La ubicuidad de la democracia, su adopción universal como único orden político legítimo del mundo moderno, trasciende la enorme diversidad estructural e ideológica de la vida política del mundo del siglo XXI. No hay Gobierno hoy, independientemente de sus circunstancias, intereses, alianzas y niveles de estabilidad, que no alegue algún tipo de adscripción a los principios democráticos, al menos en el plano discursivo. En Estados Unidos, por ejemplo, no ha habido actos de intervención militar en territorios extranjeros que no hayan sido justificados como acciones en defensa de la libertad y la democracia. Ese fue el caso cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y el comandante de las fuerzas invasoras, el general Miles, declaró públicamente que el objetivo de su país era erradicar la tradición autocrática española y traer al país las virtudes de la cultura estadounidense con instituciones democráticas y libres. Aun en España, para usar otro ejemplo, donde la derecha autoritaria logró repuntar en las urnas recientemente, el discurso oficial está firmemente ubicado en la retórica del fundamentalismo democrático y el Estado de derecho. “Nosotros los demócratas” cantan con mucho aspaviento los líderes de la derecha política española y sus aliados mediáticos.

No obstante, la institución más importante de la modernidad política, la estructura principal en torno a la cual se organiza la vida política, es claramente el Estado nacional, independientemente de cómo esté constituido. El Estado reglamenta la convivencia, incluyendo la economía, crea instituciones de servicio al ciudadano, reúne y distribuye recursos, representa a la comunidad ante el resto del mundo, protege al territorio y sus habitantes, fija las reglas y los límites del ejercicio del poder, y establece relaciones comerciales, culturales, deportivas, de guerra y de paz con otras naciones. En el plano simbólico y legal, el Estado-nación constituye el principal signo de identidad. También ocupa un lugar predominante en las economías socialistas por la función que realiza en la planificación de la economía y el control de la producción. Pero hay que tener presente, a pesar del fundamentalismo capitalista respecto a la supuesta autonomía del mercado como ordenador de la actividad económica, que el Estado es igualmente imprescindible para el capitalismo. Sin el apoyo y la reglamentación económica del Estado, no podría existir el sistema económico del llamado libre mercado.

Hubo momentos, a través del siglo XX, cuando el sistema internacional (relaciones entre Estados) estuvo intervenido por dramáticos conflictos territoriales y políticos que desembocaron en actos de enorme violencia y destrucción. El más notable de ellos fue la aventura expansionista del régimen nacionalsocialista alemán (1933-1945), el cual desató una guerra mundial que causó más de cincuenta millones de muertos (la mayor parte de ellos en territorio de la Unión Soviética); culminó con la destrucción masiva de Alemania; desestabilizó el sistema de relaciones internacionales; y dejó en su paso un nivel de destrucción física y humana jamás antes visto en la historia de la humanidad. El llamado holocausto (extermino sistemático de judíos europeos por el régimen nazi), el bombardeo sistemático de poblaciones civiles alemanas por parte de las fuerzas aéreas de Inglaterra y Estados Unidos y, finalmente, el uso de bombas atómicas contra dos ciudades japonesas en el 1945, Hiroshima y Nagasaki, han pasado a ser símbolos poderosos de la insólita destrucción de la cual es capaz un Estado expansionista en la época moderna.

La respuesta inmediata a esa experiencia deshumanizante al terminar la Segunda Guerra Mundial fue erigir instituciones supranacionales que tuvieran la capacidad de arbitrar conflictos entre países con el fin de preservar la paz. Estas nuevas instituciones, además de promover la colaboración entre Estados, trabajarían para ponerles fin a las dos principales condiciones políticas y sociales causantes de los conflictos recurrentes de la modernidad: el colonialismo (el dominio sobre un territorio por parte de un Estado ajeno) y la desigualdad de niveles de vida entre las naciones más pudientes (los países desarrollados) y las menos afortunadas (Tercer Mundo). Así, en 1947 se creó la Organización de las Naciones Unidas y sus instituciones derivadas, entre las cuales destacan la UNESCO (cultura), UNICEF (educación), WHO (salud). Al terminar la guerra, también se crearon, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Tribunal Internacional de Justicia.

Al mismo tiempo, las décadas de la posguerra vieron crecer en Occidente a las instituciones del estado benefactor; un esquema institucional (e ideológico) mediante el cual el Estado expandía sus servicios directos a la sociedad y asumía la responsabilidad primaria por el bienestar de su población. La educación, la salud, la vivienda, y el trabajo son áreas de servicio gubernamental que se unieron a la tradicional responsabilidad estatal de proveer seguridad para sus ciudadanos y mantener la estabilidad social necesaria para el desarrollo económico. Más tarde, debido al desarrollo meteórico de las tecnologías de transporte, información y comunicación, se introdujo en el ámbito internacional una tendencia a globalizar la actividad económica; es decir, a desterritorializar y desnacionalizar la inversión de capital, la producción y el comercio de bienes. La llamada globalización —que es más una idea y una tendencia que una realidad consumada— desató, a su vez, una campaña multinacional con el fin de debilitar la capacidad de los Estados de reglamentar las economías e implantar normas que responden más directamente a los intereses particulares de las corporaciones del libre mercado. Al mismo tiempo, fuerzas sociales opuestas al capitalismo global han generado una extensa crítica mundial a la estructura misma del Estado nacional, la cual se percibe como cómplice del capitalismo globalizado, responsable del imperialismo moderno y causante del aumento de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Pero ni las Naciones Unidas, ni la globalización, ni los movimientos sociales contestatarios han podido, a la fecha, desplazar al Estado del centro de la vida política.

Por lo tanto, es imprescindible mirar las diversas instituciones democráticas del mundo de hoy en el particular contexto de cada Estado. Dicho de otro modo, la particular organización política de un país está determinada por la Constitución de su Estado. Lo que define el panorama internacional, no obstante el vínculo retórico con los principios democráticos, es que cada Estado exhibe características propias de acuerdo a sus circunstancias históricas, culturales y geográficas. En el mundo actual, en otras palabras, coexiste una enorme variedad de formas, instituciones, prácticas y tradiciones estatales. Hoy conviven, entre otras variaciones sistémicas, repúblicas con monarquías constitucionales, federaciones y confederaciones con Estados centralizados y regímenes parlamentarios con sistemas presidenciales. Todos, sin embargo, se adscriben a principios democráticos consensuados: Estado de derecho como garantías de libertades individuales, participación ciudadana y directa, representación parlamentaria, sometimiento a la autoridad del Estado, según esté formalmente constituido, y procedimientos para la sucesión del poder basados en la voluntad popular expresada mediante el ejercicio del sufragio universal.

Pero lo más profundo de la democracia no es el sistema electoral, el régimen de ley, las garantías de libertades ciudadanas, la representación parlamentaria o la separación de poderes, sino el reconocimiento de la autonomía del ciudadano para actuar sobre sus circunstancias, públicas y privadas; es decir, el derecho y la capacidad de la autorrealización individual. En el Estado democrático el ciudadano no tiene que someterse por ley a una autoridad social superior basada en jerarquías de clase alguna. Tan solo carga con el deber de cumplir las normas acordadas por la comunidad de la cual es parte. Estas, en democracia, son a su vez producidas y acordadas por la ciudadanía. El Estado, por su parte, está obligado a administrar esas reglas y normas, las cuales no puede alterar arbitrariamente sin el consentimiento del gobernado. En términos generales, la política pública en una democracia es fijada por la comunidad (la sociedad civil) y al Gobierno le toca administrarla.

En Puerto Rico, es común confundir Estado con Gobierno, y pensar que lo público es sinónimo de gubernamental. Pero ese no es el caso. Los Gobiernos cambian periódicamente (por eso se habla de Gobierno de turno) y su función principal es administrar las instituciones del Estado. El Estado, en cambio, es permanente. Es la unidad que nos define como país, conforma el contorno de nuestra vida política y nos representa ante el resto del mundo.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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