Si el Estado, una creación de la humanidad tan antigua como la agricultura, fue considerado desde sus orígenes como imprescindible para organizar y estabilizar las relaciones de convivencia de una comunidad, el Parlamento, como institución legislativa que comparte el poder con la Rama Ejecutiva, no adviene al panorama político europeo hasta la Edad Moderna, aunque tiene algunos antecedentes feudales de la Edad Media. En el mundo antiguo, los griegos ensayaron esquemas para compartir el poder político y gobernar con responsabilidad hacia el gobernado. Ellos inventaron el término tiranía para deslegitimar a aquellos regímenes que ejercen el poder político autocrático y no se ciñen a las leyes e intereses de la comunidad y son arbitrarios en el ejercicio del poder. Los regímenes tiránicos se autojustifican bajo el principio de que solo la fuerza ejercida por la autoridad política, aunque sea arbitraria, es capaz de garantizar el bienestar de la sociedad: la paz interna y la defensa ante sus enemigos externos Según Aristóteles, el gobierno aristocrático es el gobierno de unos pocos para el beneficio de todos, mientras que las oligarquías gobiernan para beneficio de ellos mismos, por lo que representa una deformación de la tradición aristocrática y propende a la tiranía. Más tarde, en Roma, antes de constituirse en Imperio, implantaron formas de pluralizar el ejercicio del poder político mediante instituciones aristocráticas, como lo fue, por ejemplo, el Senado romano durante la República.

En el mundo clásico, sin embargo, la noción de un Estado aristocrático no incluía la idea de obligaciones recíprocas entre gobernante y gobernado aplicables a la totalidad de la pirámide social. Por el contrario, se entendía que los que formaban parte de la aristocracia, por ser “los mejores” (por lo que merecían privilegios legitimados por la sangre), estaban llamados a gobernar en virtud de ser, por naturaleza, superior al pueblo, a los seres comunes. No fue hasta la Edad Media, luego de desaparecer el Imperio romano, que se introdujo en Occidente la idea de que la legitimidad de la relación entre gobernante y el gobernado radica en un acuerdo de reciprocidad; es decir, de deberes y obligaciones mutuas. El gobernado le debe lealtad al gobernante a cambio de que garantice el sosiego y la estabilidad social y asuma la responsabilidad política (y moral) de velar por la seguridad y el bienestar del gobernado. Este acuerdo político o contrato social tomó forma legal y moral en lo que se conoce como relaciones de vasallaje, mediante las cuales un individuo se avasallaba a otro; es decir, se subordinaba a un señor a quien le juraba lealtad personal (lo cual incluía tributos materiales y servicio militar) a cambio de seguridad y protección. La institución del vasallaje, validada por la tradición, se expandió por toda Europa y llegó a regir sobre la totalidad de la pirámide social y política, e incluir la institución de la monarquía. De ella surgieron prácticas de participación de los vasallos de mayor jerarquía en los asuntos del reino, particularmente en lo concerniente al código legal, los impuestos y las cuestiones militares.

Eventualmente, la práctica de compartir el poder político con sectores importantes de la sociedad evolucionó en la institución parlamentaria, la cual se convirtió, tras la Revolución francesa, en el foco institucional de la libertad política. A partir de esa gran revolución de la Modernidad, no es posible concebir un orden democrático, tanto en teoría como en la práctica, sin la presencia de una institución parlamentaria autónoma, independiente de la administración del Estado (del Poder Ejecutivo). Hoy, tras dos siglos de experiencia democrática y a pesar de innumerables y traumáticas experiencias formativas conflictivas, se considera al Parlamento —por ser una institución representativa con el poder exclusivo de aprobar las leyes del Estado—, imprescindible para la condición democrática. En otras palabras, sin una Asamblea Legislativa funcional y vigorosa que le sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo del Estado, no es posible vivir en libertad. La institución parlamentaria en Puerto Rico se conoce como Legislatura o Asamblea Legislativa que es el nombre que le asigna el artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952). Se trata de una institución compleja, plagada de contradicciones y sujeta a un proceso de transformación continuo, pero que no deja de ser, como en toda sociedad democrática, una institución política indispensable, por ser la única instancia capaz de aprobar leyes que organizan la vida dentro del territorio.

Esta sección de la Enciclopedia de Puerto Rico en Línea contiene artículos sobre la naturaleza y antecedentes de la institución parlamentaria, sus orígenes en Puerto Rico y su particular desarrollo histórico y configuración constitucional, así como el principio de representatividad y su particular estructura operacional. También incorpora algunos temas polémicos de su condición actual, como su relación orgánica y coyuntural con los partidos políticos y su permanente relación conflictiva con el Poder Ejecutivo.
Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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