Es imprescindible para todo ciudadano conocer la estructura del Gobierno de Puerto Rico, en el contexto de los principios democráticos y republicanos que definen la ética política de la época moderna. A pesar de las diferentes ideologías sociales que todavía compiten en la arena pública, no hay en el mundo de hoy ningún sistema político que no se identifique de alguna manera con la democracia. Por ejemplo, cuando Alemania estaba dividida en dos Estados (1945-1991), uno afiliado a Estados Unidos y otro a la Unión Soviética, uno capitalista y otro comunista, ambos se identificaban como repúblicas: la República Federal Alemana (Deutsche Bundesrepublik) y la República Democrática Alemana (Deutsche Demokratische Republik). Y cuando existen regímenes que no son técnicamente republicanos, como son, entre otros, Inglaterra y España, que son monarquías constitucionales, estos no cesan de identificarse como Estados democráticos a cuyas leyes y costumbres sus monarcas se subordinan como cualquier otro ciudadano. El uso universal del término democracia (y sus derivados) como legitimador del sistema político, sea cual sea su variación estructural e ideológica, testimonia su aplicación planetaria como ordenador de la vida política moderna y constituye el principal criterio de legitimación para los sistemas políticos del mundo contemporáneo. Esto es así a pesar de la persistencia en el mundo de regímenes autocráticos atávicos.

El cuerpo de principios fundamentales de los gobiernos democráticos tiene su origen en la época de la Ilustración (el siglo XVIII europeo) y surgieron en oposición a los sistemas autoritarios y jerárquicos de los tiempos feudales y de las grandes monarquías absolutas que precedieron a las repúblicas en la historia política de Occidente. Estos principios parten del supuesto de que el ser humano, por su condición natural de ser libre y racional, tiene la capacidad (y el derecho) de la autorrealización, tanto en su dimensión individual como comunitaria. La reivindicación del ser humano actuando en libertad, es decir, al margen del control y dominio de los estamentos tradicionales y sus estructuras de poder autoritario, hacía necesario rehacer de manera radical las instituciones del Estado. La lógica democrática estableció que solo se puede vivir en libertad cuando se constituye formalmente una normativa de Estado (codificada en ley) que le impone límites a la autoridad política sobre los ciudadanos, es decir, al uso del poder por parte del Estado. Por eso, un Estado democrático es sinónimo de Estado de derecho o Estado constitucional.

A partir de la Revolución francesa de 1789, mediante procesos sucesivos que alteraron radicalmente, aunque paulatinamente, la estructura interna del Estado moderno, se afincó en Occidente la mentalidad ilustrada de esta nueva sensibilidad democrática —es decir, de regímenes de ley dominados por el demos (pueblo) y no por los estamentos tradicionales—. Este periodo que comprende las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX se conoce en la historia de Occidente como la era de las revoluciones y es en ese momento que se inicia la transformación de las monarquías en repúblicas, y los antiguos súbditos reales se convierten en ciudadanos; o sea, en miembros bona fide de un Estado nacional.

Las teorías y prácticas democráticas que surgen de este periodo revolucionario delatan, por su gran extensión territorial y compleja profundidad, una enorme diversidad. Ricas e imaginativas variaciones de forma y énfasis, arraigadas en particulares tradiciones y experiencias, fueron la orden del día. Por otro lado, desde los tiempos de la Ilustración ha surgido una extensa literatura filosófica e histórica de gran peso crítico, que no deja de resaltar las contradicciones de los nuevos regímenes ni de confrontar las constantes polémicas interpretativas. Se pueden, sin embargo, resumir los principios fundamentales del Estado democrático moderno, según han sido consensuados e incorporados en los diferentes sistemas políticos del mundo actual, incluyendo el del Estado puertorriqueño.

Soberanía o autonomía del ciudadano. El primero de estos principios —el de la soberanía del ciudadano— establece que el Estado es un instrumento político al servicio de los ciudadanos y que se organiza de acuerdo a la voluntad popular expresada libremente siguiendo las normas y reglas acordadas por consenso. Esta soberanía o autonomía del ciudadano es inviolable en cuanto a que contiene derechos y libertades naturales que el Estado está obligado a respetar y proteger. Por eso, la base de todo Estado democrático es su particular Constitución, la cual, en teoría y práctica, está refrendada por la voluntad popular, ya sea mediante un acto constituyente explícito o por el cúmulo de prácticas y tradiciones que los ciudadanos asumen como suyas. Es por eso que Estado democrático es sinónimo de Estado constitucional. Lo opuesto al Estado constitucional es el Estado autoritario y autocrático, que es la forma que usualmente adoptan las dictaduras.

En Puerto Rico, a pesar de la hegemonía que ejerce Estados Unidos sobre la vida política (relación de subordinación), el Estado constitucional vigente lleva el nombre de Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y su documento constitutivo es su Constitución, la cual fue redactada y aprobada por una Asamblea Constituyente y luego refrendada por voto popular en 1952. Contiene en su artículo 2, una extensa Carta de Derechos que comienza reconociendo el principio de que “la dignidad del ser humano es inviolable”.

Participación política. Consustancial con el concepto de soberanía del ciudadano —lo cual remite a sus derechos individuales y libertades políticas— la ética democrática encumbra la idea de la participación política de los ciudadanos autónomos en las decisiones que afectan la vida de la comunidad. Este activismo es continuo y no se limita a participar con el voto en elecciones parciales o generales. Si en los sistemas autocráticos la lealtad del gobernado se percibe como sumisión pasiva al dictamen de la autoridad constituida, en democracia el ciudadano tiene el derecho y la obligación de constituirse en un actor político independiente; es decir, cuestionar la autoridad y ser partícipe de las decisiones que afectan la vida de su comunidad. (Aunque en ocasiones los regímenes autoritarios organizan la movilización política de la población, esta solo se hace para generar apoyo y entusiasmo para la política oficial).

Según la norma activista del orden democrático, los ciudadanos son los que establecen las políticas públicas, según dictan sus intereses, aspiraciones y valores sociales. Al Gobierno, de acuerdo a las normas y valores democráticos vigentes, sea cual sea su estructura formal, le toca solo administrar la política pública, no determinarla. Son los ciudadanos quienes establecen las políticas de convivencia mediante un activismo comunitario continuo y multifacético. La participación electoral, de acuerdo a esta normativa democrática, está relegada a un lugar inferior al del activismo, y su función está limitada a normalizar la sucesión del poder administrativo del Estado.

Sufragio universal. Otra norma democrática inviolable tiene que ver con el sistema de sucesión del poder político, tanto de sus representantes legislativos como de los administradores del Estado (la rama ejecutiva). Si en las monarquías tradicionales el poder se hereda por vínculos de sangre y en las oligarquías les toca a los representantes de las clases jerárquicas designar a los gobernantes de turno, en las democracias se hace por elección popular y se organiza bajo el principio del sufragio universal. El sufragio universal es un desarrollo tardío de las democracias. Por muchas generaciones, pasada la Revolución francesa y habiéndose consolidado en Occidente los regímenes liberales republicanos, la participación electoral para determinar la sucesión del poder estaba limitada a los varones educados de las clases propietarias. No es hasta entrado el siglo XX que se les concede el derecho al voto a las mujeres y a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de escolaridad y su clase social, incorporando finalmente el principio democrático del sufragio universal. En Puerto Rico, por ejemplo, las mujeres no tuvieron derecho al voto hasta 1936.

Tan importante como el sufragio universal, es la exigencia de que la elección de los administradores del Estado sea para periodos limitados, sean estos de duración determinada (normalmente cuatro, cinco o seis años) o de tiempo flexible. El propósito es que los políticos estén en el poder solo por un tiempo limitado para evitar que se entronen en sus puestos, una mala costumbre que suele propiciar abusos de poder. En Puerto Rico no se establece la limitación de términos (ni en la Constitución ni en las leyes), pero durante más de medio siglo se ha practicado la alternancia en el poder, limitando la gobernación de un partido, en la práctica, a un máximo de dos términos (ocho años). En Estados Unidos los términos permitidos son dos, mientras que en México el término es de seis años y no se permite la reelección.

Separación de poderes. El pensamiento democrático asume que el abuso del poder es una tendencia natural de la política, por lo que establece el principio de limitar el ejercicio de la autoridad política mediante una separación formal de las funciones del Estado. La separación de poderes tiene una dimensión territorial y otra funcional. La territorial establece una separación interna o infranacional, mediante gobiernos formalmente separados a nivel central, regional y municipal. El objetivo de esta descentralización es que cada jurisdicción asuma competencias propias y complementarias, evitando así la acumulación de poder excesivo en alguna instancia particular. En Puerto Rico solo existen dos niveles de gobierno territorial: el Gobierno central y los municipios. Pero en países como Canadá y México, para citar dos ejemplos, el Gobierno central comparte su autoridad con instancias provinciales y municipales. En Estados Unidos, además de los niveles estatales (provinciales) y municipales, existen los llamados counties (condados) a los cuales también se les asignan ciertas competencias exclusivas. La manera en que se comparten los poderes entre el Gobierno central y los territoriales varía de país en país. Cuando el balance favorece al primero, se le suele llamar Estado unitario o centralizado, y aquellos casos en los cuales las unidades provinciales retienen amplios poderes se conocen comofederalismo. Por lo general, el Gobierno central de una federación ejerce los poderes específicamente delegados por las unidades federadas, mientras que estas retienen las demás competencias.

La forma principal de separar poderes, no obstante, es la horizontal o funcional. La norma democrática republicana divide el Gobierno en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, estableciendo por ley el marco operacional de cada una de ellas. En términos generales, la rama ejecutiva administra las agencias de servicio del Estado, la legislativa se limita a aprobar leyes y fijar los gastos del Estado (el presupuesto estatal) y la judicial se ocupa de administrar el sistema legal y el funcionamiento de los tribunales de justicia. Cada una de ella es autónoma en el ejercicio de sus funciones, por lo cual establecen sus propias reglas operacionales y normas administrativas.

Estado de derecho. Otro principio democrático fundamental es el llamado Estado de derecho. De acuerdo a esta tradición, la única forma de evitar el abuso de poder por parte de los administradores del Estado (Gobierno) y proteger los derechos de los ciudadanos, es obligando a todos –personas e instituciones– a cumplir la ley. En teoría, nadie, en un Estado de derecho, está por encima de la ley (es decir, está autorizado a violar la ley) y todo funcionario, por más poderoso que sea, está obligado a cumplir con las normas y reglamentos vigentes. El Estado de derecho, en tanto sirve de obstáculo para la interpretación y aplicación arbitraria de leyes y reglamentos, es considerado como un componente esencial de la vida democrática, sin el cual no es posible proteger la autonomía del ciudadano y la vida democrática. Esto no quiere decir que el Estado de derecho no haya dado muestras de profundas contradicciones y que sea tema de continuas polémicas en los campos jurídicos y políticos.

Esta sección de Gobierno de la Enciclopedia de Puerto Rico en Línea contiene artículos sobra cada uno de estos principios políticos fundamentales. Hay otros principios, prácticas y componentes importantes del Estado democrático como son, por ejemplo, la representación de los ciudadanos en las instituciones del Estado y la función organizadora e incluyente de los partidos políticos. La interrelación funcional de todos ellos es un tema recurrente en esta enciclopedia, como lo es también el papel del Estado en términos de la justicia social, la igualdad, la libertad y el bienestar de la comunidad de ciudadanos.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 12 de septiembre de 2014.

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