Después de la Revolución americana de 1776, y el nacimiento de los Estados Unidos como república independiente, la política exterior de ese país estuvo marcada por dos tendencias fundamentales; aislacionismo y neutralidad. De estas experiencias tempranas emergió la política exterior de la nueva nación, plasmada en la doctrina Monroe de 1823. Esta era una política exterior claramente anexionista, y de un anexionismo clasificado como “de doble vía”: basada, por un lado, en la no intervención en asuntos europeos y, por otro lado, en la cero tolerancia a nuevas incursiones coloniales de países europeos en el continente americano. Más aún, durante la primera mitad del siglo XIX, la nueva nación estaba ocupada atendiendo otras prioridades nacionales de su política expansionista: la compra de Luisiana en 1803, de Florida 1819, y la anexión de territorios mexicanos después de 1848, bajo el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Las intervenciones de la nueva nación en América Latina y el Caribe se vieron reducidas al mínimo.

El giro de esta actitud de aislacionismo y neutralidad, al menos en lo que a la región del Caribe respecta, ocurrió en 1898, con la Guerra hispano cubana americana. Estados Unidos ganó la guerra, y obtuvo como botín de guerra las islas de Cuba y Puerto Rico. Con la llegada del siglo XX, el interés de Estados Unidos se vio acrecentado por los intereses económicos crecientes en la región, incluidos la defensa del canal de Panamá, inaugurado en 1914. Los Estados Unidos, en un intento por controlar la región y por prevenir la influencia extranjera o del comunismo, decidieron aplicar una solución militar a la defensa de sus intereses y de los intereses de las empresas norteamericanas en la región. La nueva política implantada por el presidente Teodoro Roosevelt, conocida como big stick diplomacy, implicó numerosas intervenciones y ocupaciones militares en la zona. Entre 1898 y 1934, el ejército de los EE. UU. ocupó militarmente media decena de países de la zona del Caribe: Panamá (1846), Honduras (1912), Nicaragua (de 1912 a 1933), México (1914, y luego de 1916 a 1917), Haití (1915 a 1934) y la República Dominicana (de 1916 a 1924). Además, el periodo incursionó con las llamadas guerras de las bananas (Banana Wars), durante 1934-1935, guerras que buscaba proteger los intereses de la United Fruit Company, que tenía importantes operaciones de azúcar, banana y café en toda la región.

Uno de los problemas centrales de la región era su inestabilidad política, la cual respondía al patrón de explotación de la clase trabajadora, que en el Caribe insular estaba mayormente compuesta de cortadores de la caña, y que convertía la zona en un hervidero de movimientos obreros. Los problemas con los obreros de la caña se dejaron sentir con fuerza a principios del siglo XX. La competencia con las plantaciones de azúcar del sur de los Estados Unido, así como el descubrimiento del azúcar de remolacha en Europa, y la llegada de la Gran Depresión del 1929, pusieron en crisis al mercado del azúcar de caña, con consecuencias catastróficas para las economías de la región caribeña, y particularmente para la clase trabajadora. Por tanto, en las primeras décadas del siglo XX, las economías caribeñas registraron los sueldos de los trabajadores más bajos de su historia, y miles de cortadores de caña y trabajadores agrícolas quedaron desplazados y desempleados. Sin ninguna fuente de trabajo alternativa que pudiera absorber una mano de obra no especializada y altamente empobrecida, las revueltas de los trabajadores se hicieron sentir por toda la región caribeña y centroamericana, y comenzaron a emerger líderes sindicales carismáticos, actuando en ocasiones bajo la bandera del nacionalismo o del antiamericanismo, o de la lucha de los negros. Surgieron líderes como Augusto César Sandino en Nicaragua, Pedro Albizu Campos en Puerto Rico o Tubal Uriah “Buzz” Butler en Trinidad y Tobago, por mencionar solo los más conocidos.

El campo estaba minado para una revolución comunista, que tardaría hasta después del fin de la Segunda Guerra Mundial en llegar: la Revolución cubana de 1959. La persistencia prolongada del Gobierno comunista en la isla de Cuba tuvo como efecto que la zona caribeña se transformara, en los años posteriores a la Revolución, en el campo de experimentación en el que se dirimirían los grandes debates ideológicos/económicos entre la izquierda y la derecha, o el socialismo y el capitalismo. Con la presencia en el espacio tan reducido de Puerto Rico y Cuba –el primero, un territorio no incorporado de los EE. UU., el país más capitalista del mundo; el último, el país con mayor intervención del Estado en asuntos económicos del mundo-, resultaba casi inevitable que la lucha ideológica se extendiera a lo largo y ancho de toda la región caribeña, y hasta el presente.

Los EE. UU., en respuesta a la Revolución cubana, decidió adoptar un giro en su política exterior hacia lo que se conoce como el dollar diplomacy. No tardaron en implementar proyectos de modernización dirigidos a adaptar las economías caribeñas a los nuevos mercados laborales, como lo fue la Operación Manos a la Obra en la isla de Puerto Rico. Se trató de un intento por efectuar una transición de una economía basada en la agricultura, a una basada en la manufactura, o en industrias como la aguja, atuneras, farmacéuticas e industrias de tecnología, con el fin de dar empleo a esa población obrera desempleada y susceptible a rebelarse.

Aun así, la década del setenta evidenció un resurgimiento de la ideología marxista-comunista en la región centroamericana y caribeña, así como el surgimiento de líderes procubanos en el Caribe y Centroamérica: Michael Manley y Edward Seaga in Jamaica, Maurice Bishop in Granada, pero más importante aún, el triunfo de la Revolución sandinista de Nicaragua en 1979, y el subsiguiente surgimiento del grupo guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en la vecina El Salvador a principios de la década del ochenta. Los EE. UU. mantenían un interés en contrarrestar la influencia cubano-soviética en la región, pero solo en ocasiones extremas utilizaron medios militares para alcanzar ese objetivo. Se adoptaron, por tanto, medidas económicas para combatir la pobreza y el desempleo, y como mecanismo de persuasión de su política antisoviética.

Es en el contexto de esta lucha ideológica que los Estados Unidos creó iniciativas como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Initiative , CBI por sus siglas en inglés) en 1983, o el ALCA (área de Libre Comercio de las Américas, o Free Trade Area of the Americas, FTAA por sus siglas en inglés) en 2010. Es decir, la creación de una zona de libre comercio con beneficios arancelarios que equiparan con los alcanzados por México y Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC), y que ha tenido un impacto sobre el desarrollo de la economía en al menos 24 países de la región caribeña.

La CBI es el nombre que se le da a una colectividad de legislación norteamericana que permite la creación de un tratado de comercio preferencial a naciones centroamericanas y caribeñas, con el interés de mejorar la situación de pobreza de esa región y, como consecuencia, combatir el comunismo en la zona. Las legislaciones especificas incluyen el Caribbean Basin Economic Recovery Act of 1983 (CBERA), el Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act of 1990 (comúnmente conocido como el Expansion Act), el Caribbean Basin Trade Partnership Act of 2000 (CBTPA), el Trade Act of 2002, el Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2006 (HOPE) y el Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act of 2008 (HOPE II).

Los eventos históricos detrás de la firma de CBERA en 1983 estaban ligados, de forma más remota, al triunfo de la Revolución cubana en 1959, y de forma más reciente, a la creciente influencia de la ideología marxista-comunista en la región centroamericana y caribeña, así como al surgimiento de líderes procubanos en el Caribe y Centroamérica durante la década del setenta. A pesar del hecho de que para la época en que se firmaba CBERA, en 1983, los EE. UU. estaban simultáneamente financiando un movimiento guerrillero contra-revolucionario conocido como los contra para hacer frente a la Revolución sandinista, así como invadiendo la isla de Granada en la Operación Furia Urgente, existía un reconocimiento implícito de parte del Gobierno de Estados Unidos de que ningún Congreso aprobaría una intervención militar directa de envergadura en la región del Caribe o Centroamérica con el objetivo de derrocar un gobierno comunista, al menos en ese momento de la historia. Esto fue así, en parte, porque una intervención directa significaría un cambio radical en la política del buen vecino que EE. UU. había aplicado a toda América Latina desde la década del treinta, y en parte porque el efecto conocido como “el síndrome de Vietnam” hubiera hecho que cualquier acción militar fuera vista como altamente impopular en los ojos de los electores norteamericanos. Por tanto, el CBI es una iniciativa diseñada en su origen con la intención de combatir la influencia de Cuba y Rusia en la región por medios que no fueran militares.

Al momento de creación de CBERA, 27 naciones y territorios fueron designados como potenciales “países miembros”: Anguila, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, las Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves (St. Kitts and Nevis), Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y las islas Turcas y Caicos. Para que estas naciones pudieran acceder a los beneficios de CBERA, tenían que satisfacer ciertas condiciones: países con gobiernos comunistas, tanto en apariencia como de facto, o países donde se habían expropiado propiedades pertenecientes a los EE. UU. o a corporaciones norteamericanas, quedaron excluidos como beneficiarios potenciales. Para 1984 (un año después de la creación original de CBERA), veinte países habían solicitado membresía como país beneficiario al CBI. Para el 2000, el número de miembros había ascendido a 24. Anguila, las Islas Caimán, Surinam y las islas Turcas y Caicos nunca han solicitado membresía. Con la implementación del CAFTA-DR en 2004, el número de miembros se redujo a 18.

Los Estados Unidos también ejercen una influencia importante en la región como mercado de exportación, y constituye el mayor importador de productos del Caribe —aunque bien es cierto que el porcentaje de exportaciones dirigidas hacia los Estados Unidos se ha visto reducido en los últimos años, en favor de otros compradores europeos y asiáticos—. La proporción del total de exportaciones dirigidas a EE. UU. se redujo de un 44 a un 37 por ciento durante el periodo 1990-2008, mientras que el porcentaje destinado a China aumento de 8 a 10 por ciento. Por otro lado, las exportaciones de productos norteamericanos hacia el Caribe también es significativa, y los exportadores norteamericanos también se han beneficiado de la actividad económica generada por el CBI. El total de exportaciones de productos norteamericanos a los países miembros del CBI alcanzaron la cifra de $25.1 billones en 2008, convirtiendo a la región del CBI en el decimocuarto mercado de exportaciones de Norteamérica más importantes, por encima de mercados como Australia, Suiza y Hong Kong.

En cualquier caso, y como contrapartida a las iniciativas del CBI, Cuba y Venezuela crearon iniciativas como la ALBA-PTC en 2004 (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) o Petrocaribe en 2005, ambas iniciativas dirigidas a contrarrestar la influencia de EE. UU. y del ALCA mediante políticas dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión social. Con la iniciativa de Petrocaribe se creó un acuerdo de cooperación energética entre Venezuela y 14 países de la cuenca caribeña bajo el cual Venezuela permite que los países suscritos compren hasta 185.000 barriles de petróleo por día bajo términos de financiamiento preferente.

Durante la segunda mitad del siglo veinte, los lazos entre Estados Unidos y el Caribe se vieron acrecentados por importantes movimientos migratorios, y emergieron centros y enclaves urbanos de poblaciones caribeñas en las grandes ciudades norteamericanas: puertorriqueños en Nueva York, cubanos en Miami y, posteriormente, dominicanos. Los lazos que mantienen estos inmigrantes con sus familiares en el Caribe se mantienen con fuerza, y las remesas que envían a sus familiares en el Caribe ejercen un impacto económico importante sobre la región. El país líder en recepción de remesas es Cuba, donde las remesas suponen entre 800 y 1,000 millones de dólares por año (para una economía de 18.000 millones de dólares), y proporcionan acceso a dólares a casi en 60% de la población cubana.

 

 

 

Autor: Luis Galanes
Publicado: 16 de mayo de 2012.

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