Portada Puerto Rico en el mundo

Portada Puerto Rico en el mundo

Lo político se presenta en nuestras vidas como algo cotidiano y muy concreto. Aparece en situaciones específicas, mediante acciones de personas e instituciones en circunstancias particu­lares. Su importancia surge del simple hecho de que estas acciones y situaciones condicionan profunda­mente nuestras vidas; nos afectan a todos en tanto limitan o posibilitan lo que podemos hacer, mientras condicionan las prioridades y formas de utilizar e in­vertir los recursos del país. Debido a su impacto sobre la vida diaria, sobre la manera en que la cosa pública condiciona las experiencias cotidianas de los indivi­duos, el ciudadano no puede abandonar el espacio de lo político. Al contrario, la norma democrática moderna promueve la participación política mediante el dialogo entre ciudadanos y la acción de concertar acuerdos de convivencia beneficiosos para todos.

 

Dada la importancia y hasta la urgencia de estudiar y entender el campo de la política, las disciplinas que se han ocupado de esta tarea han sido básicamente dos: la ciencia política y la filosofía política. La pri­mera es relativamente reciente, pero la segunda es muy antigua.

La ciencia política es una disciplina que se dedica a la observación, descripción, explicación y predicción de la conducta política. El objetivo principal es el de explicar las actividades políticas y las instituciones en que estas se realizan. Responde al deseo de incluir en el estudio de la política la cuidadosa aplicación de métodos de observación que permitan los niveles más altos posibles de precisión compatibles con una ciencia humana. Este tipo de estudio detallado es esencial al análisis político como lo hacemos hoy. Se asume que mientras más cuidadosa y detallada sea la observación y la descripción de estos fenómenos, más certera será la explicación que de ellos se haga.

Pero, si existe una ciencia política, ¿para qué hace falta una teoría o filosofía política? La función de la teoría política es la de comprender la práctica y las instituciones políticas con miras a mejorarlas. Es una reflexión sobre la naturaleza y propósitos de la acti­vidad política, las instituciones políticas y las maneras en que éstas deben o pueden ser cambiadas. Además es una reflexión sobre la condición humana en cuanto afecta y es afectada por las instituciones políticas y sobre el efecto recíproco entre todos estos y el poder. Tiene una función crítica, evaluativa, normativa que la ciencia política explícitamente no tiene.

En última instancia la cuestión de si se esta siendo descriptivo o evaluativo en un momento dado es una cuestión de énfasis. Hasta cierto punto lo descriptivo es evaluativo y lo evaluativo es descriptivo. Si decimos que una sociedad es “democrática” estamos diciendo que sus instituciones son de cierta manera y en esa medida estamos siendo descriptivos. Pero a la vez, como el concepto de “democracia” tiene connotacio­nes laudatorias, estamos haciendo una evaluación positiva de esa sociedad. De esta manera el científico político no puede siempre evadir las evaluaciones ni el teórico político las descripciones pero se mantiene la diferencia en énfasis que caracteriza a uno y otro quehacer.

Hemos querido, como una contribución a la co­municación en la esfera pública, ofrecer definiciones funcionales, útiles, de términos fundamentales para entender el campo político y dialogar con efectividad sobre los asuntos públicos.

Estado

En el mundo en que vivimos, la principal institución en torno a la cual se organiza la vida política (las relaciones de poder en la polis) es el Estado. El Es­tado reglamenta la convivencia, crea instituciones de servicio al ciudadano, reúne y distribuye recursos, representa a la comu­nidad ante el resto del mundo (otros Estados), y configuran y acuerdan relaciones de guerra y paz así como relaciones comerciales, deportivas y artísticas, entre otras.

El Estado comprende un territorio con una población determinada, incorpora la sobe­ranía y organiza un gobierno para su administración. Esto significa, por ejemplo, que no podríamos considerar a una nave en el mar como un Estado porque carece de territorio, a pesar de que pueda existir en ella una recia organiza­ción y disciplina interna. Tampoco podríamos considerar Estado a un territorio sin gente, ni un territorio que, aunque poblado, carezca de organización; es decir, de un ordenamiento normativo e institucional para administrar los recursos colectivos, dirimir conflictos y encaminar proyectos comunes. En otras palabras, el Estado se organiza en repre­sentación y para beneficio de la comunidad.

Las diferentes formas de organizar un Estado, según se han dado a través de la histo­ria, se conocen como sistemas políticos.

Estado y estado

Que en Estados Unidos se le llame estados a las unida­des que constituyen la Unión, hace que en Puerto Rico no se entienda con claridad lo que es un Estado en su acepción más universal (con letra mayúscula). Estados Unidos, en términos precisos, es un Estado federado compuesto de cincuenta esta­dos, ninguno de los cuales es un Estado. Son más bien provincias a las que llaman estados. Esto se debe a que las 13 colonias originales se convirtieron en Estados soberanos al adquirir la independencia. Luego estos 13 nuevos Estados decidieron unirse y formar un solo Esta­do. A partir de ese momento, los componentes regionales se denominaron “estados”. Por esa razón aquí no se usa mucho el término, salvo para referirse a las unidades federadas de Estados Unidos y a la visión particular de los estadoístas respecto a la estructura jurídica que desean para Puerto Rico: un estado sin Estado.

Nación

La nación, contrario al Estado, no es una realidad institucional, sino social y cultural que provee, mediante una serie de elementos compartidos, un sentido de iden­tidad y unidad común. Una nación puede estar conformada por una comunidad histórica, lingüística, territorial, étnica, racial, religiosa o política. Estos elementos pueden darse y se dan en distintas combi­naciones y en casos concretos unos pueden estar sin los otros.

Hay casos en que la nación se organiza como un Estado, pero también hay naciones que no tie­nen Estado, como son los casos de Palestina y Cataluña. También hay Estados dentro de los cuales se reúne una diversidad de nacionalidades como son hoy España y Canadá y lo fuera, hasta hace muy poco, la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Estos se conocen como Estados multinacionales.

Pero también hay casos en que una nación esta repartida por varios Estados. Por ejemplo, hay comunidades nacionales alemanas en Polonia, Austria y Suiza; mien­tras que la nación kurda habita en Irán, Turquía e Irak. Un caso harto conocido es Irlanda, una nación di­vidida entre la República Irlandesa, que logró su independencia a prin­cipios del siglo XX, y el condado de Ulster, que sigue siendo parte del Reino Unido (Inglaterra).

Históricamente, los estados multinacionales y las naciones multi-estatales tienden a crear tensiones políticas, en ocasiones con manifestaciones violentas. Eso lo hemos visto en la Unión Sovié­tica, Irlanda, Canadá, Kurdistan, Yugoslavia y España.

En resumen. Una nación puede estar encarnada en un Estado (Es­tado Nacional), puede estar subor­dinada a otro Estado Nación, puede estar dispersa en varios Estados o puede compartir un Estado con otras nacionalidades.

Puerto Rico es una nación con un Estado sin soberanía.

Soberanía

Soberanía es la capacidad de conducir, sin restricciones, los asuntos internos y externos de un Estado. En otras palabras, el Estado es soberano en tanto no reconoce ninguna autoridad política supe­rior. La frase famosa del Rey Sol francés, Luis XIV, el Estado soy yo (L’etat c`est moi) no representa únicamente un acto de vanidad personal o soberbia monárquica, sino el reconocimiento de que no hay ninguna autoridad que esté por encima del Estado el cual, en el caso del sistema monárquico, esta personificado en el Rey.

Soberanía implica la capacidad de decretar leyes y hacerlas cumplir dentro de su territorio y de confor­mar acuerdos y tratados con otros Estados. En términos prácticos, in­cluye además organizar y mantener recursos policíacos y militares con el fin de que le provean la fuerza necesaria para imponer el orden interno y proteger la integridad del territorio ante amenazas del exterior.

Es muy importante entender que la soberanía de un Estado, en el contexto de la realidad política, nunca es absoluta. El poder de un Estado, aún el de los Estados más poderosos del mundo, esta limi­tado por el hecho de que ninguno es autosuficiente. Todos los países del mundo dependen en alguna medida de los demás (sistema in­ternacional) y no pueden proceder como si los demás no existiesen, aún en asuntos que aparentan ser puramente internos.

Si un país, por ejemplo, tiene industrias que producen mucha contaminación industrial y esta es llevada por el viento a las fronte­ras de otro país, el problema se convierte en uno internacional que requiere acuerdos y tratados que afectarán las maneras en que cada uno de los involucrados manejará sus industrias.

Estado unitario, federación y confederación

Los Estados difieren respecto a la manera en que están orga­nizados internamente. Casi todos los Estados, además de tener un gobierno central (administración central), se dividen en unidades llamadas distritos, provincias, es­tados, departamentos o condados y estos a su vez, en ciudades o mu­nicipalidades. Las provincias gozan de mayor o menor autonomía sobre asuntos locales, dependiendo del ordenamiento del Estado.

El tipo de relación y el grado de poder que tienen los gobier­nos centrales en relación con las provincias, ha sido un problema político importante por mucho tiempo. Hay países en que las pro­vincias tienen muy poca autonomía, siendo la capacidad de estas últi­mas limitada sólo para administrar algunos asuntos locales. En estos casos, en que todo depende del gobierno central, decimos que se trata de un Estado unitario. En ellos todo el ejercicio de la soberanía se encuentra en el gobierno central. Cuando hay una tendencia hacia lo contrario con el propósito de li­mitar el poder central, hablamos de la descentralización de funciones gubernamentales. La descentra­lización de funciones guberna­mentales mediante concesiones de autonomías territoriales no necesariamente conlleva traspasos de soberanías.

Pero también hay casos de paí­ses en que las provincias retienen amplios poderes de modo que el gobierno central funge meramente como una entidad coordinadora. En estos casos las provincias retienen la parte mayor de la soberanía. Este arreglo se llama confederación y es básicamente una asociación de entes soberanos y autónomos.

Hay algunos países, sin em­bargo, en los que la autoridad se comparte entre el gobierno central y las provincias, de manera que lo que resulta es un caso de sobera­nía compartida, o federación. Bajo este sistema, el gobierno central, o federal, legisla como soberano sobre unas áreas de la vida común mientras que los estados mantie­nen poderes sobre otras áreas. Por ejemplo, en Estados Unidos el go­bierno federal es el único que pue­de establecer y regular la moneda y el ejército, mientras que las leyes sobre el matrimonio y el divorcio les corresponden a los estados. En caso de disputa sobre que área le corresponde a quien, el Tribunal Supremo federal resuelve.

La Federación o Unión de Es­tados ocurre cuando dos o más soberanos acuerdan ceder parte de su soberanía a un nuevo ente en el cual los dos participan. El acuerdo de federación describe en detalle los poderes que se habrán de ceder al nuevo Estado federado y cuales serán retenidos en los te­rritorios particulares. Los ejemplos históricos son vastos y denotan una enorme variedad de acuerdos, algunos donde la cesión de pode­res es amplia y otros donde es más restricta. Estados Unidos y México son buenos ejemplos de federacio­nes donde el gobierno central (fe­deral) tiene poderes amplios. En la práctica tan solo quedan los restos fosilizados de una soberanía que, teóricamente, tenía cada unidad al momento de federarse.

En contraste, se le llama con­federación a una unión de entes soberanos que, a diferencia de una federación, retienen gran parte de su soberanía después de unirse. Suiza, por ejemplo, es una confe­deración con un gobierno central limitado, de pocos poderes, donde cada cantón (región autónoma) retiene enormes prerrogativas po­líticas y administrativas. El nombre oficial de Suiza es Confederación Helvética.

Cuando las 13 colonias inglesas de Norte América obtuvieron su independencia, se unieron primero bajo una confederación. Es de notar, por ejemplo, que el documento oficial que la creó, The Articles of Confederation, le reconocía a los 13 Estados confederados (antiguas colonias) la potestad soberana de mantener su propio ejército y moneda. Poco tiempo después se creó la Constitución federal que rige hoy día, estipulando amplios poderes para el gobierno central. Cuando en 1860 algunos de los estados miembros, reclamando su soberanía natural, optaron por salirse de la Unión y crear entre ellos una nueva Confederación, el gobierno central rehusó reconocer tal derecho, dando inicio a una Guerra Civil que habría de ponerle fin, para siempre, a las posibilida­des de secesión.

Pero el ejemplo histórico más reciente de un caso dramático y exitoso, en el cual Estados nacio­nales potentes acordaron limitar sus soberanías individuales a cambio de una nueva unidad, es la Unión Europea. ésta comenzó como un acuerdo económico entre Alemania, Francia, Bélgica, Luxem­burgo y los Países Bajos al concluir la Segunda Guerra Mundial y al día de hoy incorpora veintisiete países con una sola ciudadanía (Europea), libre flujo de ciudadanos, una mo­neda (Euro), una capital (Bruselas), e instituciones propias incluyendo un Parlamento y un proyecto de integración política.

Desde el punto de vista teórico, en toda confederación o unión, cada unidad retiene su soberanía aunque haya cedido a la unidad central parte de sus poderes soberanos. En otras palabras, la entrada a formar parte de una confederación es de por sí, como en el caso de la Unión Europea, un acto de soberanía. Por lo tanto cada Estado Nacional (soberano) sigue existiendo, aunque haya en­tregado a la unidad central parte de los poderes inherentes a esa sobe­ranía. Esto contrasta con el acuerdo de federación, como en Estados Unidos y México, mediante el cual la soberanía, como tal, es cedida a otro, al Nuevo Estado Nacional Federado.

Hay que distinguir entre aquellos casos en que la soberanía se cede parcialmente por mutua conveniencia y aquellos en que se pierde involuntariamente. Cuando un país se ve obligado por otro ceder su soberanía o parte de ella, sin su consentimiento, por ocupación militar o imposición política y económica, decimos que se trata de un acto de im­perialismo y el país víctima se convierte en una colonia. Si se trata de una situación en que un país, sin ceder formalmente su soberanía, se coloca completa­mente bajo la esfera de influencia de otra para beneficio de esta en perjuicio propio decimos que es un país satélite o una neo-colo­nia. Usualmente estas situaciones son el resultado de haberse al­canzado niveles de dependencia económica y política de tal mag­nitud, que el país dependiente no se siente en condiciones de hacer valer su soberanía por terror a represalias o la pérdida de ven­tajas económicas.

Gobierno

Es común, en la usanza po­pular, confundir gobierno con Estado. En España, por ejemplo, se usa el término Estado para designar al gobierno central, a diferencia de los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Go­bierno no es sinónimo de Estado. El gobierno es la institución que administra el Estado. Cada Esta­do, en otras palabras, conforma un gobierno para administrar sus asuntos. Los gobiernos se forman y funcionan de acuerdo a las re­glas que adopta cada Estado y se constituyen por medio de leyes orgánicas (constituciones), al­gunas expresamente redactadas (leyes orgánicas) y otras forjadas por la tradición (constituciones no escritas).

En otras palabras, la función principal del gobierno es admi­nistrar el Estado, implementar la soberanía. Para ello, es impres­cindible que el gobierno, al igual que todo ciudadano e institución, respete las reglas del juego del Estado según codificadas. En el Estado de Derecho moderno, el gobierno no está por encima de la Ley, sino lo contrario: esta obligado a cumplir con la Ley. Violarla implica claudicar su legitimidad.

Además de la capacidad de modificar el código legal por medio de legislación conforme a una Ley Orgánica vigente, los gobiernos hacen cumplir las leyes y reglamentos. Como la función impostergable de todo Estado es proteger el territorio de toda amenaza que provenga de otros o de la naturaleza, el gobierno es la entidad que ad­ministra las relaciones exteriores y ejecuta la guerra, hace respetar la normativa estatal, vela por el orden público, es responsable por proveer una amplia gama de servicios al ciudadano y adminis­tra la justicia tanto en situaciones criminales como en disputas entre ciudadanos.

Un sistema político es el conjunto de instituciones que parti­cipan en el proceso de toma de decisiones colectivas de un país. Incluye el aparato gubernamental constitucionalmente establecido con las funciones ejecutiva, le­gislativa y judicial, los partidos políticos, los grupos de presión y otras instituciones cívicas así como las clases sociales. Este es el concepto más abarcador cuando se habla de instituciones políticas porque incluye todos los procesos que afectan el poder público. El concepto de ”sistema” implica que el conjunto tiene características propias y se comporta como un todo de modo que aunque poda­mos estudiar las partes también podemos estudiar la conducta y desarrollo del sistema en su totalidad. La importancia y pertinencia del concepto de ”sistema político” viene del hecho de que nos permi­te formular preguntas que sin el no surgirían sobre la vida política en su conjunto.

Por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico garantiza una serie de derechos al ciudadano. Si exami­namos la aplicación en la práctica de estos derechos y pensamos únicamente en el gobierno en nuestro análisis nos pregunta­ríamos si el ejecutivo, legislativo y judicial están haciendo todo lo que esta en sus manos para lograr que estos derechos se respeten. Si, en cambio, ampliamos la mirada y pensamos en el sistema político en su conjunto, preguntamos si el hecho de que una persona perte­nezca a una clase social y no a otra influye en que sus derechos sean respetados o si instituciones no gubernamentales como las iglesias y las asociaciones profesionales están contribuyendo a que esos derechos se respeten.

También podemos pensar en la estabilidad política de una sociedad. Si miramos únicamente el aparato gubernamental pen­saremos en elementos como las relaciones entre las ramas de gobierno y en el grado de partici­pación electoral de la población. Si pensamos en el sistema político en su totalidad cuestionamos la dis­tribución de la riqueza, la rivalidad entre las clases sociales y el papel estabilizador o desestabilizador que cumplen instituciones como las iglesias en el sistema político.

No todos los análisis políticos que hacemos requieren que pen­semos en el sistema político en su totalidad, pero muchas veces, si no vemos el conjunto, no vamos a entender relaciones causales importantes y vamos a tener una comprensión fragmentada de la vida política.

Dentro de un sistema político el régimen es la manera en que se organiza la distribución del poder y las normas de funcio­namiento del sistema político, especialmente en lo que se re­fiere al aparato gubernamental. Régimen refiere al conjunto de instituciones que le permiten al Estado ejercer su autoridad sobre una comunidad. La clasificación de regímenes más influyente en la antigüedad fue la de Aristóte­les, quien trato de contestar dos preguntas: ¿quién gobierna? y ¿en interés de quién gobierna?

Hay varias cosas que observar sobre esta clasificación. Aristó­teles mismo llamó la atención sobre el hecho de que es incom­pleta porque no hace referencia a la estructura de clases de la sociedad, no toma en cuenta que en la oligarquía quienes están en el poder son los ricos y en la democracia los pobres. Tampoco toma en cuenta otra cosa que a Aristóteles le preocupaba mu­cho: que hay regímenes que se gobiernan siguiendo las leyes y otros responden únicamente a la arbitrariedad del gobernante.

Estas consideraciones de Aris­tóteles nos sugieren que el poder en un régimen político depende de quien tiene el control, a que clase social pertenece, cómo lo usa y si al usar el poder sigue la ley o actúa siguiendo su voluntad o su parecer por encima de la ley.

Monarquía
Durante la mayor parte de la historia, la forma preferida de organizar el Estado fue la monár­quica; es decir, sistemas centra­lizados, piramidales, controlados por un rey (o reina) que pueden delegar funciones (poderes) en personas de su confianza, pero que responden únicamente a su autoridad . En la monarquía, el poder emana del rey y todo el que lo ostenta es por delegación suya. La sucesión del poder es sanguínea, por herencia de sangre. Esto evita luchas de sucesión mientras la línea hereditaria sea clara y perdure. Este tipo de régimen no ofrece ninguna garantía respecto a las calificaciones intelectuales o morales del monarca.

La monarquía se ha legitima­do de varias maneras: en algunos casos se ha usado el concepto de responsabilidad paternal que concibe al rey como padre simbólico de la comunidad y como el responsable máximo del bien común. En otros casos se alega que el monarca (y sus descendientes) gobierna por derecho divino, por la voluntad de Dios. En otros contextos el monarca se debe al apoyo de los estamentos más altos, como la nobleza (de la cual es primo inter pares) o la clase sacerdotal.

Los sistemas monárquicos clásicos donde el Rey no reconoce límites al poder de su persona (salvo los que fijan las tradiciones vivas de su comarca) se denominan monarquías absolutas. En una monarquía absoluta el rey está por encima de la ley (el monarca es la ley) y el gobierno depende enteramente de su juicio. El absolutismo monárquico ha desaparecido del mundo moderno y las antiguas monarquías se han transformado en repúblicas o en monarquías institucionales, donde el monarca carece de poder real y retiene tan solo un valor simbólico y de cohesión identitaria. El Estado en ese último sistema, limita el poder político de los monarcas mediante la creación de instituciones políticas autónomas que separan los poderes administrativos de las distintas ramas de gobierno, devolviéndole al pueblo, o demos, la participación directa en el proceso de formar gobiernos bajo el sistema electoral de sucesión de poder y el principio del sufragio universal.

Aristocracia
Significa literalmente “el gobierno de los mejores”. Un grupo privilegiado pequeño, al cual se le atribuye una superioridad natural, ostenta el poder político y monopoliza la administración del Estado. Usualmente son los nobles los que se auto-definen como “los mejores”. El origen de la aristocracia es mayormente militar (casta guerrera) pero se perpetúa mediante el poder económico y el prestigio social que este confiere. En espacios donde la aristocracia conforma la clase económica dominante es difícil distinguirla de la plutocracia.

Oligarquía y Plutocracia
Significa literalmente “el gobierno de los pocos”. Nos referimos a oligarquías y plutocracias cuando el poder del Estado está en manos de sectores privilegiados que se auto perpetúan por medio de familias y grupos incorporados. Cuando los ‘pocos’ gobiernan basándose en el abolengo se usa el concepto de ”aristocracia”. ”Plutocracia”, en cambio, se utiliza para referirse a los que basan su dominio en la riqueza. Mientras el primero pri­vilegia el criterio de clase social, el segundo encumbra el poder económico. Algunas veces se usan “oligarquía” y “plutocracia” como sinónimos para referirse al gobierno de los ricos. Aristóteles usaba el término “aristocracia” para referirse a los pocos que gobiernan para el beneficio de todos, de la comunidad, y ”oligarquía” para referirse a los pocos que gobiernan para si mismos.

Tiranía
Regímenes tiránicos o dic­tatoriales son aquellos donde no se reconoce límite alguno al poder del gobernante; ni siquiera el de su propio código legal. Al igual que en la monarquía clásica, gobierno y Estado se funden en un solo ente de poder político y simbólico. A diferencia de la monarquía absoluta, sin embargo, la tiranía no requiere legitimación más allá de la vo­luntad de un líder de ejercer el poder por medio de la fuerza. La única justificación es que las cir­cunstancias así lo requieran. Las dictaduras no tienen base legal (usualmente irrumpen como una usurpación extralegal); su única base moral es la autovaloración y su único límite real es la voluntad del dictador o tirano.

El marco teórico que sustenta este tipo de régimen es la noción de que solo la autoridad basada en la fuerza es capaz de actuar en beneficio de la sociedad, sobre todo en tiempos de tensión entre sectores internos o de amenazas del exterior.

Hay que distinguir entre los regímenes dictatoriales y los totalitarios. El concepto moderno de derechos humanos implica que hay áreas de la conducta de los ciudadanos que se consideran como privadas y sobre las cuales el Estado no puede legítimamente intervenir mediante legislación o acción impositiva. Por ejemplo, la preferencia religiosa o partidista son asuntos privados y el Estado no está, en un régimen dictato­rial, capacitado para interferir en ellas de forma legítima, cuando lo hace incurre en un abuso de poder. El Estado totalitario, sin embargo, no reconoce limita­ciones a las áreas de intervención del Estado y pretende gobernar sobre la totalidad de la vida de los ciudadanos, incluyendo el ámbito de lo privado. En ese sentido es peor que un gobierno dictatorial.

Democracia
Hay que distinguir entre la democracia antigua y la mo­derna. En la antigüedad la de­mocracia se concebía como un régimen de participación directa donde los ciudadanos, reunidos en asambleas, aprobaban y des­aprobaban los proyectos de ley y participaban en las decisiones colectivas. En el mundo moderno existe un concepto distinto de democracia. En las sociedades de hoy, más extensas y complejas que las antiguas, no es posible instrumentar la democracia directa. En su lugar tenemos lo que se llama democracia representativa donde los repre­sentantes del pueblo son los que gobiernan. Además, a partir de las revoluciones estadounidense y francesa, el mundo moderno ha reconocido unos derechos universales del ciudadano que no se concebían en la antigüedad. El reconocimiento de derechos hu­manos, según codificados en la ley, impone limitaciones a la acción gubernamental, protegiendo la privacidad de los ciudadanos. También se ha reconocido el derecho de todo ciudadano a manifestar opiniones y perseguir intereses minoritarios. La demo­cracia moderna ha creado ade­más, mecanismos de separación de poderes gubernamentales mediante instituciones autóno­mas ejecutivas (administrativas), legislativas y judiciales.

El régimen democrático mo­derno utiliza el sistema electoral para la sucesión de poder. Los detalles estructurales varían en cada país pero en general se dividen en dos grandes sistemas: el parlamentario, que privilegia la institución del parlamento sobre el ejecutivo; y el presidencial, que hace lo contrario. Estados Unidos y Puerto Rico son ejemplos de sistemas presidenciales, mien­tras que el Reino Unido y España adoptaron el parlamentario.

Las instituciones democráticas están dirigidas a evitar la concentración de poder, lo cual resulta a veces en gobiernos menos eficientes de lo que se que­rría; pero esto se justifica como el precio que hay que pagar para poder reducir el autoritarismo del Estado.

República
La república es un régimen mixto que conforma elementos de monarquía, aristocracia y de­mocracia. Incorpora un ejecutivo poderoso (elemento monárquico), que no es absoluto, cuyo poder esta limitado por una rama legislativa representativa del pueblo (elemento democrático, junto a la nobleza (ciudadanos más distinguidos o aristocracia). En la antigüedad, la República se propuso como un régimen que podía crear un balancea funcional entre la monarquía, la aristocra­cia y la democracia, combinando en un sistema lo mejor de las tres formas. En las repúblicas contemporáneas el elemento aristocrático ha desaparecido formalmente.

Arreglos económicos y sociales que implican distribu­ciones de poder: Aparte de los regímenes que hemos descrito brevemente, han existido y existen arreglos económicos y sociales que aunque no sean regímenes en el sentido técnico de la palabra, si han atravesado los sistemas políticos de muchas sociedades.

Feudalismo
El feudalismo no es estricta­mente un régimen político sino un arreglo contractual que define relaciones económicas, sociales y personales que se asocia his­tóricamente con las monarquías premodernas. El sistema político feudal se funda en relaciones o contratos personales de vasallaje, bajo el cual una persona se subordina a otra, a un señor (la persona se avasalla), obligándose a ofrecerle servicios y tributos a cambio de protección física y bienestar. Los señores a su vez se avasallan entre sí, creando una pirámide de personas y territorios inde­pendientes, ligados únicamente por los convenios de vasallaje, en la cúspide del cual puede haber un monarca. No hay traspaso de territorios ni, en teoría, de funciones administrativas, y las obligaciones contraídas obligan a ambas partes en perpetuidad, es decir, a las sucesivas gene­raciones.

El peor crimen que se pueda cometer en el sistema feudal, según la tradición política y los valores religiosos que la susten­tan, es violar las obligaciones de vasallaje. Guillermo el Conquis­tador, Duque de Normandía, por ejemplo, justificó su invasión de Inglaterra en 1066 D.C., acu­sando al entonces Rey Haroldo de haber violado su juramento de fidelidad a Guillermo, lo cual consideró como una trasgresión moral y espiritual, más que política.

Como el feudalismo impli­ca fuertes lazos de lealtad y de cumplimiento contractual, contribuye a la perpetuación de vínculos personales muy fuertes. Este es el caso de los ”arrimados’ en el Puerto Rico agrario hasta mediados del siglo XX. En el mundo de la hacienda rural se establecían entendimientos de carácter feudal basados en el peso moral de obligaciones con­tractuales. Sobre esta institución de lazos paternalistas de de­pendencia, material y espiritual, se consolidaron las relaciones señoriales de la ruralía.

Capitalismo
El capitalismo no es un sistema o régimen político sino un sistema económico basado en la posesión privada de los medios de producción y distribución, que ha sido compatible históricamente con varios regímenes políticos. En algunos contextos se habla del capitalismo como sinóni­mo de la democracia. Esto es históricamente incorrecto y conceptualmente equivocado. Es cierto que la democracia representativa liberal se ha asociado históricamente más con el capitalismo que con nin­gún otro sistema económico, pero también es cierto que ha habido una multiplicidad de re­gímenes autoritarios, dictato­riales y hasta totalitarios cuyas economías han sido capitalis­tas. El capitalismo, por nece­sidad de su dinámica interna, tiende a generar desigualdades de ingreso, de clase, y estas desigualdades tienen el efecto de crear tensiones sociales que pueden llegar a ser explosivas. La democracia, por otra parte, está predicada sobre el con­cepto de igualdad ciudadana y las desigualdades que produce el sistema capitalista merma en la práctica su efectividad al privilegiar a los ciudadanos con más recursos sobre los menos afortunados. La democracia liberal, asociada con el Estado Benefactor, trata de utilizar al Estado para mediar este con­flicto y atenuar los efectos de la desigualdad.

Comunismo
El comunismo no es un régimen político sino un sistema económico basado en la po­sesión colectiva de los medios de producción y distribución. Teóricamente es compatible con la democracia por su énfasis en la igualdad ciudadana en términos económicos y en valores como la solidaridad y la participación, pero históricamente se ha asociado con regímenes dictatoriales o totalita­rios, con la excepción del caso de Chile bajo Allende que fue un gobierno de corta duración.

Estado de Derecho y Estado de Excepción
El concepto de Estado de Derecho es una invención moderna que busca eliminar la práctica estatal de otorgarle privilegios a sectores sociales y personas sobre el resto de la población. Según queda usualmente co­dificado en las Leyes Orgánicas (Constituciones), todos los ciudadanos e instituciones, incluyendo el gobierno, son iguales ante la Ley: todos tienen los mismos derechos, los cuales se consideran naturales. Sobre este principio laico de igualdad ante la Ley es que los sistemas democráticos erigen las normas que atañen a los sistemas de representación (parlamentos), al sufragio universal como sistema de sucesión política y a la admi­nistración de la justicia.

El Estado de Excepción, en cambio, es una visión autoritaria del Estado que rechaza los pos­tulados de igualdad ante la Ley; es decir, el Estado del Derecho. Se fundamenta en la noción de que la función principal del Esta­do es resolver los conflictos que surgen de la enemistad natural entre los diferentes sectores que componen la polis. El campo po­lítico, por lo tanto, no es más que la lucha de poder entre amigos y enemigos y para resolver esos conflictos no se puede depender de la ley ni del diálogo. Según esta visión para resolver diferen­cias el Estado tiene que intervenir decididamente, mediante el uso del poder, que incluye la fuerza cuando sea necesario, aunque para ello haya que violar la Ley. En otras palabras, si el Estado estuviera obligado a cumplir la Ley en toda circunstancia, tal y como se estipula en el Estado de Derecho, este no podría cumplir con su función estabilizadora y de protección de la comunidad.

Para la normativa autoritaria del Estado de Excepción, la razón por la cual el Estado monopoliza el uso de la fuerza, de la violen­cia, es precisamente porque esta constituye el único ente capaz de imponer soluciones a los con­flictos internos. Lo mismo aplica a conflictos con el exterior; sólo el Estado tiene la capacidad de hacer la guerra cuando sea necesario para defender los intereses de la polis. El término en inglés de Marshal Law y en español Estado de Sitio, definen y a la vez legitiman la práctica estatal de poner en suspenso el siste­ma legal, cuando circunstancias extraordinarias ameritan que el gobierno utilice la violencia por el bien común.

En otras palabras, la teoría que privilegia el Estado de Excepción rechaza los principios del Estado de Derecho porque con­cluye que el Estado, en virtud de ser la autoridad constituida, debe retener la prerrogativa de actuar al margen de la Ley cuando las circunstancias así lo ameriten. Su poder real se constituye sobre el monopolio de la violencia.

En la actualidad no hay regí­menes que se designen a si mis­mos como Estados de Excepción, pero al mismo tiempo no hay Estado de Derecho que no este atravesado por lastres autoritarios, contradictorios, que provie­nen de tradiciones culturales muy profundas. Para que un Estado opere como Estado de Derecho, en otras palabras, no basta con su constitución normativa; es necesario una práctica cotidiana que valide las disposiciones de ley. Por eso Octavio Paz, el pen­sador mexicano, observó en una ocasión que la democracia no se legisla. Para que se pueda dar, tiene que penetrar la cultura po­lítica al grado de que se convierta en una norma compartida y una práctica habitual.

Las críticas más fuertes al es­tado democrático hoy, provienen precisamente de los defensores del las prácticas de excepción.

Otro problema que se refiere al funcionamiento del gobierno y que ha creado discrepancias durante muchísimo tiempo, se refiere a la relación entre el gobierno y la economía. Las funciones de toda economía son producir y distribuir bienes y ser­vicios. Si una economía produce mucho y lo hace bien, decimos que es eficiente; si distribuye equitativamente, decimos que es justa.

En el capitalismo los medios de producción están en manos privadas (corporaciones que poseen las grandes fábricas) y el mecanismo distributivo es el mercado. Las personas que favorecen al capitalismo como sistema económico se dividen en dos grupos: capitalistas clásicos y capitalistas reformados. Los ca­pitalistas clásicos (que en Estados Unidos se llaman ”conservadores” o ”neo-liberales”) piensan que el sistema capitalista, abandona­do a sus propios mecanismos (sin intervención del gobierno), produce más y distribuye mejor que ningún otro sistema. Estas personas opinan que en la medi­da en que el gobierno interviene en la economía para influenciar que se produce o a que precio se vende, la economía se torna más ineficiente (Ver Consenso de Washington, pagina 55).

Los capitalistas reformados (que en Estados Unidos se llaman ”liberales”), influidos por la crisis económica de los años 1920-1930, llamada ”La Gran Depresión”, argumentan que aunque el sistema capitalista produce más y distribuye mejor que ningún otro sistema, se requiere la intervención del Estado para reglamentar el mercado, limitar abusos, reducir las inflaciones y depresiones y para garantizar que los ciudadanos cuentan con suficientes recursos para mantener el consumo a un nivel que facilite el buen funcionamiento del sistema. Como el capitalismo reformado ha sido la interpre­tación favorecida por muchas décadas, el gobierno asume la responsabilidad de asegurar que el sistema económico funcione bien y que no surjan excesos de pobreza en la población, que interfieran con los niveles de consumo que deben existir para que el sistema funcione.

Como resultado, sectores amplios de la población se han acostumbrado a recibir beneficios económicos del gobierno, res­ponsabilizándolo por su bienestar económico individual y familiar. Más allá de las funciones tradi­cionales de mantener el orden y ofrecer servicios, hoy se espera y se exige que el gobierno asuma el mantenimiento del sistema de salud pública, educación, de se­guridad social y de ayuda directa e indirecta a los sectores sociales ”desventajados”. Estas políticas públicas, que en conjunto se lla­man ”Estado benefactor”, se han desarrollado ampliamente en Es­tados Unidos y sus territorios to­cando muy de cerca la vida de los puertorriqueños y, por lo tanto, nuestras actitudes de dependen­cia ante la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

No todos están de acuerdo con la idea de que el capitalismo es el mejor sistema económico. Los socialistas creen que aunque el capitalismo produce muchas mercancías, se trata de una producción que no está dirigida a satisfacer necesidades reales, sino las aspiraciones creadas por un complejo sistema de propa­ganda que persuade a la ciuda­danía a comprar lo que realmente no necesita. El propósito al hacerlo así, es aumento de las ganancias de quienes producen y mercadean esas mercancías. Los socialistas argumentan, ade­más, que el sistema capitalista es inherentemente explotador y que el trabajador nunca recibe una compensación apropiada a la contribución que realiza en el proceso productivo.

Los ciudadanos
Además de lo relacionado con su estructura interna y la relación entre los componen­tes del Estado, tenemos que considerar a las personas que integran el Estado. Las personas que se consideran miembros de una comunidad política con derechos de participación, son los ciudadanos. Lo que carac­teriza y define al ciudadano es su capacidad y obligación de participar en los asuntos públicos de la comunidad. Un renglón importante de esa par­ticipación, pero ciertamente no el único es el voto en elecciones y referéndos. En una democra­cia moderna la ciudadanía esta acompañada invariablemente por el reconocimiento univer­sal de una serie de derechos individuales.

Algunos de estos derechos son derechos humanos, es decir, naturales y por tanto universales. Los derechos civiles, en cambio, son aquellos que están codificados por la ley. En algunos países, los derechos civiles se extienden a todos los residentes y no únicamente a los que ostentan la ciudadanía. En términos económicos, en aquellos países donde prevalece un Estado benefactor, los derechos se extienden a recibir una multiplicidad de beneficios y servicios, especialmente los sectores de mayor necesidad económica. Cada Estado determina los requisitos para acceder a los derechos ciudadanos y el límite de los derechos civiles de los que pueda participar el ciu­dadano. De acuerdo a la norma­tiva moderna, sin embargo, los derechos humanos no pueden ser violados por ningún Estado, so pena de ser acusado de crímenes contra la humanidad.

Hay países que aceptan como ciudadanos a personas que ya son ciudadanos de otros países, creando casos de ciudadanía dual o doble ciuda­danía. Además, se han creado ciudadanías supranacionales como la de la Unión Europea, en la que una persona es si­multáneamente ciudadano de un país miembro y ciudadano de la Unión. Esto último le da derecho a la movilidad, a residir y trabajar en cualquier territorio de los Estados miembros.

Ideologías
Las estructuras de gobierno, de por sí, no proveen dirección a la política pública de un país. Para eso hace falta visión, metas, planes estratégicos y proyectos, articulados de forma coherente como un conjunto de ideas que llamamos ideología.

Las ideologías se clasifican bajo distintos criterios. En el plano económico, el capitalismo clásico como ideología política, es decir, como proyecto social, propone que los medios de producción estén en manos privadas y que las normas que rigen la actividad económica re­flejen, en primera instancia, los intereses del capital y el com­portamiento natural del merca­do. El papel principal del Estado, de acuerdo con esta ideología, es mantener orden y estabilidad en el seno de la polis para que se pueda dar el flujo libre de la actividad económica. Su visión incluye privatizar todas aquellas funciones gubernamentales que, a su juicio, la empresa privada podría prestar mejor, mientras se opone de forma ra­dical a toda política pública que pueda tener el efecto de limitar la actividad empresarial. Hoy esta ideología se designa como neo-liberal.

El capitalismo reformado, en cambio, desconfía de la ca­pacidad de los mecanismos del mercado para realizar una dis­tribución justa de bienes y ser­vicios. Si se le permite al capital actuar, sin límites, de acuerdo a sus intereses, el resultado es negativo para la sociedad. Por lo tanto, el papel del Estado, además de velar por el orden y el clima general de confiabili­dad, es reglamentar la actividad económica con el fin de limitar los excesos y la depredación, asegurando así una más justa distribución de bienes. En cier­tas circunstancias el capitalismo reformado se opone a la priva­tización de servicios públicos, por entender que esta reduce las posibilidades de servir las áreas más lejanas o empobre­cidas de la población.

Los socialistas, que des­confían aún más del capital, proponen expandir el papel del gobierno en la economía otorgándole a este la respon­sabilidad de dirigir la actividad económica general y la admi­nistración directa de los servi­cios esenciales. Si el capitalismo encumbra el valor de la plusvalía sobre las demás metas de la ac­tividad humana, los socialistas niegan la primacía de lo material sobre otros valores culturales. La combinación del capitalismo reformado y la mentalidad so­cialista consolidaron en el siglo XX la práctica de las economías mixtas, fortaleciendo al mismo tiempo la responsabilidad social del Estado. De este éxito histó­rico surge como ente dominante del siglo el concepto del Estado Benefactor, que a su vez tuvo un efecto profundo en las culturas políticas del mundo moderno.

La diferencia entre socialistas y comunistas reside en el grado de intervención del Estado en la economía. El comunismo busca que el Estado controle todos los sectores importantes de la economía en sustitución del capital privado, mientras que los socialistas abren espacios, dentro de un marco de estricta reglamentación, para que sec­tores importantes del mercado residan en manos privadas.

De cuño más reciente y, en particular a partir del desmo­ronamiento de la Unión Sovié­tica, el final de la Guerra Fría, y el advenimiento de nuevas tecnologías de transporte y comunicación, ha surgido una nueva vía ideológica que algu­nos llaman neo-liberalismo. El término remite a los orígenes de la teoría económica liberal según propuesta por Adam Smith en La riqueza de la na­ción a finales del siglo XVIII, que abogaba, anticipando la prime­ra Revolución Industrial, por que el Estado no interviniera en la actividad económica. Por otro lado, la denominación neo-con­servadora alude al retorno de la mentalidad capitalista clásica, matizada y desnacionalizada por las nuevas oportunidades de la globalización. Para estos nuevos gurus económicos, el tiempo histórico del Estado Benefactor ha concluido debido a la incapacidad de cumplir sus promesas reivindicadoras y por crear, en vez, pesadas buro­cracias gubernamentales que impiden en vez de ayudar al proceso de acumular riquezas e impartir justicia. Como el capital ya no tiene nacionali­dad, la alternativa propuesta es eliminar las intervenciones de los Estados Nacionales en sus economías, reemplazándolas por la auto-reglamentación de la economía globalizada, mediante nuevas instituciones supranacionales y normas jurídicas propias. El pensamiento neo-liberal aboga, en otras palabras, por que los intereses del capital rijan el ordenamiento político y fijen las políticas pú­blicas correspondientes.

Migración y ciudadanía
La migración como fenó­meno humano, es una de las experiencias más comunes en la historia de la humanidad a lo cual se le debe que los seres humanos hayan poblado todos los continentes del planeta.

Se reconocen comúnmente dos tipos de factores que intervienen en los procesos migratorios: las situaciones que invitan a dejar un lugar y las situaciones que atraen a otro lugar. Hay migraciones que se producen por circuns­tancias económicas: personas que experimentan escasez en un área se mudan a otra donde piensan que hay más abundancia. También hay mi­graciones a consecuencia de enfermedades, cataclismos y razones políticas.

Todas las naciones im­plantan medidas para con­trolar las inmigraciones de acuerdo a necesidades co­yunturales de sus economías. Si la población es demasiado abundante, más de lo que se requiere para mantener una economía productiva, pueden generarse altos niveles de desempleo con sus corres­pondientes exigencias sobre los recursos de asistencia social. Además, la competen­cia imprevista por las plazas de trabajo puede resultar en tensión entre grupos sociales. Cuando un país establece su política migratoria, considera no solo el no sólo el número deseable de inmigrantes, sino como se habrán de integrar a la econo­mía del país.

La inmigración de personas educadas y prósperas es siem­pre bien recibida porque con­tribuyen al desarrollo cultural, mientras que los inmigrantes pobres y sin educación son tolerados sólo si realizan tra­bajos pobremente remunera­dos que la población nativa no esta dispuesta a hacer.

En muchísimas ocasiones la migración ha producido competencia por el dominio de un territorio y sus recursos económicos. En otras ha re­presentado motivo de fricción por el intento de los recién llegados de participar de un sistema político monopoliza­do por quienes han residido en esa área por largo tiempo. Estas disputas pueden ser violentas y producir conflictos muy amargos y duraderos. Aún en países como Estados Unidos, que se considera formado por inmigrantes, los últimos en llegar han sido con frecuencia objeto de prejui­cios y discrimen, fundamentalmente motivados por la competencia por puestos de trabajo.

La democracia surgió en la antigüedad en Atenas como una respuesta a los gobiernos autoritarios que no tomaban en cuenta la opinión de los ciudadanos. Inicialmente la única característica de un gobierno democrático era la participación de los ciuda­danos libres en las decisiones colectivas de la polis.

Ser ciudadano libre es sinónimo de tener derechos reconocidos por el Estado. La aplicación de algunos de estos derechos ciudadanos o civiles, especialmente aquellos rela­cionados con las libertades de expresión, asociación y los derechos de los acusados, se ha convertido en objeto de debate público ante el fenómeno del terrorismo, por entenderse que pueden entrar en conflicto con el imperativo de la seguridad del Estado.

El terrorismo es una táctica de lucha política que busca, como su nombre sugiere, ate­rrorizar, crear miedo. Puede ser utilizado por individuos aislados u organizaciones. Se habla también de Terrorismo de Estado cuando un gobier­no, con el fin de amilanar, actúa con violencia ilegal contra segmentos de su propia población o la población de otro Estado. El abuso de poder mediante la tortura, las ejecuciones fuera de procesos judiciales, los ataques de gru­pos paramilitares, las matan­zas indiscriminadas de civiles por las fuerzas armadas y la desaparición de disidentes, son métodos asociados al Terrorismo de Estado.

En ciertas ocasiones, el terrorista que opera solo o como parte de una organización, busca cambiar una política pública en particular. En otras, tiene el propósito más abarcador de acceder al poder del Estado (cambiar el régimen). El propósito de atemorizar hace que el terro­rista, incluyendo el Terrorista de Estado, ataque indiscri­minadamente para así elevar los niveles de inseguridad en la población y forzar los cambios que se persiguen. Se usan los recursos con gran eficiencia, de modo que el impacto de cada acción supere por mucho el costo de los recursos empleados. Colocando un explosivo en el punto crucial de una estructura logra más destrucción que si usaran un explosivo mayor en otro punto. Esta necesidad de eficiencia lleva al terrorista a tratar de usar las tecnologías más avanza­das a su alcance. También se ha dado el caso de que, confrontados con un Estado tecnológicamente muy desa­rrollado, el terrorista utilice instrumentos tan sencillos y cotidianos que resulten difíciles de detectar y evadir.

Como una de las funcio­nes principales del Estado es ofrecer seguridad, el terroris­ta trata de socavar la confian­za de la población en que el régimen actual pueda cumplir esta función. Si la población concluye que el Estado no puede protegerla, la lealtad a las instituciones quedaría so­cavada y en casos extremos, el gobierno colapsa. También, por efecto del terrorismo, un gobierno puede, por temor e ineptitud, atacar a ciudadanos inocentes como si fueran enemigos, sembrando así la desconfianza y haciendo valer inadvertidamente la estrategia del terrorista.

A raíz del ataque del 11 de septiembre de 2001, el gobier­no de Estados Unidos ha defi­nido como su más alta prioridad, la prevención de ataques terroristas. Esto ha impulsado el aumento de la vigilancia policial y militar en todos los niveles, incluyendo áreas que tradicionalmente se consideran como parte de la esfera de la vida privada de los ciudadanos. El monitoreo por agendas de seguridad de conversaciones telefónicas, de transacciones financieras y de viajes domésticos y al extranjero, han sido motivo de controversia.

En estos debates públicos se han enfrentado, por una parte, los que creen que el Estado necesita mayores po­deres para ofrecer seguridad ante esta amenaza terrorista internacional y por otra, los que argumentan que la per­dida de libertad representa un deterioro de la vida de­mocrática que se pretende defender.

Raúl Cotto Serrano
Profesor de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico-Río Piedras

 

 

 

 

Autor: Proyectos FPH
Publicado: 16 de enero de 2008.

Entradas relacionadas

Este artículo también está disponible en: English

Comente

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades agradece los comentarios constructivos que los lectores de la Enciclopedia de Puerto Rico nos quieran hacer. Por supuesto, estos comentarios son de la entera responsabilidad de sus respectivos autores.