El sistema judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) incorpora cuatro unidades fundamentales. El Tribunal Supremo, presidido por un juez presidente; el Tribunal de Apelaciones; el Tribunal de Primera Instancia y la Oficina de Administración de los Tribunales. De estos, solo el Tribunal Supremo, al cual se le otorga la mayor jerarquía, está ordenado en la Constitución del ELA; los otros tribunales inferiores, según el artículo 5, sección 1 de la Constitución, son designados por la Asamblea Legislativa con la aprobación del gobernador. La Legislatura, por lo tanto, tiene la autoridad para crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinar su competencia y jurisdicción. El Tribunal Supremo, en otras palabras, es el tribunal de última instancia en Puerto Rico y esta función institucional no puede ser alterada por la Asamblea Legislativa.

La cuarta unidad del sistema judicial es la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la cual es dirigida por el juez presidente del Tribunal Supremo. La Constitución le otorga a este la responsabilidad exclusiva de administrar la Rama Judicial. Del mismo modo que el presidente de cada Cámara Legislativa dirige su respectivo cuerpo y el gobernador dirige la Rama Ejecutiva, el presidente del Supremo tiene la responsabilidad indelegable de dirigir la administración de los tribunales, para lo cual nombra a un director administrativo “quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”.

Los jueces de las tres instancias judiciales, incluyendo el Supremo y su presidente, son nombrados por el gobernador con el “consejo y consentimiento” del Senado. Mientras los términos de los jueces del Supremo son vitalicios hasta la edad del retiro (mientras observen buena conducta en el desempeño de sus cargos), los términos de los otros jueces son fijados por ley. La edad obligatoria para el retiro de todos los jueces del sistema judicial es de 70 años.

Regiones judiciales

Los tribunales de Primera Instancia están actualmente divididos en dos niveles: superior y municipal; y trece regiones judiciales: San Juan, Carolina, Bayamón, Fajardo, Humacao, Caguas, Guayama, Aibonito, Ponce, Utuado, Arecibo, Aguadilla y Mayagüez. Cada una de ellas organiza la actividad judicial en su región, tanto en las áreas de lo civil como de lo criminal, provee una base administrativa y mantiene unidades de apoyo directo a la función judicial.

Tribunal Apelativo

El Tribunal Apelativo, de más reciente creación, constituye el nivel jerárquico intermedio entre el Supremo y los tribunales de Primera Instancia. Es importante destacar que aunque cada tribunal incorpora funciones administrativas (el Apelativo y cada región tiene un juez administrador y un juez administrador auxiliar), la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) —bajo la supervisión directa e indelegable del Juez Presidente—, es la unidad primaria responsable de la coordinación y buen funcionamiento del Sistema Judicial. Tanto para el ordenamiento de las democracias modernas como para la ética liberal que lo legitima, la Rama Judicial es el vehículo primario con que cuenta el ciudadano para validar sus derechos humanos. El principio de separación de poderes gubernamentales adquiere una dimensión particularmente valiosa cuando existe una judicatura independiente de las estructuras de poder y cuando esta es capaz de actuar de forma autónoma ante la depredación de los poderosos y los abusos del poder.

Organigrama del Tribunal Supremo de Puerto Rico:

 

 
Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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