Los problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales y ambientales han sido de una u otra forma parte fundamental en el desarrollo de las distintas sociedades humanas a través de los tiempos. Esto debido a la irreductible relación que existe entre el estado del medio ambiente físico-natural y los seres humanos. De esta manera, los intentos de las diferentes sociedades por controlar los efectos negativos de la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y del desarrollo de la infraestructura antropogénica (en sus distintas etapas y épocas) han tenido múltiples énfasis y maneras de atenderse dependiendo el lugar, el momento histórico y el nivel de conocimiento técnico y científico disponible.

El despunte y origen contemporáneo de lo que se denomina como “movimiento ambiental” puede trazarse a la publicación del libro The Silent Spring (La primavera silenciosa) de la bióloga estadounidense Rachel Carson en 1962. Esta obra es reconocida como un punto de inflexión que inicia la actual fase o época de la lucha ambiental desde mediados del pasado siglo XX hasta el presente. El impacto que tuvo la denuncia de Carson con su investigación sobre el efecto de la contaminación ambiental producto del abuso de pesticidas y otros químicos industriales en las descargas a cuerpos de agua y emisiones a la atmósfera fue fundamental en el desarrollo de lo que se ha denominado la “década ambiental” (1970’s). Las implicaciones de este trabajo, unido a un creciente reclamo de la comunidad científica y de grupos sociales cada vez más interesados, dieron paso a la creación de legislación dirigida a proteger y conservar los recursos naturales y medioambientales, tanto en los Estados Unidos de América (EUA), así como eventualmente en la mayoría de los países del mundo. Ejemplo de ello fue la creación de la Agencia de Protección Ambiental (Environmnetal Protection Agency, EPA) en los EUA en 1970, y en Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental en 1970 y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 1971.

Este periodo coincidió con el momento en que los asuntos de carácter ambiental comenzaron a tener relevancia en Puerto Rico y a influenciar el desarrollo de política pública en la isla. Esto como resultado de la creciente contaminación y deterioro ambiental del país, producto del proceso de industrialización masiva bajo las nuevas estrategias de crecimiento económico en las décadas de los años cincuenta y sesenta conocidas genéricamente como “Operación Manos a la Obra”. Parte de los efectos de estas estrategias resultaron en una severa contaminación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos), en erosión y degradación de las áreas costeras (y con ello, el deterioro de los arrecifes de coral), deforestación masiva por los cambio en el uso de terrenos, cambios de la superficie natural-vegetal por cubiertas impermeables (asfalto y concreto) y alta densidad de desarrollo urbano descontrolado, abandono de las actividades agrícolas e incremento en condiciones respiratorias y cáncer, entre otros efectos a la salud pública.

Este patrón se repitió en la mayoría de los países de orbe, y tuvo como denominador común la era de la postguerra tras la Segunda Guerra Mundial que dio al traste con unas renovadas fuerzas del capital en la intensificación de ganancia y explotación. Más aún, en Puerto Rico tomó un giro adicional que incrementó la complejidad del asunto debido al problema colonial. De manera que, una gran cantidad de las denuncias relacionadas con el pobre o ningún manejo de los recursos medioambientales por parte de los diferentes grupos sociales ante las instituciones gubernamentales se han catalogado como una simple oposición política y, en ocasiones, como un atentado al statu quo colonial y al mejor interés del “desarrollo económico” de la isla propiamente. El alto sentido político-partidista e ideológico con relación al estatus político que permeaba (y aún existe) en el país, influenció por un amplio periodo de tiempo la perspectiva de un número significativo de personas en cuanto a los propósitos de los reclamos de los distintos grupos ambientales. No obstante, la fragilidad de los propios ecosistemas en la isla y el deterioro en la calidad de vida relacionado con la contaminación ambiental, han puesto de relieve la importancia de la planificación ambiental y la organización territorial del país, incluso como requisito para cualquier estrategia de desarrollo o crecimiento económico que se desee experimentar.
En las décadas de los años cincuenta y sesenta uno de los mayores hitos de la recién entonces lucha ambiental en el país fue protagonizada por la lucha en contra de la explotación minera de depósitos de cobre encontrados en la parte central-oeste de la isla, entre los municipios de Adjuntas, Lares y Utuado. Tal situación fue la antesala de la lucha ambiental y comunitaria que se desarrolló en la misma región a principios de la década de los años ochenta y que dio paso al desarrollo de la organización Casa Pueblo, organización no gubernamental que lideró el movimiento de oposición ciudadano a las propuestas de minería a cielo abierto que se proponían para la región. Otra situación que caracterizó la lucha ambiental lo fue el movimiento en oposición a un propuesto “superpuerto” en la isla de la Mona en la década de los años setenta (1975). Este proyecto proponía la utilización de la totalidad de la isla de Mona, que ya para ese momento había sido designada como reserva natural, principalmente como un puerto de transbordo de petróleo, proyecto que también contaría con fincas de tanques para almacenamiento, refinerías, y plantas termoeléctricas ,que servirían tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana, así como otros proyectos asociados; entre estos, una planta de desalinización del agua del mar, y un desarrollo urbano para aproximadamente 2,500 personas. La oposición a todo el concepto, debido las graves consecuencias que habría ocasionado a la biodiversidad de la Mona, así como la presión pública y científica sobre la viabilidad de tal proyecto lograron detener la propuesta.

La infraestructura física y productiva de Puerto Rico en los últimos cien años ha sido diseñada de manera tal que depende exclusivamente en la importación de hidrocarburos (petróleo, gas) para la generación de la energía requerida para su funcionamiento. Con la crisis del petróleo en los años setenta, los asuntos energéticos tomaron relevancia en todas partes del mundo y fueron eje del desarrollo de distintas políticas por parte del congreso de los EUA en las que, de una forma u otra, se vio envuelto Puerto Rico. Una de estas iniciativas fue el desarrollo de complejos de refinerías de petróleo en el área sur y sureste de Puerto Rico. El desarrollo de un complejo petroquímico en la región sur de la isla, entre los municipios de Ponce y Peñuelas denominado como Commonwealth Oil Refining Company, Inc. (CORCO), término en gran parte como un área de no logro y parte, hasta el presente, en el programa de “superfondo” de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). De aquí que las propuestas para desarrollar proyectos relacionados con la producción de energía también hayan tenido una cuota de oposición por las implicaciones ambientales que estas suponen para el limitado territorio de la isla. Uno de estos proyectos lo fue la construcción de la planta nuclear “BONUS” (Boiling Nuclear Superheater Power Station), en Rincón, la cual tuvo que ser cerrada en 1967 luego de construida y comenzado sus experimentaciones por accidentes relacionados con problemas técnicos. La limpieza de su material radioactivo y de la planta en general tomo más de 25 años y aún continúa su monitoreo ambiental.

Otro ejemplo de proyectos de generación energética controversiales fue la propuesta de la planta cogeneradora Cogentrix en Mayagüez entre finales de la década de los años ochenta y comienzos de los noventa. Este ha sido uno de los proyectos energéticos que ha generado mayor oposición en la isla y que, a la vez, movilizó a una parte sustancial de la población en oposición. A su vez, para la década de los setenta, y en esta misma región oeste del país, otra situación que produjo controversia a gran escala lo fue la disposición de material no tratado en Cabo Rojo proveniente de las compañías atuneras que operaban en el municipio de Mayagüez. Por otra parte, también relacionado a la generación de energía, otro caso de carácter ambiental de suma importancia fue la lucha de la organización no gubernamental Comunidades Unidas Contra la Contaminación (CUCCo) en Cataño, en las décadas de los años ochenta y noventa. Esta representó unas de las victorias del movimiento ambiental y comunitario más contundentes y significativas en la historia de las luchas ambientales del país.

Otro ejemplo de proyectos de generación energética controversiales lo fue la propuesta de una planta de incineración y conversión a energía en el valle agrícola del Coloso, en el municipio de Aguada, a finales de la década de los años noventa y principios de los dos mil. Actualmente (2015), se libra una intensa lucha de distintos grupos ambientales y civiles en oposición a un desarrollo similar en el municipio de Arecibo, para el cual se ha propuesto también una planta de incineración y de generación de energía que hasta el momento se perfila como un megaproyecto que impactará significativamente a los recursos hídricos, de suelo y de salud pública de la región, a parte de su cuestionable viabilidad económica. Además, algunos proyectos relacionados con la generación de energía que enfrentaron gran oposición en los últimos 15 años han sido los proyectos Gasoducto del Sur, propuesto de Peñuelas a Salinas (2005-2013) y el Gasoducto del Norte (también conocido irónicamente como “Vía Verde”) y que discurriría de Peñuelas a Arecibo y San Juan (2010-2012).

De los casos más sensibles y controvertibles que, aparte de su irreductible carácter ambiental también estuvieron revestidos de controversias político-partidistas, lo fueron las prácticas de guerra y bombardeos en las islas municipios de Culebra y Vieques por parte de la Marina de Guerra de los EUA, desde la década de los años cuarenta hasta principios de los dos mil. Otra controversia ambiental relacionada con las prácticas de las fuerzas armadas estadounidenses en la isla lo fue la experimentación del “agente naranja” en partes del Bosque Estatal del Yunque a finales de la década de los años sesenta y principios de los setenta. Este químico fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por el Ejército de los EUA durante la guerra de Vietnam, es de gran toxicidad y ha sido responsable de miles de muertes, deformaciones, cáncer y defectos congénitos.

Otras luchas de carácter ambiental a lo largo de los últimos 70 años incluyen la oposición a la construcción de hoteles en la región de Piñones en Loíza, desde los años setenta hasta el presente; la oposición a la utilización de terrenos en la isla para las siembras experimentales de productos genéticamente modificados, particularmente por la firma Monsanto; y el desarrollo y mal manejo de sistemas de relleno sanitario (SRS), como lo fue en los años noventa la propuesta de un “supervertedero” en el municipio de Salinas, así como las condiciones de los demás SRSs alrededor de la isla. Para orgullo y como símbolo de reivindicación para el movimiento ambiental puertorriqueño, tanto las luchas ambientales y comunitarias de Casa Pueblo, así como de CUCCo han sido mundialmente reconocidas e incluso galardonadas por la perseverancia en la protección del medioambiente y la justicia social. Ambas organizaciones y proyectos alternativos han sido distinguidos con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman (considerado como el Premio Nobel en el ámbito ambiental) en la categoría de Islas e Islas Naciones que otorga esta organización en el 2004 y 2008, respectivamente.
Autor: Harrison Flores Ortiz
Publicado: 23 de febrero de 2016.

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