En el seno de los Estados constitucionales nacionales, donde se valora la participación política de los ciudadanos y no solo de sus representantes electos, existe la tradición de organizar movilizaciones encaminadas a introducir reformas de políticas públicas. Bajo el supuesto de que no hay esquemas políticos perfectos, que las políticas públicas fracasan con frecuencia, aun las bien intencionadas, y que los administradores de turno cometen errores de acción y omisión continuamente, el ethos democrático valora la idea de un dinámico espíritu activista en la esfera pública dirigida a reformar la cosa pública. En ocasiones esas reformas pueden ser adelantadas por el liderato político y otras veces puede tener un origen de base.

En la actualidad, uno de los retos reformistas más urgentes en Puerto Rico tiene que ver con las prácticas de financiamiento de las campañas electorales. Actualmente el financiamiento de los partidos proviene de individuos, grupos, corporaciones privadas y el Estado (este último mediante el Fondo Electoral Estatal). El reto radica en la necesidad de eliminar la práctica de los “inversionistas políticos”, es decir, evitar la corrupción explícita en las aportaciones privadas, las cuales se hacen con el propósito de “comprar” favores y comprometer las políticas públicas. Las leyes vigentes son laxas y los partidos en Puerto Rico —al igual que en Estados Unidos— ingenian esquemas continuamente para circundar con impunidad las leyes que limitan las contribuciones de campaña.

Es lamentable que en el año 2011, el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya decidido eliminar todas las restricciones de contribuciones a las campañas políticas que hasta entonces aplicaban al mundo corporativo del país. Bajo la débil racionalización de que ponerles límites a las aportaciones de los fondos de las campañas a las empresas representaba una violación del derecho a la libre expresión, el Tribunal ha legalizado una práctica de cabildeo basada en la compra de lealtades. Muchos observadores políticos en Estados Unidos han lamentado esa decisión.

Un tema del calendario político local puertorriqueño, íntimamente ligado al tema del financiamiento privado, es el interés demostrado para eliminar el fondo electoral estatal y dejar las campañas en manos de la habilidad que tenga cada partido para recaudar fondos privados. La eliminación de este fondo, obviamente, favorece a los partidos que representan más adecuadamente a los intereses corporativos y perjudica a todo movimiento que no esté dispuesto a “vender” influencias al mundo empresarial. El debate público sobre este tema debe incluir la posibilidad de limitar el costo y la duración de las campañas electorales. También cabe preguntar si debemos incorporar la opción de la unicameralidad o al menos la posibilidad de reducir el número de legisladores, limitando también los fondos disponibles para prebendas personales y de patronato político, los llamados “barriles” y “barrilitos”.

El tercer reto es erigir un clima de relación interpartidista con miras a concertar alianzas o coaliciones con el fin de aprobar leyes, hacer nombramientos basados en el mérito en lugar de la lealtad partidista, adecentar la conducta de la clase política y encaminar un proceso serio y consensuado de autodeterminación para Puerto Rico. En cuanto a alianzas y coaliciones, es importante reconocer que mientras más concentrado está el poder, más reducido es el espacio público para dirimir controversias y proponer soluciones. No obstante, la historia demuestra que no es difícil concertar alianzas y coaliciones, inclusive entre sectores ideológicos radicalmente opuestos.

En Puerto Rico, a pesar de la alta polarización política, se han dado alianzas y coaliciones efectivas, como fueron los casos del movimiento Paz para Vieques, el Comité Contra la Pena de Muerte, y las marchas y protestas masivas convocadas por diferentes grupos sociales, ONGs y uniones obreras. Estas manifestaciones conforman ejemplos de participación ciudadana que trascienden los límites de las preferencias partidistas. No obstante, es imprescindible reconocer que mientras más fundamentalistas sean los partidos en cuanto a sus postulados ideológicos, más difícil se les hace concertar alianzas y coaliciones. En general, los acuerdos políticos requieren una fuerte motivación de cooperación y madurez política, además de una cultura democrática respetuosa de las diferencias y sujeta a principios éticos de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

Un cuarto reto tiene que ver con la interpelación ciudadana de la acción del Gobierno de turno. El hábito de confiar en un líder como un acto de fe no es parte de la lógica democrática. Ante unos medios de comunicación trivializados y comprometidos con el status quo; es decir, con las estructuras de poder existentes, la sociedad civil enfrenta el reto extraordinario de organizar mecanismos efectivos de activismo comunitario y de erigir una esfera pública vigorosa que no esté sujeta a los chantajes de los partidos, el clientelismo y el atavismo autocrático.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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