes instaladas en Cádiz. Cortes fue el nombre con el cual se designó a la Asamblea Legislativa de la monarquía constitucional española. Esto permitió que Ramón Power y Giralt, un militar criollo, fuera designado para representar a Puerto Rico ante las Cortes de Cádiz.

Pero ese experimento liberal fue tan solo transitorio, y tan pronto tomaron fuerza los movimientos independentistas en los territorios del Imperio continental y se restauró en España la monarquía absolutista (1816), Puerto Rico regresó al estatus de una posesión territorial gobernada de forma despótica. Los gobernadores siguientes durante el siglo XIX, temerosos de que aquí proliferaran las ideas independentistas que habían desmembrado el Imperio americano continental, organizaron prácticas aún más centralizadas y despóticas que sus antecesores. Se elaboraron las llamadas “facultades omnímodas” que le otorgaban al gobernador poderes absolutos (lo que ahora se llaman dictatoriales), incluyendo el poder de encarcelar y exiliar a ciudadanos de forma arbitraria sin que mediaran procesos de ley. Toda expresión dirigida a exigir la participación política de los criollos en la estructura gubernamental era interpretada como sediciosa y sujeta a la represión inmediata. El gobernador, como representante del Estado español, ejercía un poder político absoluto en este ambiente paranoico y despótico.

Al inaugurarse, bajo Estados Unidos, el primer Gobierno civil en Puerto Rico (Ley Foraker de 1900), el poder del gobernador, como representante del Gobierno de Estados Unidos, continuó dominando la administración colonial sin que mediaran prácticas representativas. Al igual que bajo el dominio español, el gobernador era nombrado por el Gobierno de la metrópoli (lo nombraba el presidente) y centralizaba en su persona la totalidad del poder político. Si en el caso de España la institución que supervisaba los asuntos coloniales era el Consejo de Indias, en Estados Unidos se le dio la encomienda al Departamento del Interior, aunque en la realidad del día a día recayó sobre la Marina de Guerra. La Ley Foraker permitió la creación de una Asamblea Legislativa, pero solo la Cámara Baja (Cámara de Delegados) era electa por sufragio popular. En la Cámara Alta, llamada Consejo Ejecutivo, había seis secretarios de Gobierno nombrados, al igual que el gobernador, por el presidente de Estados Unidos. No fue hasta el 1917 con la aprobación de la Ley Jones que se reemplazó al Consejo Ejecutivo con un Senado electo. Pero para entonces, la figura del gobernador estaba afincada como la institución política de poder político real y sobre la cual giraba toda la acción gubernamental. Los poderes del gobernador sobre las instituciones jurídicas eran absolutos, como pudo verse con claridad cuando surgieron los movimientos nacionalistas. Las acciones del gobernador Blanton Winship cuando ordenó, en 1937, la represión violenta de los nacionalistas en Ponce por parte de la Policía de Puerto Rico —la llamada Masacre de Ponce— testimonia el presupuesto de impunidad sobre el cual actuaba la estructura política imperial, igual que en tiempos de España.

Para el año 1948, apenas hace más de medio siglo, se le otorgó a Puerto Rico el derecho a elegir a su gobernador, no obstante, la tradición autoritaria que arropaba a la institución del Ejecutivo estaba firmemente arraigada en la cultura política del país. El gobernador encarnaba la totalidad del poder gubernamental y era la fuente principal del patronato político. Lo nuevo de esa disposición democrática de elegir al gobernador, al menos en el plano formal, era la idea de para quién habría de gobernar; ahora sería para el país en lugar de para Washington. No obstante, ese cambio constitucional no estuvo acompañado de la idea de que el poder político real del gobernador habría de estar limitado por una orden más democrática, fundamentada en el principio de la separación de poderes. Al contrario, la gobernación, aunque ahora sería electa, seguía ejerciendo un poder hegemónico sobre la vida política interna del Puerto Rico.

Otro factor que ha encumbrado la autoridad de la gobernación en la mente popular radica en la Constitución del Estado Libre Asociado (1952). Pese a que establece un Gobierno republicano con separación de poderes, enumera amplios derechos políticos para lo ciudadanos (limitando el ejercicio de la autoridad política y los abusos de poder) y establece mecanismos para residenciar a un gobernador que abusa de sus poderes, la Constitución crea un sistema presidencial de Gobierno, bajo el cual la Rama Ejecutiva domina las dos otras ramas. Contrario a los sistemas parlamentarios que subordinan la Rama Ejecutiva al Parlamento, el sistema presidencial convierte al primer ejecutivo en la figura política más poderosa del país. Por ejemplo, aunque la Constitución del ELA le dedica 22 artículos al Poder Legislativo y tan solo diez al Poder Ejecutivo, los deberes, funciones y atribuciones del gobernador definidos en la sección 4 del artículo 3 testimonian su enorme poder político y administrativo. Entre los poderes del gobernador se encuentran:

· cumplir y hacer cumplir las leyes;

· convocar al la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias;

· ser comandante en jefe de la milicia;

· llamar a la milicia e impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión;

· nombrar a los funcionarios de la Rama Ejecutiva, incluyendo los miembros de las juntas de Gobierno de las corporaciones públicas;

· nombrar a los jueces de la Rama Judicial;

· proclamar la Ley Marcial (estado de excepción) cuando la seguridad pública lo requiera (esto incluye la supresión de derechos civiles);

· suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos y condenar total y parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos;

· sancionar o desaprobar las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa;

· dirigir los departamentos de Justicia, Salud, Educación, Trabajo, Hacienda, Agricultura, Comercio, Obras Públicas y demás agencias ejecutivas.

La atribución constitucional de estos poderes ha dado vida a hábitos que amplían, en lo cotidiano, el ámbito del poder real y simbólico del gobernador. Para muchos ciudadanos, en Puerto Rico el gobernador está también llamado a diseñar e implantar políticas públicas en todos los ámbitos de la vida social, desde la economía hasta la prestación de servicios sociales esenciales. Esta tendencia se hizo patente en la década del 1990, cuando se implantó el proyecto del gobernador de entonces, Pedro Roselló, de desmantelar el sistema de salud pública, hasta entonces consensuado por la comunidad puertorriqueña, bajo el supuesto de que hacerlo era prerrogativa del gobernador: “Para eso fue electo, para hacer lo que entiende que se debe hacer”. Recientemente, cuando el nombramiento de jueces al Tribunal Supremo tomó un giro abiertamente partidista, obviando criterios profesionales, el país supuso, una vez más, que a pesar de que la Rama Judicial es independiente del Ejecutivo, según lo dispone la Constitución, es prerrogativa del gobernador “nombrar a su gente a los cargos que estime pertinente, aunque sea en las otras ramas de Gobierno”.

En Estados Unidos ocurre algo similar con el desarrollo posmoderno de la llamada “monarquía presidencial”. Los poderes extraordinarios que ha adquirido la presidencia durante las últimas décadas, a costa del Congreso, la Judicatura y las unidades estatales federadas, fueron puestos en evidencia durante la incumbencia de George W. Bush al declarar guerras de facto en Irak y Afganistán sin que mediara la aprobación constitucional del Congreso o el consentimiento popular. También se procedió a erigir un estado de seguridad con normas y métodos que violan los conceptos y las prácticas libertarias tradicionales de la sociedad estadounidense. El tema de la democracia, de la vida en libertad en el contexto de los poderes ejecutivos extendidos del mundo posmoderno, es uno de los asuntos más apremiantes y significativos del diálogo actual en la esfera pública de Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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