El hábito de otorgarles a los funcionarios del Estado la autoridad para conceder excepciones en el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos, se justifica comúnmente como una medida pragmática y razonable que le proporciona flexibilidad y eficiencia a la administración pública. Pero en la práctica constituye una deformación operacional con un efecto nocivo obvio: permite que los intereses privados establezcan vínculos estratégicos con los administradores del Estado (y la clase política en general), para conseguir excepciones convenientes para sus intereses particulares. Estos vínculos incluyen, con frecuencia, prácticas de corrupción. Si una de las funciones del Estado es reglamentar el uso de los espacios de convivencia de acuerdo al bien público, mientras se espera que todos los entes privados, grandes y pequeños, familiares y corporativos, se acojan a las normas públicas del bienestar general, la autoridad otorgada a los funcionarios para conceder excepciones a las normas y reglamentos vigentes abre la posibilidad de instrumentar acuerdos corruptos que nada tienen que ver con la razonabilidad, el pragmatismo, la flexibilidad y la eficiencia; pero sí con el privilegio de entes privados a expensas del bien público. Su efecto resulta a menudo en la depredación de los ambientes y otros recursos públicos, a la vez que socava la confianza social y contribuye a la desmoralización de la esfera pública.

Por ejemplo, hace unos años, el Comité Independiente de Ciudadanos para Investigar Transacciones Gubernamentales (Blue Ribbon Panel), creado por la gobernadora Sila Calderón para investigar casos de corrupción durante la administración anterior, descubrió que un condominio construido en Puerta de Tierra había excedido por seis pisos la altura que permiten las normas de zonificación aplicables. Pero en lugar de remediar esa falta con medidas correctivas y punitivas, la gobernadora avaló el reclamo del desarrollista al efecto de que la agencia reguladora concernida (la Administración de Reglamentos y Permisos, ARPE) le había concedido a este una excepción a las normas vigentes.

Es sabido que los intereses corporativos estimulan la proliferación de prácticas de excepción por medio del inversionismo político; es decir, de donativos de dinero a los partidos (los cuales se tornan cada vez más necesarios debido al creciente costo de las campañas electorales). También proliferan poderosas alianzas público-privadas, formales e informales donde median pagos directos por favores políticos (relación corrupta entre empresarios y funcionarios). Los casos recientes de políticos convictos, como el exsecretario de Educación Víctor Fajardo y el exlegislador Jorge de Castro Font, dan testimonio de prácticas posibilitadas por el poder discrecional de los administradores del Estado en violación de las normas y reglamentos vigentes que están supuestos a proteger el interés social.

En otras palabras, la práctica de la corrupción está fuertemente arraigada (aunque no exclusivamente) en el hábito administrativo de otorgar excepciones. Si los funcionarios no tuvieran la autoridad de conceder excepciones a sus normas y reglamentos no se les haría tan fácil ceder a la tentación de los sobornos que ofrecen los desarrollistas y otros intereses privados corporativos. Por tanto, podemos concluir que la corrupción es, en parte, un efecto directo de las prácticas de excepción que atraviesan, como una maléfica epidemia, a las estructuras del Estado de derecho. Estas se aposentan sobre un patrón atávico autoritario de nuestra cultura política, el cual se formaliza en la persistencia de las prácticas cotidianas del estado de excepción. Sin duda, esto debilita enormemente el desarrollo del capital social y la convivencia democrática. Vale recordar que la normalización de las prácticas de excepción tiene su origen en el Estado autocrático premoderno.

La única alternativa a este lastre autoritario radica en prescindir de la autoridad administrativa de normalizar la concesión de excepciones y promover, al mismo tiempo, el activismo ciudadano vigilante. En ocasiones, la observación inteligente por parte de los ciudadanos ha evitado que se otorguen excepciones para desarrollos que violan leyes y reglamentos. Un caso notable fue cuando la comunidad de Miramar evitó que el Departamento de Justicia, durante la incumbencia del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, construyera una ampliación de su sede en un vecindario residencial, en violación de la escala permitida por la reglamentación de la zona. Sin embargo, mientras los funcionarios estén autorizados a otorgar excepciones, a veces sin que haya conocimiento público, la actividad ciudadana, por más vigilante y competente que pueda ser, no es suficientemente coactiva por estar relegada a mecanismos extralegales. Un caso que aún queda por ver si se protegerá el bien público o se cederá a la presión del desarrollo es el Corredor Ecológico del Noreste: un terreno entre Luquillo y Fajardo que la comunidad puertorriqueña quiere proteger por su valor ambiental, pero que intereses desarrollistas desean utilizar para sus negocios inmobiliarios. Este es uno de los casos que han salido a relucir de las investigaciones realizadas en torno a la venta de influencias por parte del senador Jorge de Castro Font, durante la presidencia senatorial de Kenneth McClintock.

Ha habido casos en los cuales los funcionarios de turno se han negado a otorgar excepciones. Uno de ellos fue cuando el gobernador Roberto Sánchez Vilella (1965-1969) le negó a la Marina su petición de despoblar a las islas municipios de Culebra y Vieques y transferirlas al Gobierno de Estados Unidos para uso exclusivo de operaciones militares. En su decisión de no conceder esa petición, Sánchez Vilella invocó la norma constitucional del Estado Libre Asociado (ELA) al efecto de que la disolución de un municipio requiere la aprobación, por referéndum, de sus ciudadanos (artículo 6, sección 1). En otras palabras, rehusó utilizar su autoridad política y administrativa para conceder la excepción que solicitaba la Marina estadounidense bajo criterios de seguridad nacional. Debemos recordar que la normativa del estado de excepción incluye la suspensión temporal de la Constitución (incluyendo los derechos civiles) cuando el Estado, es decir, el Gobierno de turno, lo estime necesario o conveniente como una medida de urgencia. La Constitución del ELA autoriza el estado de emergencia “en casos de invasión, rebelión, epidemias o cualquier otros actos que lo provoquen” (artículo 6, sección 17).

Es evidente, por la evidencia empírica, que la convivencia democrática exige un vínculo directo entre los conceptos y prácticas del Estado de derecho y la participación directa y vigilante de los ciudadanos. El depender únicamente de la autoridad pública para que se cumpla la ley y para que prevalezca un clima de confianza en las transacciones entre grupos e individuos, aún en el caso de que se elimine el privilegio de las excepciones administrativas (lo cual no es probable), es permitir la presencia perniciosa del estado de excepción y, por lo tanto, de la corrupción.

 

 

 

Autor: Roberto Gándara Sánchez
Publicado: 11 de septiembre de 2014.

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