A finales de la década de 1940, Puerto Rico inició un proceso de invitación del capital estadounidense bajo la Operación Manos a la Obra. Se creó la Ley de Exención Contributiva Industrial en 1948, que estableció la exención en la declaración de impuestos al Gobierno por quince años. Es dentro de este marco de invitación de los capitales estadounidenses que surgió una nueva etapa en la industria de la aguja. La autora Helen I. Safa aporta datos importantes en su libro, De mantenidas a proveedoras: mujeres e industrialización en el Caribe, que ilustran en este texto las condiciones materiales que influyeron en la vida de las mujeres de la industria de la aguja.

En 1950 se establecieron fábricas de elaboración de ropa que contrataron a miles de mujeres, sobre todo en los centros urbanos. En esa primera etapa, las mujeres contratadas tenían poca o ninguna escolaridad, muchas habían comenzado a trabajar en la antigua industria de la aguja desde los 15 años. En una segunda etapa, durante la década de 1960, las compañías elaboradoras de ropa contrataron mujeres mayormente casadas, con hijos, entre los 26 y los 35 años de edad, y con cierto grado de escolaridad. Esta contratación afectó a las mujeres contratadas en la década de 1950. Las compañías cerraron sus instalaciones en los centros urbanos y movieron sus operaciones a zonas rurales para continuar con los beneficios de exención contributiva. Esto obligó a las empleadas de largo plazo, con 50 años de edad o más y 25 a 30 años de servicio, a gastar en transportación pública. Estas enfrentaron los nuevos obstáculos junto a la misma faena con tal de alcanzar la jubilación a los 62 años, tiempo en el que recibirían de pensión $100.00 mensual. El temor de estas mujeres se agudizó en la medida en que notaban la preferencia por las empleadas jóvenes, la limitación de la falta de escolaridad y la imposibilidad de ser contratadas a su edad en un nuevo tipo de trabajo.

Las condiciones materiales enfrentadas por estas mujeres, tanto en la década de 1950 y 1960, como en la década de 1980, tuvieron gran influencia en las relaciones de género. Algunas de las mujeres solteras de la industria de la aguja aportaban a la familia extendida, a su presupuesto familiar. La madre de la familia asumía las tareas del hogar, mientras que su hija se encargaba del trabajo en la fábrica, que le permitía aportar más del 40 por ciento del ingreso familiar total. Sin embargo, a pesar de su importancia como proveedoras, estas mujeres no cuestionaron el poder patriarcal. Las mujeres casadas aportaban entre el 40 y el 60 por ciento del presupuesto familiar. Los esposos, en su mayoría, aceptaban el trabajo de estas, no lo consideraban una amenaza a su autoridad ya que reconocían que no se podía vivir con un solo salario. En el caso de las jefas de familia, sin embargo, estas consideraban que un varón era un obstáculo para su libertad. Aunque no hay pruebas contundentes que demuestren la relación entre la entrada de las mujeres al mundo del trabajo y el divorcio, sí hay una relación entre el acceso a un ingreso fijo y el deseo de aspirar a condiciones de libertad entre las mujeres trabajadoras. Estas mujeres prefirieron asumir económicamente la crianza de sus hijos a someterse a una relación que restringiese su libertad de movimiento.

En el caso de las relaciones de género en el interior de las fábricas, es importante mencionar que en las fábricas, durante los años ochenta, las posiciones gerenciales eran ocupadas casi en su totalidad por varones. Ellos determinaban el futuro de las mujeres sin que ellas pudiesen oponerse. Por ejemplo, se decidió contratar a mujeres jóvenes para evitar comprometerse con las pensiones de las empleadas a largo plazo. Los líderes sindicales también eran varones y las mujeres solo podían ser delegadas. Esta jerarquía abonaba a unas relaciones de paternalismo en las que había poca participación de las mujeres jóvenes, una participación más agresiva de las empleadas de largo plazo y un control de las decisiones de parte de los varones. En el caso de las relaciones con el Gobierno, los funcionarios consideraban que las mujeres hacían una aportación complementaria al salario del varón, cuando en realidad era la aportación más importante en muchos casos; tomando en cuenta lo bajos que eran estos ingresos, comparados con otros sectores obreros. En el caso de la relación entre el Gobierno y la fábrica, su accionar paternalista favoreció la reducción de horas de trabajo semanales a las obreras de largo plazo. El Gobierno aportó un subsidio a las mujeres que complementó el empleo precario, pero esto solo significó, en última instancia, el paso de estas obreras del patriarcado privado del padre o el esposo, al patriarcado público del Gobierno.

Las mujeres tomaron control de su presupuesto, de la toma de decisiones del interior de la familia. No obstante, siguen siendo responsables del trabajo doméstico, lo que las obliga a asumir una doble jornada. En las esferas laboral y política son sometidas al patriarcado, en un sistema que las hace frágiles, víctimas del empleo precario y dependientes de las ayudas gubernamentales. Estos factores imposibilitan a muchas de las mujeres la movilidad social, incluso aunque adquieran altos niveles de escolaridad.

 

 

 

Autor: Amílcar Cintrón Aguilú
Publicado: 15 de septiembre de 2014.

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