El movimiento histórico-cultural que se conoce como la Ilustración, el cual comenzó a dominar a la alta cultura europea a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (el Siglo de las Luces), parte de una visión secular de la vida que le reconoce al ser humano la capacidad, por medio de la razón, tanto de conocer el mundo natural y social, como de asumir el control de su vida. En este nuevo universo secularizado ya no es necesario ceñirse a las tradiciones religiosas y los poderes tradicionales para comprender la realidad de las cosas y actuar sobre ellas. La Ilustración, como mentalidad racional, laica, revoluciona el concepto de autoridad jerárquica natural y en su lugar inaugura la época de la autonomía del ser humano. Ahora, el súbdito deja de ser un ente pasivo, sometido a la rígida y jerarquizada estructuración del Estado y la Providencia y se convierte en un ciudadano: un sujeto autónomo activo en la vida social; un fin en sí mismo capaz de dirigir su propia vida e intervenir racionalmente en los asuntos de su comunidad.

La Revolución francesa (1779) es el momento histórico en que la Ilustración se desbordó en un movimiento político que transformó la mentalidad y las instituciones políticas de Occidente para siempre, dándole forma concreta, por medio de la constitucionalidad democrática, a los principios ilustrados y modernos de derechos y deberes ciudadanos. Este acto histórico se consumó, real y simbólicamente, con un dramático evento de magnicidio por parte de los nuevos ciudadanos republicanos franceses, cuando se invocó la ilegitimidad de un sistema monárquico despótico como justificación para guillotinar, en una plaza pública, al rey de turno (Luis XVI).

Hoy sobreviven regímenes monárquicos en Occidente, pero estos, para subsistir, han tenido que abandonar los reclamos autoritarios-absolutistas de antaño y aceptar la sobreimposición de regímenes constitucionales, mediante los cuales se implementan prácticas y valores democráticos modernos (republicanos) que realmente despojan a los príncipes de poder político real y los reducen a un papel simbólico de unidad nacional. Las monarquías constitucionales nominales (como la británica, la española y la danesa, entre otras) son, en término de su institucionalidad política, instituciones superpuestas a sistemas que en realidad son republicanos; es decir, donde el monarca es formalmente el jefe de Estado pero carece de poderes políticos reales; su papel es decorativo y a la vez emblemático del origen ancestral de la comunidad. En estas monarquías constitucionales el Gobierno real, usualmente organizado en torno al Parlamento (sistemas parlamentarios), muestra adhesión a los principios de gobierno constitucional con separación de poderes y garantías de derechos individuales.

El concepto de autonomía del individuo, central para la ética de la Ilustración, permite entender no solo ese movimiento histórico, sino que remite a la idea misma de la modernidad, sin la cual no es posible hoy imaginar una vida política digna. La autonomía del ciudadano es lo que hace posible concebir que la conciencia del ser humano no tenga que estar sometida a fuerzas externas: que el arte no debe acatarse a los principios de la religión, la ciencia a los dictámenes de la política o la erótica a los cánones de la moral convencional. La autonomía del individuo, en otras palabras, fundamenta el valor moderno de la libertad.

Por siglos, desde los tiempos del humanismo renacentista y la Reforma protestante, los reclamos de autonomía del pensamiento se han ido arraigando en el ánimo público. A partir de los comienzos del siglo XIX, esta noción de independencia individual, trasladada al quehacer profesional académico, se extendió primero al campo de la investigación filosófica y filológica y luego a la experimentación científica. Pero fue su incursión en las esferas de la acción social y jurídica cuando se establecieron alianzas con los movimientos populares de emancipación social y política. No obstante, mientras proliferaban esos movimientos libertarios, se encumbraron en los poderes de los Estados las tendencias autoritarias de los grupos sociales privilegiados que dependían del poder financiero, burocrático y militar del Estado para adelantar sus intereses y proteger sus jerarquías. El supuesto de que las clases privilegiadas actúan por naturaleza en contra de la emancipación del ser humano por constituir un elemento subversivo potencial, explica que el desarrollo de los principios de autonomía individual sean precarios y hayan estado, hasta el día de hoy, sujetos a los vaivenes de las políticas estatales. En la práctica, en otras palabras, los regímenes democráticos no están exentos de un persistente asedio a la autonomía del individuo por parte de las estructuras dominantes del orden social y sus representantes en las agencias del Estado.
A pesar de estas contradicciones provenientes de tendencias autoritarias atávicas, el orden político moderno ha incorporado la idea ilustrada de la autonomía del ser humano, por lo que esta ocupa un lugar privilegiado en la estructura constitucional de los Estados democráticos. En términos jurídicos y teóricos, la autonomía es un principio fácil de definir y proteger. Una Carta de Derechos usualmente acompaña al documento constitucional de las repúblicas modernas y define aquellas áreas de la conducta ciudadana que están protegidas, no solo de la arbitrariedad del Estado, sino de las pretensiones impositivas de los intereses sectoriales del mercado, la religión y los estamentos tradicionales. En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el artículo 2 contiene una Carta de Derechos que reconoce en detalle el margen legal de la autonomía natural del ciudadano por su condición de ser humano. Sin embargo, para proteger esta condición se requiere una esfera pública alerta y la voluntad de asumir un activismo independiente y poderoso que trascienda los eventos electorales y los intereses partidistas y sectoriales.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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