Uno de los principios fundamentales del sistema democrático moderno es que nadie, ni siquiera los administradores del Estado, es decir, ningún funcionario del Gobierno, está por encima de la ley. Todos los ciudadanos tenemos que cumplir con las leyes, normas y reglamentos aplicables en el territorio nacional. Esto quiere decir, entre otras cosas, que ningún agente de Gobierno, ni siquiera los de más jerarquía, pueden disponer de fondos públicos arbitrariamente y están obligados en todo momento a actuar de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa del Estado. Por esa razón, todos los regímenes democráticos, al menos formalmente, han establecido instituciones y procedimientos para velar para que así sea. El costo para la persona que viole las normas fiscales del Estado no es solo político, es decir, pérdida de poder, sino que incluye el encauzamiento criminal. Disponer de fondos públicos fuera de los parámetros del Estado se considera un acto de corrupción.

El proceso técnico y político que se utiliza para describir los procedimientos de supervisar la conducta fiscal de los funcionarios de Gobierno lleva el nombre de fiscalización. El término fiscalización, si embargo, tiene dos usos comunes, uno técnico procesal y otro político-retórico, por lo que se ha convertido en una de las palabras favoritas de la arena política de Puerto Rico y, por lo tanto, de uso común en los medios de comunicación.

Fiscalizar, para la ética gubernamental democrática, es una práctica imprescindible para evitar el abuso y la depredación de fondos públicos por parte de las personas y grupos políticos que controlan la administración del Estado (la clase política y las burocracias). Se parte del supuesto de que los funcionarios gubernamentales, como miembros de la clase política y la burocracia gubernamental, están expuestos a la tentación de establecer alianzas corruptas con personas y grupos privados con el fin de rapiñar el erario para su beneficio particular y que lo único que puede prevenirlo es la transparencia, la vigilancia severa y la amenaza carcelaria. Todos los Estados democráticos modernos, por lo tanto, erigen mecanismos formales profesionalizados para realizar tareas técnicas de fiscalización (investigación y análisis de acciones y transacciones) y así interpelar a los funcionarios públicos. En tiempos de España, por ejemplo, los gobernadores de Puerto Rico (como todos los funcionarios del Imperio en puestos de jerarquía) tenían que someterse a un juicio de residencia al terminar su incumbencia. Este proceso consistía en una investigación abarcadora de sus acciones administrativas, en la cual cualquier persona podía dar testimonio sobre la ejecutoria del funcionario; incluía también una comparación de los haberes de este al comenzar y al concluir su término administrativo.

La fiscalización en Puerto Rico hoy consiste, fundamentalmente, en procedimientos técnicos de análisis contables que incorporan evaluaciones formales de los criterios de autorización y que velan por que los desembolsos se hagan siguiendo las reglas aplicables. Las normas administrativas de aplicación general establecen que cada desembolso que realiza un agente público, sea directo o a través de alguna organización subsidiaria, está sujeto a un riguroso escrutinio por parte de los representantes del interés público. Estos analizan cada transacción de acuerdo a los propósitos autorizados, examinan si cumple con los requisitos establecidos y, sobre todo, si se realizó de acuerdo a los procedimientos en vigor. Esa responsabilidad está institucionalizada en organismos gubernamentales especializados, entre los cuales el más conocido es la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Además, cada unidad administrativa del Estado está obligada a mantener mecanismos internos de evaluación fiscal.

El término fiscalización (y el verbo fiscalizar) también suele usarse, desafortunadamente, para propósitos políticos: para valorar y denunciar en términos generales y, a veces específicos, por parte de la oposición partidista, las acciones de los Gobiernos de turno. Este uso popular del término desborda su significado preciso de interpelación fiscal y crea confusión en la esfera pública porque incorpora un elemento subjetivo e interpretativo a lo que en sentido estricto se supone que sea una práctica técnica y objetiva. También es común hablar de fiscalización cuando lo que se invoca son diferencias de visión de política pública, y no necesariamente de violaciones de procedimientos normativos. Esta deformación encontró eco en un pasado contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña, quien en ocasiones optó por incluir consideraciones de juicio personal y preferencias político-ideológicas en las evaluaciones oficiales de las transacciones gubernamentales. Muchos analistas de la cosa pública han expresado, correctamente, que la función fiscalizadora del contralor debe limitarse exclusivamente a examinar la honradez de la actividad fiscal del Estado y no debe incluir, en cambio, críticas de políticas públicas, juicios administrativos ni cuestionamientos de carácter ideológico disfrazados de una jerga contable.

Pero esa ambivalencia del término fiscalización lleva a otra deformación del discurso cotidiano de la clase política. En Puerto Rico se ha generalizado la noción de que la responsabilidad principal de los líderes políticos del partido de oposición es fiscalizar a la administración de turno. Se presupone aquí, que estos líderes buscan información, investigan concienzudamente y dan a conocer los errores y abusos de las personas que ostentan el poder. Para la clase política, sin embargo, fiscalizar no es eso; es un término retórico, fundamentalmente trivial, que tan solo significa criticar al adversario, principalmente a través de los medios de comunicación. En la práctica no se investiga nada, sino que se aprovechan rumores, información fragmentada, chismes y temas de fácil explotación mediática. La práctica ha llegado a tal punto de popularidad en la subcultura partidista, que los líderes son valorados por sus seguidores de acuerdo a su talento para “fiscalizar”, es decir, se encumbra al que con más frecuencia y contundencia “le da leña” a los adversarios. En el código partidista, por lo tanto, fiscalizar es lo mismo que “darle duro al otro”, al enemigo que está en el poder y que por ser del otro partido “lo hace todo mal”. Esta acepción desafortunada del término ha penetrado a tal grado la dinámica interna de los dos partidos políticos principales (Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista), que los líderes (y aspirantes a líderes) no cesan de posicionarse ante sus adeptos como grandes “fiscalizadores”, sin que necesariamente medie la voluntad de contribuir, con el ejemplo y no solo con retórica, a la pulcritud de la cosa pública.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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