La Operación Manos a la Obra surge como parte de un proceso coordinado de industrialización de Puerto Rico a partir de 1947 el cual estaba basado en la invitación de capitales estadounidenses. Sin embargo, los esfuerzos por dirigir la isla hacia la elaboración de productos manufacturados habían comenzado mucho antes. En la segunda mitad de la década de 1930 se crearon industrias administradas por el Gobierno para atender los graves problemas generados bajo la Gran Depresión: el desempleo, la inflación de los productos básicos, el predominio de los latifundios y el monocultivo de la caña, la gran dependencia en las importaciones y la poca tierra dedicada al cultivo de los alimentos. En la Segunda Guerra Mundial se intensificó esta política producto del aislamiento experimentado por Puerto Rico, producto del bombardeo alemán a los barcos mercantes. Entre las fábricas creadas para esos años están las de cemento, las de cartón y de botellas. Para 1947, se inició un cambio de política pública. El entonces director de la Compañía de Fomento Industrial, Teodoro Moscoso, planteó que las industrias estatales tenían pérdidas y se requería iniciar un proceso de industrialización producto de la invitación de capitales estadounidenses. Esta tesis fue cuestionada por muchos funcionarios, ya que entendían que las industrias del Gobierno tenían pocos años operando y que la evaluación sobre las pérdidas era apresurada. Varios historiadores plantean que en realidad el cambio de política respondió a las presiones del capital estadounidense, luego de la guerra. Estados Unidos como nación victoriosa, se había beneficiado de la venta de armas y otros productos a los países europeos. La enorme cantidad de capitales excedentes pasó a invertirse más allá de sus fronteras.

La Operación Manos a la Obra inicia con la creación en 1947 de la Ley de Incentivos Industriales y, en 1948, con la Ley de Exención Contributiva Industrial. La primera eximía del pago de contribuciones municipales, sobre la propiedad, de arbitrios y de patentes por 15 años. La segunda denegaba la exención a firmas cuya relocalización en Puerto Rico ocasionara el desempleo de trabajadores estadounidenses. También se creó en 1948 la Ley 53, que declaraba delito la oposición al Gobierno establecido y el incitar a otros a derrocarlo. Esto, como parte de una medida que buscaba crear un “clima industrial” adecuado que mantuviese tranquilos a los patronos y a los bonistas de Wall Street. A la represión de la población se sumó un salario mínimo que representó menos de la mitad de lo que ganaban los obreros estadounidenses en buena parte de la década de 1950. El jornal promedio por hora en 1955 para Puerto Rico era de .56 centavos y, para el mismo año en Estados Unidos, $1.91. Otros beneficios otorgados a las industrias fueron la creación de los locales y el adiestramiento de los empleados. Para convocar a las industrias en Estados Unidos se contrató a la organización Hamilton Wright, la cual implantó una campaña de publicidad a través del cine, la prensa escrita y hojas sueltas. Uno de los objetivos para la campaña propuestos por Luis Muñoz Marín a la organización fue mostrar a los puertorriqueños como un pueblo que tiene problemas difíciles de resolver. Advirtió que estos no debían verse por los estadounidenses como desvalidos, sino como un pueblo viril, que enfrenta los obstáculos con la mente en alto.

La campaña de publicidad trabajada a partir de 1948 rindió frutos. Se establecieron en Puerto Rico para ese año 16 industrias; en 1949 se establecieron 32. La mayor parte de ellas eran industrias que requerían muy poco capital de inversión y empleaban mucha mano de obra. Entre ellas estaban las industrias de ropa, textiles y productos enlatados. En el caso de la industria de elaboración de ropa, muchas movieron parte de sus operaciones desde Nueva Jersey debido a una escasez temporera de obreros en Estados Unidos. Muchas de las obreras puertorriqueñas pasaron a trabajar en el ensamblaje o en la producción. Un número significativo de industrias se estableció en la zona oeste de la isla, área que tradicionalmente se había especializado en la industria de la aguja para las décadas de 1920 y 1930. Muchas de las mujeres contratadas para la década de 1950 habían comenzado a laborar en la industria de la aguja a la edad de 15 años. Estas vivían en los centros urbanos, cerca de donde se ubicaron las fábricas de ropa. El salario para las obreras era de $10 dólares a la semana. De ellas, solo unas cuantas podían ascender al puesto de supervisora. Los varones atendían las áreas de empaque y maquinaria. La industria de la ropa fue la más importante en Puerto Rico entre las décadas de 1950 y 1960; esta era la que empleaba más obreras en todo el sector industrial y continuó siendo uno de los sectores con más empleados en las décadas de 1960 y 1970. Para finales de la década de 1960, Puerto Rico era el mayor productor de ropa en Estados Unidos. Sin embargo, esta posición se logró a costa de los salarios, que en la década de 1950 representaban la mitad del salario de las industrias de ropa en Estados Unidos y en la década de 1960, más de la mitad. La mano de obra barata era, sin duda, el incentivo principal que atraía a estas industrias. Este factor, que en la década de 1950 fue una fortaleza, representó una limitación para la década de 1970 en la medida en que las industrias de ropa en Estados Unidos comenzaron a defender su producción de los efectos de la competencia puertorriqueña promoviendo el alza del salario mínimo en la isla. Mucho tuvo que ver el que en 1969 Puerto Rico fuese el mayor suplidor de ropa para el mercado estadounidense. La dependencia en las ventajas ofrecidas por los bajos salarios se vino abajo en la década de 1970, cuando los patronos distribuyeron la producción entre varios países; con el objetivo de aprovechar la mano de obra más barata.

A mediados de la década de 1960, las industrias cerraron operaciones en los locales de los centros urbanos y abrieron fábricas en zonas rurales. Contrataron mujeres jóvenes lo que llevó a una condición de fragilidad a las empleadas de largo plazo. Estas tuvieron que pagar transportación pública a las zonas rurales a pocos años de obtener su pensión de retiro, que sumaba $100.00 mensual. Su poca o ninguna escolaridad las llevaba a enfrentar los nuevos obstáculos porque entendían que era difícil conseguir un nuevo empleo a su edad y sin preparación académica. En la década de 1980 cerraron muchas de las fábricas elaboradoras de ropa para mudar sus operaciones a la República Dominicana, en busca de salarios más bajos.

En el caso de los textiles, esta área de la manufactura, junto a la de producción de ropa, constituía el 19.5 % de todas las firmas manufactureras para 1954. En 1967, la cifra era de 19.9 %. Indicó el Informe al Gobernador de 1976 que el número de empleados en el área de textiles alcanzó 8,114 personas para 1970. El ingreso neto de los empleados fue de $41.4. A comienzos de la década de 1960 comenzó el deterioro de la industria textil y de ropa a consecuencia del énfasis de Fomento Industrial en la industria pesada y semipesada. El número de empleos se redujo en 6 años un 69.9 % en el sector textil y un 5.5 % en el sector de ropa. La proporción que representó el ingreso neto de la industria textil, comparado con el total del país, en 1969 era de 4.3 %. Esta proporción se redujo a 2.0 % entre 1975 y 1976. Para 1975 el empleo textil bajó a 6,300 (se perdieron 3,563 empleos) y el ingreso neto subió a $41.5 dólares. El salario por hora de la industria textil y de ropa registró un cambio de 55.0 % entre el año 1969 y el 1976. El valor combinado de ambos sectores de la industria se redujo entre el 1973 y el 1976 en un 42.1 %.

Para 1988, había 24 establecimientos de la industria textil que se redujeron a 22 en 1990 y subieron a 24 en 1992. En 1988, el empleo promedio en el sector textil fue de 3,171 empleados y en 1992, bajó a 2,221 empleados. En esos años hubo una reducción de empleos de un 30 %. Una de las recomendaciones del Informe Tobin ante la decadencia de este sector fue el retraso en las aplicaciones de las leyes de salario mínimo en la isla. Esta conclusión no reflejaba sino las consecuencias de una política asumida por la Compañía de Fomento Industrial desde los inicios de la Operación Manos a la Obra. La diferencia absoluta en salarios entre Puerto Rico y Estados Unidos tendió a aumentar entre 1950 y 1979. El nivel de salario absoluto, por ser el más bajo, fue el que atrajo a las industrias, tomando en cuenta que los niveles de productividad fueron semejantes a los de Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia en esta estrategia no pudo enfrentar los salarios más bajos de otros países.

Las causas de la decadencia de la industria textil y de ropa en Puerto Rico están ligadas a los cambios en la economía estadounidense que encarecieron los costos de producción, y a los obstáculos que representaba competir con otros países cuando sus costos de operación, el costo de la materia prima, de los fletes y los salarios eran menores. Sin embargo, estas explicaciones oscurecen el hecho de que las industrias no se comprometieron nunca con aportar un salario justo y con garantizar el empleo. Más bien trabajaron diferentes estrategias para conseguir salarios más bajos, deshacerse del compromiso con las empleadas de largo plazo, reducir las horas de trabajo y, a la vez, encargar al Gobierno la aportación de subsidios. El objetivo principal de las industrias era mantener unos enormes márgenes de ganancia a costa de la sobreexplotación. Esto motivó a las mismas empresas a buscar las riquezas donde pudiesen ofrecer lo mínimo. A esto se sumó el hecho de que las industrias de textiles y ropa de Estados Unidos cabildearon en el Congreso para que se aumentara el salario de los obreros puertorriqueños en las industrias del mismo sector en Puerto Rico porque sabían que al hacerlo estas saldrían de la isla.

Otro sector de la industria liviana lo fue el enlatado de alimentos, del que es parte la industria del enlatado del atún. Esta se establece en Puerto Rico para la década de 1950 en respuesta a las limitaciones impuestas por otras naciones, en reclamo por la soberanía sobre sus aguas. Estados Unidos aumentó sus importaciones de pescado de 7.5 % en 1947 a 34 % en 1953. Estas estaban controladas por las empresas Van Camp Sea Food Company, French Sardine Company y Bumble Bee. La última controlaba más de la mitad de la producción de Estados Unidos. En 1952, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó un impuesto de 3 centavos de dólar a la libra de atún importado, pero este no fue aprobado en el Senado. Ante la escasez de pesca en la zona oeste de Estados Unidos, producto de la sobreexplotación, las empresas movieron sus inversiones hacia Puerto Rico, Samoa americana y Perú. Las empresas también se mudaron de la zona oeste, específicamente de California, en reacción a la Declaración de Santiago de 1952. En esta, Perú, Chile y Ecuador proclamaron control soberano sobre 200 millas marítimas más allá de sus costas. Se advirtió a la American Tunaboat Association la pena del apresamiento de sus naves si no pagaban las licencias de pesca. El Congreso votó a favor de la Fishermen’s Protective Act en 1954, que obligó al Estado a pagar las multas que los países latinoamericanos imponían a las embarcaciones estadounidenses. Estas presiones llevaron a varias de las empresas a buscar riquezas en Puerto Rico. Tres empresas atuneras se establecieron en Mayagüez, entre ellas la Neptune Packing. El atún importado por Estados Unidos, de 1987 a 1989, aumentó en 50.7 millones de libras. Fue el mismo periodo en el que varias atuneras de esta nación transfirieron su industria a Puerto Rico. En 1992, el aumento en las exportaciones de atún de Puerto Rico se debió a que la Star Kist compró parte de las facilidades de Neptune Packing en Mayagüez. En 1993, las exportaciones de atún desde Puerto Rico a países extranjeros alcanzó los $6,229,464 dólares y las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron los $435,090,168 dólares.
Autor: Amílcar Cintrón Aguilú
Publicado: 15 de septiembre de 2014.

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