El Tribunal Supremo de Puerto Rico está organizado, en aras de realizar su función jurídica, como un cuerpo colegiado, un Pleno; es decir, los casos que llegan a su consideración son decididos por la mayoría de los jueces, entre los cuales el presidente del cuerpo actúa tan solo como uno entre pares. El voto del presidente al momento de adjudicar casos, en otras palabras, es igual al de los otros jueces. La Constitución es clara en cuanto a que “todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por mayoría de sus jueces” y especifica que “ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número de los jueces de que está compuesto el tribunal”.

No obstante, la Constitución le otorga al presidente del Tribunal Supremo poderes adicionales que no comparte con los otros jueces asociados, lo cual lo convierte en líder indiscutible de la Rama Judicial, de forma personal y no colegiada. El Pleno del Tribunal tiene la autoridad de adoptar reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal, y presentarlas a la consideración de la Asamblea Legislativa; también se le concede poderes para adoptar reglas para la administración de los tribunales (‘las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables al Gobierno en general”). No obstante, solo el juez presidente tiene la potestad de administrar el sistema judicial, lo cual incluye nombrar a un director administrativo, “quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado” (artículo 5, sección 7 de la Constitución).

Se ha argumentado que la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) le otorgó esos poderes administrativos al presidente del Tribunal Supremo, y no al Pleno, por considerar que la estructura colegiada, aunque sirva bien a las decisiones jurídicas, no es apropiada para el manejo eficiente de la administración pública. Por lo tanto, mientras le otorga al Pleno la autoridad de adoptar reglas y procedimientos generales, la responsabilidad administrativa es asignada únicamente al juez presidente. Este, en otras palabras, preside tanto el Tribunal Supremo como la totalidad de la Rama Judicial.

En el plano de la contienda política general entre los partidos políticos por el control de las estructuras de poder del Estado, la coyuntura de poder nombrar a uno de sus miembros al cargo de juez presidente adquiere una importancia singular, debido a la amplitud de sus poderes administrativos. Como se ha podido ver en años recientes, no basta para un partido político contar con una mayoría de los jueces del Supremo. Mientras el poder partidista sobre el nombramiento de los jueces puede consolidarse mediante la acción del Ejecutivo (gobernador) en contubernio con mayoría de la Rama Legislativa, el acceso a la estructura administrativa del Poder Judicial, para efectos del patronato partidista (y control ideológico), solo es posible a través del juez presidente. Y como el nombramiento de este es vitalicio (hasta la edad obligatoria de retiro), la Rama Judicial ha estado menos expuesta a los cambios de personal a corto plazo que usualmente acompañan la alternancia electoral. En este contexto, la particular composición de la Rama Judicial sí actúa a favor de una separación de poderes real, a pesar del continuo asedio en que se encuentra este principio democrático por parte de los partidos políticos.

El juez presidente posee también otro poder político de particular importancia. La Constitución establece que los distritos electorales senatoriales y representativos deben ser revisados cada diez años, tomando en cuenta los datos demográficos del último censo decenal oficial. Como algunos distritos pierden población y otros aumentan, el principio de equidad electoral (un ciudadano, un voto) exige que los distritos sean reconstituidos periódicamente, aunque sin alterar el número total de ellos. Para estos efectos se crea una junta de tres personas compuesta por el presidente del Tribunal Supremo (quien preside la junta) y dos miembros adicionales nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado. Esos dos miembros, según la Constitución, no pueden ser miembros del mismo partido. El propósito de esta disposición constitucional es evitar que un partido político domine los trabajos de la Junta de Redistribución Electoral y tome decisiones que favorezcan sus intereses particulares. Y así parece haber sido, hasta ahora. No es difícil de imaginar que una realineación de distritos arbitraria podría, en efecto, alterar los resultados de unas elecciones. El supuesto tras este mecanismo es que el juez presidente del Tribunal Supremo, por su prestigio personal-profesional y condición de estar fuera de las dinámicas partidistas, pueda desplegar un espíritu de equidad independiente que neutralice la tendencia natural de los partidos a aprovechar y abusar los espacios de poder.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

Entradas relacionadas

Este artículo también está disponible en: English

Comente

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades agradece los comentarios constructivos que los lectores de la Enciclopedia de Puerto Rico nos quieran hacer. Por supuesto, estos comentarios son de la entera responsabilidad de sus respectivos autores.