La Legislatura de Puerto Rico, según la norma democrática que le otorga al Parlamento el poder exclusivo de aprobar los presupuestos del Estado, ha asumido formalmente que esta responsabilidad va más lejos de otorgarle al Poder Ejecutivo los fondos que necesita para administrar la cosa pública. Específicamente, se ha dado a la tarea de proveer recursos a organizaciones privadas sin fines de lucro que realizan, de forma autónoma (fuera del control gubernamental), algún tipo de servicio social o actividad cultural. Estos fondos, aunque se canalizan a través de las agencias del Ejecutivo, no son discrecionales del Ejecutivo; es decir, una vez las asignaciones son aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador, las agencias gubernamentales están obligadas a desembolsar los fondos tal cual los asigna la Asamblea Legislativa.

La política pública que sustenta esta práctica de subsidiaridad estatal se basa en los principios fundamentales del estado benefactor moderno que obligan al Estado a proveer y facilitar programas sociales y culturales esenciales para el desarrollo material y espiritual del país, pero que no son comercialmente viables. Algunos de ellos son realizados por agencias estatales especializadas, como es el caso, por ejemplo, de la educación (Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico), pero se da el caso también, sobre todo en los campos de la cultura y los servicios sociales, de organizaciones privadas sin fines de lucro que se dedican a proveer servicios de particular valor social. Ejemplos conocidos son, entre otros, la Casa Protegida Julia de Burgos, los Centros Sor Isolina Ferré, los Hogares CREA y el Hospital Oncológico. En la cultura abundan también instituciones de este tipo como El Ateneo Puertorriqueño, Ballets de San Juan, Coro de Niños de San Juan y el Museo de Arte de Puerto Rico. Estas organizaciones, creadas por iniciativas privadas sin afán de lucro, han logrado tal nivel de aceptación en el país por el servicio que prestan, que el Estado se ocupa todos los años de subsidiar, parcial o totalmente, sus operaciones. (La alternativa a este sistema de subsidiaridad estatal es la llamada filantropía social, mediante la cual personas y empresas comerciales proveen fondos para sostener el funcionamiento de estas iniciativas privadas).

Al igual que en las otras funciones públicas, hay diversas formas de realizar esta labor de subsidiaridad legislativa. En Puerto Rico se han establecido principalmente tres mecanismos procesales. El primero es mediante la aprobación de leyes que específicamente les otorgan fondos recurrentes a ciertas organizaciones. Estas leyes detallan la cantidad que se le habrá de otorgar a la organización todos los años fiscales, especifican la agencia gubernamental a través de la cual se harán los desembolsos y les otorgan a esas agencias la responsabilidad de fiscalizar el uso de esos fondos públicos. Este es el caso, por ejemplo, del Museo de Arte de Ponce. El segundo escalón está compuesto por un grupo de organizaciones que aunque no tienen una ley específica para garantizar su subsidiaridad, están incluidas en una asignación global recurrente de la Legislatura, la cual, para efectos prácticos, representa una donación automática. El tercer nivel, y el más precario, son aquellas organizaciones que solicitan un donativo legislativo por el término de un año. En caso de que se quiera extender el plazo del donativo, la organización debe presentar una nueva solicitud para el próximo año fiscal. Este tercer sistema está enmarcado en la Ley de Donativos Legislativos y cada Cámara tiene su propio reglamento, el cual es fiscalizado por una comisión designada para esos propósitos. En todos los casos en que medie una asignación pública a una organización sin fines de lucro, independientemente del nivel de subsidiaridad en que se encuentren, se estipulan procedimientos rigurosos de cumplimiento de buenos manejos fiscales.

Sin embargo, el Estado no ha elaborado criterios de evaluación cualitativa de los programas subsidiados, ni las Cámaras legislativas ni las agencias del Estado que hacen los desembolsos. A la fecha, solo se pone énfasis en que los procedimientos contables eviten, mediante auditorias profesionales, el mal uso de esos fondos. Una razón principal de este defecto procesal parece estar vinculada a la práctica del patronato político. Con frecuencia, los donativos legislativos responden a iniciativas de legisladores particulares que interesan apoyar a alguna persona o grupo comunitario sin poner mucho énfasis en el valor social de sus resultados. En un sistema electoralista de sucesión de poder, estos hábitos de patronato son imprescindibles y se mezclan en lo cotidiano con programas bona fide de subsidiaridad, sin los cuales el panorama general de los servicios sociales y las actividades culturales en el país sería uno mucho más pobre de lo que es en la actualidad.

Hay países en que este sistema es particularmente extenso con profundas bases tradicionales. En el campo de la cultura, los países europeos, por ejemplo, han construido impresionantes y centenarias infraestructuras culturales, de las cuales han surgido instituciones de reconocimiento mundial: orquestas sinfónicas y compañías de baile y opera; institutos de estudio e investigación en las ciencias, las ciencias sociales y las humanidades; museos de arte, ciencias y tecnologías; congresos académicos y festivales de cine; centros de producción y discusión de ideas; ferias culturales y hasta programas vanguardistas en las artes. La educación también está plagada de iniciativas privadas sin fines de lucro, algunas de alcance internacional, que operan con algún tipo de subsidio público: programas de corta duración y eventos especiales, becas, intercambios, estudios lingüísticos, promoción cultural, etc.

En Estados Unidos, donde no está arraigada esa tradición centenaria de apoyo estatal a la cultura y la investigación y donde se suele depender más de la filantropía (contribuciones de empresas e individuos privados) que del apoyo directo del Estado, surgieron tres instituciones nacionales durante la segunda mitad del siglo pasado con la encomienda de organizar el otorgamiento de subsidios directos del Estado federal a las ciencias, las artes y las humanidades: el National Institute of Science, el National Endowment for the Arts y el National Endowment for the Humanities.

En resumen, aunque en Puerto Rico algunas agencias del Ejecutivo han adoptado programas de apoyo a organizaciones (y proyectos) de valor social y sin fines de lucro, la Legislatura, firmemente arraigada en las prácticas tradicionales del patronato político, ocupa hoy un lugar privilegiado en la estructura subsidiaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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